Los partidos de la oposición anunciaron que inmovilizarán a sus representantes en el Senado y Evo Morales habló de un “golpe a la democracia”. La reforma de la ley INRA irrita a los sectores conservadores.

La coalición de derecha Poder Democrático y Social (Podemos) y el partido Unidad Nacional (UN) inmovilizarán a sus representes en el Senado boliviano hasta que el gobierno nacional revea el mecanismo de aprobación de artículos en la Asamblea Constituyente. De esta forma, las fuerzas opositoras, que juntas tienen mayoría automática en la cámara alta, refuerzan sus amenazas, y confirman que no prestarán quórum para la sanción de varios proyectos impulsados por el ejecutivo.

Entre ellos, se encuentra la modificación de la Ley del Instituto de Reforma Agraria (INRA), que ya cuenta con media sanción. De la misma forma, planean frenar la aprobación de la ley de Fiscalización de los prefectos, que motivó la clausura del diálogo entre los seis departamentos opositores al gobierno de Evo Morales, y el ejecutivo.

Con respecto al anuncio de Podemos y UN, el presidente boliviano los acusó de impulsar un “golpe a la democracia” y advirtió que esta decisión va a causar muchos daños económicos al país. Esto se debe a que, frente a la imposibilidad de sesionar de la Cámara Alta, no se podrán aprobar los recientes contratos firmados con las petroleras en el marco del plan de nacionalización de los hidrocarburos. Tampoco podrán sancionarse el presupuesto nacional, y varios créditos de suma importancia para el desarrollo de Bolivia, según explicó Evo Morales.

Asimismo, se refirió a la importancia de reforma de la ley INRA que impulsa el gobierno, dentro del plan de reforma agraria. Recordó que “de 1980 a 1990, un 10 por ciento de los bolivianos poseía cerca del 80 por ciento de las tierras cultivables, mientras el 70 por ciento de la población campesina e indígena apenas era dueña del cuatro por ciento”. En ese sentido, Evo Morales catalogó esa distribución como injusta, y confirmó que esa es la causa por la que es necesaria la creación un instrumento legal que permita la reversión y distribución equitativa de un recurso natural de cardinal importancia.

Cabe señalar que la reforma de la ley INRA, que el pasado miércoles fue aprobada en diputados, plantea la repartición comunal de tierras consideradas improductivas. Y es precisamente este punto el de mayor discordia, ya que sectores del departamento de Santa Cruz de la Sierra (donde se nuclea la derecha más recalcitrante), consideran inadecuados los tiempos planteados por el gobierno.

Concretamente, lo que se discute es la verificación de la Función Económica Social (FES), que determina si las tierras relevadas son consideradas productivas o no. Mientras que en la reforma que impulsa Evo Morales la revisión se hará cada dos años, industriales del agro y dirigentes secesionistas del departamento de Santa Cruz exigen que sea cada cinco, postura que defienden Podemos y UN.

El acérrimo rechazo a la reforma de la ley, que llevó entre otras cosas a la medida de paralizar la Cámara Alta, se debe a que los propios funcionarios de derecha son los grandes latifundistas a los que la nueva disposición planea atacar. Así lo manifestó el vocero presidencial, Alex Contreras, quien afirmó que el ejecutivo tiene pruebas de que miembros de Podemos y otros partidos tradicionales son propietarios de grandes extensiones de tierra con fines especulativos, lo cual muestra su temor de que estas sean expropiadas para beneficio de las mayorías.

Por otra parte, la oposición continúa su soberbia carrera para derrocar al gobierno de Evo Morales. Además del boicot al Senado Nacional, el dirigente de Podemos Jorge Tuto Quiroga anunció un “plan de resistencia pacífica”, en el que se incluyen denuncias contra tribunales y marchas.

Más allá de la reforma de la ley INRA, la derecha boliviana se queja de la aprobación del artículo 71 del reglamento de Asamblea Constituyente, referido al sistema de votación para la aprobación del texto constitucional. El mismo determina que todos los puntos serán aprobados por mayoría absoluta, y sólo el texto final necesitará de dos tercios de los votos de los constituyentes.

Esta metodología estaba estipulada dentro de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, que sólo exige dos tercios de los votos para el texto final. En su artículo 25º (Aprobación del texto constitucional), la disposición legal aclara que “la Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva constitución con dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en concordancia con lo establecido por el Título II de la Parte IV de la actual Constitución Política del Estado”.

La intención de Podemos y UN, con un discurso que pretende ser republicano y democrático, (aún cuando se intentan boicotear al Parlamento, la institución más representativa del Estado de Derecho) es empantanar las discusiones al interior de la Asamblea, para entorpecer cualquier punto en contra de sus intereses.

También hay que aclarar que en cualquiera de los casos, el texto final de la Constitución será sujeto a un referéndum, por el que será el pueblo de Bolivia quien tenga la última palabra.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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