Al interpretar la ley de Caducidad en términos tales que habilitan el juzgamiento de oficiales militares y policiales y sus cómplices civiles, el Poder Ejecutivo actual ha dado pasos de siete leguas en la tarea de avanzar en el camino de la verdad y la justicia. Avances notoriamente más netos y resueltos que lo que pronosticaban algunos locuaces comentaristas que, sobre el punto, se han venido llamando a silencio.

Los avances

1- El encauzamiento de Gavazzo y demás policías y militares presos desde el mes de setiembre y ahora el de Bordaberry y Juan Carlos Blanco tienen un contenido simbólico de enorme significación.

Al abrir camino para que fueran investigadas y resueltas por el Poder Judicial las violaciones a los Derechos Humanos en que estos ex jerarcas están involucrados, el gobierno ha dado pasos sustantivos en el proceso democratizador. Es un logro republicano de más significación que el atiborramiento cotidiano de ataques, presuntamente legalistas, que al estilo de la oposición venezolana, hipan y en el mejor de los casos gruñen los dirigentes de los partidos conservadores defensores de la impunidad.

Reitero, estos últimos episodios han golpeado simbólicamente algunos santuarios distinguidos de la impunidad. Pero la ley y todas sus determinaciones siguen en pie. La mayoría de las violaciones más graves siguen al amparo de la ley que declara caduca la pretensión punitiva del Estado.

La Comisión creada recientemente por un núcleo importante de organizaciones sociales y políticas, que se propone lograr la anulación de la ley, sin desconocer los avances aludidos más arriba, apunta justamente a la existencia misma de la norma poniendo de manifiesto los efectos deletéreos que produce en el conjunto de la sociedad uruguaya.

Demasiado humano

2- A través de estas líneas me propongo argumentar a favor de los objetivos que se propone la Comisión por la Anulación de la Ley de Caducidad.

¿Qué tipo de delitos son los que la Comisión pretende que sean juzgados por tribunales ordinarios?
Más de una vez oímos o leemos argumentos dónde se exponen los delitos cometidos durante la dictadura como si lo que estuviera en juego comprendiera, exclusivamente, una dimensión humana. O fuera el resultado doloroso de una circunstancia específica que deparó los padecimientos de la tortura o la pérdida de tal o cual vida humana. El hecho visto como peripecia intensa, conmovedora pero estrictamente personal.

Este desfasaje abre camino a otro que consiste en comparar distintos tipos de actos violentos. Los actos de los funcionarios de la represión por un lado. Los actos de la insurgencia armada por otro. Y esta comparación, de la maldad de un lado y la del otro, es insostenible. Es un truco mediático. Un abuso que se intenta imponer sobre la sensibilidad de personas inadvertidas.

Los hechos, reducidos a (dolorosas) vivencias personales (hasta los verdugos más implacables resultan finalmente “seres humanos”) terminan perdiendo su carácter esencial y su carácter esencial es que unos crímenes fueron cometidos por el Estado, por funcionarios uniformados, pertenecientes a la plantilla del Estado, amparados por las normas, las cartas orgánicas de los brazos armados del Estado, controlados moralmente los tribunales de honor y los códigos de conducta militar y policial del Estado. De estos crímenes se trata. Ejecutados bajo el amparo de las leyes y de los legisladores advenedizos de la época.

El Estado terrorista

3- Crímenes del Estado, disposiciones homicidas llevadas del brazo por edecanes y embajadores, viajando en las valijas diplomáticas lacradas con el escudo del Estado uruguayo.

La impunidad que ha protegido hasta ahora a Gavazzo, a Bordaberry y a Blanco es, ante todo, la impunidad de las instituciones del Estado terrorista uruguayo. La ley de caducidad que la protege, salvaguarda el pasado criminal del poder público uruguayo. O sea del poder público construido por encima y a expensas del conjunto de la sociedad uruguaya.

Esa sociedad es de todos. Ese poder público, con sus antecedentes criminales, ese Estado uruguayo nos concierne a todos. A las víctimas, a sus familias, pero no solo. Nos concierne a todos.

Alegar acerca de las laceraciones que ese Estado terrorista marcó en la sociedad uruguaya, según se mire, podría parecer una denuncia demasiado genérica, una impugnación hasta algo abstracta. Hasta podría darse el caso que esa huella en el tejido social tuviera poca elocuencia para enfrentarse a la impactante expresión de quienes exculpan a los verdugos después de haber padecido en carne propia los traumatismos y excoriaciones de la represión.

Con toda su respetable significación humana y de vida, esos alegatos no invalidan nuestra impugnación a la ley. Las desgarraduras y mortificaciones de que se trata en este debate y en esta campaña contra la ley son asuntos del Estado, de su sórdida y sucia historia, de los purulentos antecedentes legales del poder público. De lo que la administración como violencia implacable organizada desde arriba hizo sobre y contra la sociedad. Una cuestión ante todo de orden público e institucional.
Siendo así ¿queremos seguir con ese pasado a cuestas?

4- ¿De qué Estado hablamos, de qué poder público?

El Estado, se ha dicho, condensa en normas legales las relaciones de fuerza entre las clases. El Estado terrorista de la dictadura no es el Estado abstracto de los textos constitucionales. Es el Estado que se construyó para aplicar políticas de represión social y cultural. Políticas a favor de unas clases y de despojo de otras.

No se trata de un poder público cuya existencia se sitúe en el espacio sideral. Es el poder público armado con las leyes nacidas en un momento histórico preciso: el de creciente autoritarismo de la burguesía, el de las leyes de seguridad del Estado y de suspensión de las garantías individuales de 1972, la ley de educación de 1973, las leyes que liquidaron los consejos de salarios e instalaron la COPRIN de 1969, las leyes orgánicas militares que hicieron de la doctrina de la seguridad nacional un catecismo siniestro para los oficiales y clases que tuvieron a su cargo la destrucción de las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda. Las leyes que posibilitaron las militarizaciones de trabajadores de la actividad privada cuando para reprimir sus huelgas fueron sometidos al Código Penal Militar por decreto de la presidencia de la República.

Ese Estado y esas normas, y esos intereses detrás de las normas, dieron la carnadura institucional a la represión, organizaron y le dieron letra y doctrina al brazo criminal de los oficiales que actuaron. La responsabilidad personal de los verdugos se expresa y se conjuga también en la responsabilidad de las instituciones legales que primero legitimaron y luego, ya en democracia, otorgaron impunidad a sus crímenes. En ese territorio está situado el debate contra la ley de impunidad, hecha por el Estado para ocultar sus propios crímenes. Es el territorio donde se define en qué tipo de república queremos vivir.

Todo cambia

5- El país ha cambiado, ¿seguiremos viviendo bajo las condiciones impuestas cuando el poder lo detentaban los militares?
El mundo ha cambiado. Hace apenas unos días el Parlamento, por unanimidad, ha dicho lo mismo que nosotros: los crímenes contra la humanidad no prescriben, no se extinguen, no son amnistiables. ¿Seguiremos dándole la espalda a los tratados que suscribimos? ¿Seguiremos sosteniendo, como se dijo cuando Garzón ordenó la primera detención de Pinochet, que el desarrollo de un Tribunal Penal Internacional ponía en riesgo nuestra soberanía?

¿Queremos que el conjunto de la sociedad uruguaya desarrolle su existencia, de ahora y a perpetuidad, cargando con legado sangriento de las instituciones de la impunidad construidas para mortificar y expoliar al pueblo? ¿Qué futuro le depara al país esta impunidad?

- Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio, Publicado en La República hoy lunes 27 de noviembre de 2006