La noticia

Como conmemoración de los cuatro años de la operación Orión centrada en la comuna 13 de Medellín en Octubre de 2002 precedida unos meses antes de la operación Mariscal se produjo la destitución del Brigadier General (r) José Leonardo Gallego por “no proteger de manera efectiva a la población civil”, porque “la fuerza pública se excedió en el uso de la fuerza”, porque “se violó el principio de distinción” y desconoció el “principio de proporcionalidad al no haber una clara adecuación entre el fin buscado y los medios utilizados” y además porque los allanamientos realizados fueron fallidos y los fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata “expidieron 34 órdenes de captura contra ciudadanos sindicados de los delitos de inasistencia alimentaria, estafa, falsedad en documento y hurto agravado y calificado, entre otros”[1]. Los hechos se produjeron el 21 de mayo de 2002 durante la operación Mariscal que “ocasionó la grave vulneración de los derechos de los pobladores de esta zona de Medellín: 9 personas muertas, dentro de las cuales se encontraban menores de edad, 38 civiles heridos, 7 miembros de la fuerza pública lesionados, 41 personas detenidas y numerosos allanamientos ilegales”.

Antecedentes

La comuna 13 de Medellín, ubicada en la zona centroccidental de la ciudad, cuenta con unos 137.000 habitantes ubicados en gran parte en las laderas y constituida por gran cantidad de desplazados que en diversas épocas han llegado a la ciudad para quedarse. El Estado realizó entre 1992 y 1996 una inversión importante en la comuna a través del programa de mejoramiento barrial. Allí llegan de un lado parte de las milicias que no se desmovilizaron en la zona nororiental en 1994 y a su vez surgen otras grupos milicianos ligados al Eln y a las Farc y a partir del 2000 se puede hablar de la presencia de los paramilitares del Bloque Metro, el Bloque Cacique Nutibara y el José Luis Zuluaga. Es un período donde de un lado las guerrillas ensayan su presencia en las ciudades y los paramilitares en su expansión nacional buscan reconocimiento y en ciudades como Medellín subordinan a las bandas.

Fue un período de presencia de los grupos armados, de incremento de los indicadores de violencia a través de los homicidios, de uso ampliado del secuestro como el denominado secuestro express, la restricción a la movilidad en los barrios de la comuna, de incremento de la extorsión y el desplazamiento forzado intraurbano, de reclutamiento de jóvenes y de control de la vida cotidiana de los barrios.

La zona centroccidental tuvo el pico más alto de homicidios en el 2002 con 653 homicidios (incluso superior a la de los años 1990 y 1991) de los cuales la comuna 13 aportó 475 frente a 134 del año anterior. De las 15 masacres ocurridas en Medellín ese año tres tuvieron lugar en la comuna 13.

Para recuperar el control de la comuna y en el marco del triunfo de Uribe se realizan las operaciones Mariscal el 21 de mayo del 2002 y la operación Orión el 16 de octubre del mismo año. Si en la operación Mariscal participaron 700 hombres de la fuerza pública encabezados por el general Leonardo Gallego de la policía y el general Mario Montoya del ejército con el saldo de víctimas antes descrito; en la operación Orión participaron 1500 miembros de la fuerza pública, tanques cascabel y helicópteros que dejaron 14 muertos, y más de 300 detenidos.

Denuncias e investigaciones

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el IPC y Codhesel, denunciaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ocurridas durante la operación Mariscal y la operación Orión. Entre las denuncias estaban la violación del principio de distinción por parte de la fuerza pública que no distinguía combatiente de no combatiente y la violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, además el asesinato de civiles, el ametrallamiento desde helicópteros, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada de personas.

En octubre del 2003 había 14 investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría con motivo de las operaciones Mariscal y Orión en la comuna 13. Investigaciones por desaparición forzada de personas e irregularidades, por ametrallar indiscriminadamente a la población, causando la muerte de dos menores, por presunta responsabilidad en homicidios, allanamientos ilegales y retenciones sin orden judicial durante la operación Mariscal, por connivencia de autoridades con el Bloque Metro de las Auc que retuvieron y desaparecieron personas, por detención ilegal de líderes, por lesiones en el momento de la captura… También existían siete casos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los que estaban los casos de Wilmar Alfredo Muñoz ocurrida durante la operación Mariscal y el asesinato de la lidereza Teresa Yarce, ocurrida un año después.

Como resultado de una de estas investigaciones se destituye al general Gallego y se le inhabilita por cinco años para ejercer cargos públicos, demostrándose de paso con el fallo de la Procuraduría que los organismos de derechos humanos tenían la razón y significa un triunfo moral y una voz de esperanza para quienes defendemos el Estado social de derecho basado en el respeto de los derechos humanos, pues el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos y para combatir el delito no puede usar cualquier método ni violar la ley, ni asociarse con delincuentes para combatir a otros. Esperamos que las demás investigaciones avancen y se aclaren las responsabilidades de todos los implicados, empezando por el general Mario Montoya, comandante de la IV brigada en esa época para ver si por fin se impone la justicia y ésta se le aplica a todos y no solo a los más débiles.

Corolario

Las operaciones Mariscal y Orión son una expresión de la “seguridad democrática” y de las llamadas “zonas de rehabilitación y consolidación”, creadas por decreto en septiembre del 2002 para recuperar el dominio de zonas en poder de la guerrilla. Estas operaciones en una zona urbana muestran:

En primer lugar, de un lado está la expulsión, no tanto captura, de los milicianos y guerrilleros que habían en la comuna, un inusitado crecimiento de la presencia de la fuerza pública en la comuna con varios puestos militares y de policía, la reducción de los homicidios al pasar de 475 en el 2002 a 46 en el 2005, la reducción del secuestro y la posibilidad de circular por los barrios de la comuna.

En segundo lugar, como ya la demostró la investigación de la Procuraduría se violó el derecho internacional humanitario, se produjeron allanamientos ilegales y se realizaron detenciones arbitrarias. Eso significa que murieron civiles entre ellos niños, que fueron detenidos personas inocentes y que las órdenes de captura eran ilegales.

En tercer lugar, entre 2002 y 2003 se produjeron 59 desapariciones forzadas[2] en la comuna, lo que significó una racha inusitada de violaciones de los derechos humanos en una zona donde había alta presencia de fuerza pública, dejando la sensación de que se podía usar cualquier método para sacar a la guerrilla y sus colaboradores. Ante los incrédulos, posteriormente se encontraron varias fosas comunes en una zona aledaña en las cuales encontraron algunos de los desaparecidos y de cuya autoría se imputa a Don Berna como jefe del Cacique Nutibara.

En cuarto lugar, el incremento notorio de las detenciones arbitrarias en Medellín producida por las autoridades en el 2002 se convirtió en una “pesca milagrosa”, como en otras regiones, donde se opera bajo la sospecha de que los habitantes de un barrio o municipio pertenecen o colaboran con la subversión.

En quinto lugar, la tranquilidad no ha regresado realmente a la comuna, de un lado porque se continúa denunciando la presencia de grupos paramilitares a pesar de la desmovilización y del otro porque los asesinatos selectivos aparte de afectar gravemente el tejido social construido en la comuna destruyendo confianzas y años de experiencia revive el miedo. El asesinato de Teresa Yarce en el 2003 y de Haider Ramírez en el 2006 y la salida de varios lideres por amenazas afectan a las organizaciones comunitarias.

En sexto lugar, mientras los victimarios se desmovilizaron y cuentan con algún apoyo del Estado y luego de tres años no han aportado nada al esclarecimiento de la verdad ni a la justicia, las víctimas no han logrado que se les reconozca su dignidad y la reparación del daño ni siquiera han podido recuperar sus viviendas, ocupados por los paramilitares.

Finalmente, recuperar el control del territorio ocupado por las guerrillas violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y haciéndose los de la vista gorda sobre la presencia paramilitar no es el mejor camino para la democracia y la justicia, y mucho menos para que el Estado gane legitimidad.

- Jesús Balbín  es integrante del Instituto Popular de Capacitación, IPC

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas
www.vivalaciudadania.org