La reciente Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) realizada en Cochabamba, dejó un sabor amargo.  La mayor parte de los presidentes de la región optaron por un tipo de integración basado en grandes obras de infraestructura, mientras los movimientos sociales enfatizan los derechos de los pueblos.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva fue el más claro.  Apuesta a una integración sobre la base de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región de América del Sur (IIRSA), que consiste en 300 megaproyectos para la conexión física del continente.  Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, cuenta con suficientes recursos (más de 30 mil millones de dólares) como para impulsar grandes obras (represas, gasoductos, carreteras, puertos, etc.) con la finalidad de impulsar el comercio Atlántico-Pacífico, colocando los recursos naturales sudamericanos a disposición del mercado global.

Los movimientos, indígenas, ambientalistas y algunas ONGs, criticaron la iniciativa por sus profundos impactos sociales y ambientales.  Más aún, sostienen que ese tipo de integración sobre la base del libre comercio, que supone la exportación de productos básicos y recursos naturales, tiende a profundizar la desigualdad y la dependencia en el continente.  Algunos presidentes, como Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia), además del presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, mostraron recelos respecto a la IIRSA.  El primero señaló, en sintonía con los movimientos, que se trata de una iniciativa que favorece a las grandes multinacionales que buscan exportar los recursos del continente hacia el Norte.  Correa, por su parte, dijo que la mayoría de los proyectos deben ser revisados.  En realidad, en Cochabamba se enfrentaron dos formas de ver la integración regional, pero quedó claro que la mayoría de los presidentes, y el país que cuenta con mayores recursos (Brasil), ya hicieron su opción por una integración a la medida de los mercados.

¿Trabas al desarrollo?

A fines de noviembre Lula dijo en la Amazonia brasileña que los indios, los quilombolas (descendientes de negros escapados de la esclavitud), los ambientalistas y el Ministerio Público, debían dejar de ser “trabas para el desarrollo”.  Sus dichos fueron contestados por los movimientos sociales y por la Comisión Pastoral de la Tierra[1].  De todos modos, ese es el pensamiento de las elites del continente.  Escuchan a los movimientos, pero no estiman que sus análisis y posiciones deben ser tenidas en cuenta.  Algunos de los grandse proyectos de la IIRSA vienen siendo criticados por movimientos y ONGs, como la construcción de dos grandes usinas hidroeléctricas en el río Madera (Brasil), entre muchos otros. 

El viceministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Samuel Pinheiro Guimaraes, fue tan claro como su presidente: “El progreso tecnológico que vemos en el mundo entero impulsa todas las áreas, desde la economía hasta la guerra.  Necesitamos construirnos en un bloque para hacer frente a esa realidad, y la conexión física del continente es imprescindible”[2].  Con raras excepciones, no existe entre los estadistas progresistas y de izquierda la convicción de que el denominado “progreso” y el “desarrollo” no son la opción de los pueblos y que éstos tienen otras prioridades que suponen rechazar ambos conceptos.  Parecen haber optado por un pragmatismo simple, que los lleva a plegarse a las iniciativas de quienes tienen los fondos como para financiar las grandes obras. 

Estudios serios como los realizados por el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) acerca de las obras del IIRSA, o posiciones como las del Movimiento de los Afectados por la Represas de Brasil, no son siquiera tenidos en cuenta.  Menos aún las cosmovisiones indias que rechazan de plano los conceptos de progreso y desarrollo y, por lo tanto, las obras que dicen impulsarlos.  Son dos formas de ver el mundo y los problemas de nuestra región.  Los de arriba (habrá que seguir empleado este lenguaje pese a las excepciones) siguen transitando el mismo camino que vienen recorriendo las elites desde hace cinco siglos, aunque debe reconocerse que ahora lo hacen con mejores modales, haciendo como que escuchan y, sobre todo, sin reprimir.  Es algo, pero no es suficiente.

Dificultades que se apilan

La integración regional, aún la que defienden los gobiernos que promueven la CSN y la IIRSA, atraviesa enormes dificultades.  Chávez dijo en su visita previa a la cumbre en Brasilia y Buenos Aires, que su objetivo es “relanzar” el Gasoducto del Sur, que deberá unir Venezuela con Argentina, promoviendo una necesaria integración energética.  Si más de un año después de haber lanzado el proyecto, cree que es necesario “relanzarlo”, es porque las cosas no marchan según lo previsto.  El Gaasoducto del Sur es una pieza clave de la integración ya que es una obra que interconecta países sudamericanos y no con el mercado global.  Pero los estudios van muy lentos y no parece existir entusiasmo en ponerlo en marcha.

Incluso en el área energética los países sudamericanos siguen siendo dependientes de las multinacionales.  Argentina privatizó sus recursos durante los 90; la brasileña Petrobras no es ya una empresa estatal, ya que la mayor parte de sus acciones están en manos privadas; la nacionalización sin expropiación en Bolivia dejó en manos de las multinacionales la mayor parte de la cadena del gas, aunque el Estado recibe más dinero que antes; incluso en Venezuela, PDVSA no controla la totalidad de la rica faja petrolera del Orinoco, en manos mayoritariamente de las multinacionales.  Es cierto que algunos gobiernos hacen importantes esfuerzos para romper con los poderosos de la energía, pero las dificultades siguen siendo enormes.

Como lo demostró la reciente Cumbre de Cochabamba, los ritmos y rumbos de la integración dependen de aquellos países que tienen las condiciones para erigirse en referentes y líderes de la región.  Desde este punto de vista, y pese a la intensa actividad de los movimientos, no hay muchos motivos para el optimismo.  La justicia electoral de Brasil comenzó a divulgar las cuentas de campaña de los diferentes candidatos.  El mayor donante de la campaña de Lula fue el sector bancario, con casi cinco millones de dólares.  El segundo donador fueron las constructoras, con otros cinco millones de dólares, destacando Camargo Correa con 1,6 millones[3].  No es casualidad: la banca obtuvo bajo los cuatro años de Lula las mayores ganancias de su historia; las constructoras brasileñas son las grandes beneficiarias de los megaproyectos contemplados en la IIRSA.  Ciertamente, la integración a la medida del mercado va ganando puntos.