En virtud de las elecciones presidenciales del próximo 3 de diciembre, las organizaciones abajo firmantes confían en que los diferentes actores políticos, poderes públicos y ciudadanía en general, con sentido de responsabilidad y ejercitando la tolerancia y la administración democrática de los conflictos, contribuyan a la realización de una jornada electoral libre de violencia.

Insistimos en la necesidad de una visión de país y un acuerdo en el que “quepamos todas y todos”, incluyendo a quienes social y políticamente han sufrido las consecuencias de la exclusión. Reafirmamos que la pobreza, la desigualdad y la violencia continúan siendo los principales problemas del país, y los planes diseñados para erradicarlos deben ser instrumentalizados por vías democráticas.

Las organizaciones abajo firmantes reconocen la legitimidad de cada una de las tendencias en pugna, y rechaza las expresiones y rumores que de cada bando, pretenden deshumanizar, tratar de modo peyorativo y criminalizar al otro como estrategia política. En este sentido, reiteramos que una garantía democrática es el ejercicio responsable de la libertad de expresión en los medios de comunicación públicos y privados.

Ratificamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser respetada por todos los actores, especialmente el día de las elecciones presidenciales pero también, al mismo tiempo, exigimos al árbitro una actuación célere y transparente, que despeje cualquier duda sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la voluntad popular.

Es importante que los candidatos presidenciales, así como las organizaciones políticas y sociales que los respaldan, estén dispuestos a aceptar los resultados proclamados por el CNE como lo han manifestado durante su campaña y, en el caso de no estar de acuerdo, invoquen las garantías y procedimientos administrativos y judiciales pertinentes para que sus reclamos sean procesados. Solicitamos a los partidarios del gobierno y de la oposición que se abstengan de realizar actos de cualquier naturaleza que se orienten a desconocer el marco legislativo vigente, especialmente, en avanzar resultados antes de lo pautado por la institución electoral.

Consideramos como una medida inadecuada la decisión del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), en su objetivo de mantener la seguridad y el orden público en todo el país, de impedir manifestaciones públicas durante la jornada comicial. El Ministerio ha realizado de hecho la suspensión de un derecho sin que se haya recurrido al mecanismo establecido para la suspensión de las garantías constitucionales. Las organizaciones abajo firmantes recuerdan que el derecho a la manifestación pacífica se encuentra normado en la Constitución, por lo que es legítima cualquier manifestación popular que se realice si cumple con el carácter pacífico y sin armamento estipulado en el artículo 68 de la Constitución. Sin embargo, exhortamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a evitar todo acto que signifique estimular por vía directa o indirecta la violencia, la intolerancia y el desconocimiento de la voluntad de las mayorías en el proceso electoral.

Rechazamos los llamados que líderes oficialistas han efectuado para que civiles participen en labores de control del orden público. Las organizaciones abajo firmantes enfatizan que las actividades de control del orden público son de la exclusiva responsabilidad de los cuerpos policiales y sólo si estos se ven desbordados pudiera actuar la Guardia Nacional. Personas que no pertenecen a los organismos policiales no pueden ejercer las funciones que estos deben cumplir, pues ello solo crea condiciones favorables para la violencia.

Reivindicamos el ejercicio democrático de la participación electoral y la concurrencia a las urnas, como una vía para que la soberanía popular defina el rumbo del país en los próximos años. El candidato que resulte electo tendrá entre otras obligaciones, en su carácter de Presidente de la República crear mecanismos y condiciones para la reconciliación del país, desarrollar medidas de avance en la lucha contra la pobreza, mejorar la situación de los derechos humanos y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Suscriben:

1. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
2. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
3. Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC)
4. Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
5. Red de Monitores Populares en Derechos Humanos del Estado Táchira.
6. Servicio Jesuita a Refugiados
7. Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas