Comunidades de cinco provincias afrontan la arremetida de transnacionales mineras, que, en su afán de apoderarse del cobre, oro, molibdeno y otros metales, han procedido a dividirlas e incluso a agredirlas a través de grupos armados privados, se denunció en los Foro de los Pueblos Afectados por la Minería, que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar de la ciudad de Quito.

El Ecuador, al igual que otros países de América Latina, está en la mira de poderosas transnacionales mineras que despliegan sus actividades protegidas por una ley de minería aprobada en el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) bajo los auspicios del Banco Mundial. Un 20 por ciento del territorio ecuatoriano se encuentra concesionado para minería, lo que equivale a 5 millones y medio de hectáreas aproximadamente, de las cuales 2 millones se encuentran en bosques protectores “con funciones ecológicas irremplazables”, sostiene la organización ecologista Acción Ecológica.

Los asistentes al foro de afectados por la minería acusaron a las empresas transnacionales canadienses Corrientes Resources y a la Ascendant Copper Corporation e intimidar a los dirigentes, incumplir la ley, agredir a quienes se oponen a sus propósitos y de dividir a las comunidades mediante dádivas y sobornos. La primera opera bajo el nombre de Ecuacorrientes en la cordillera del Cóndor, al sur país, en la zona limítrofe con el Perú, y la segunda despliega sus actividades en la zona de Intag, provincia de Imbabura, sierra- norte del Ecuador, donde habría grandes reservas de cobre.

El foro pidió al gobierno del Ecuador que presente una demanda contra “el gobierno de Canadá y organismos internacionales, por la actuación de las empresas canadienses en las comunidades (…) por patrocinar distintas estrategias que han generado una conflictividad social violenta”.

Persistente resistencia

En la región de Intag, la Ascendant Copper obtuvo una concesión del Estado de 980 hectáreas y ha estado haciendo grandes inversiones para adquirir, en ciertos casos en 20 veces más de su valor, las tierras de los empobrecidos campesinos, según ha señalado la organización ambientalista Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN). (1)

El gerente de la Ascendant Copper, Francisco Ventimilla, ha informado a la prensa que la empresa pretende invertir entre 870 y 1200 millones de dólares y que las reservas de cobre y molibdeno, que guarda la cordillera de Toisán, Intag, tendrían un valor de 73.000 millones de dólares, superando incluso a las de Chile. (2) Su aspiración es explotar las minas durante 30 años. De darse la explotación minera, casi todo se llevaría la empresa canadiense pues, según la ley de minería vigente, las empresas mineras no pagan regalías y abonan apenas 16 dólares por patentes de exploración y explotación.

Las organizaciones sociales, sin embargo, acaban de frustrar el plan de la Ascendant Copper de implantarse en el norte de Ecuador usando la fuerza. A partir del 2 de diciembre, grupos armados de la Ascendant Copper, a través de su empresa terciarizadora Falericorp, han incursionado en varias ocasiones en la zona de Intag, considerada como una de las de mayor biodiversidad del país, para “tratar de posesionarse del área concesionada para entrar con sus ingenieros para hacer la fase de exploración”, señala Polibio Pérez, presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario, que agrupa a 9 comunidades del sector.

Las comunidades campesinas capturaron a 56 hombres armados (entre los cuales hay ex militares, pero también 14 militares en servicio activo), los retuvieron por unos días y los entregaron luego a la policía nacional. Cabe indicar, que esta acción de los pobladores de Intag se inscribe en una larga trayectoria de lucha y resistencia: en 1997 expulsaron a la empresa japonesa Bishimetals, subsidiaria de Mitsubishi Corporation, la cual, sin embargo, abrió el camino para que se estableciera la Ascendant Copper.

Los campesinos aducen que la Ascendant Copper ha incumplido el artículo 88 de la Constitución que determina que “toda decisión estatal que pueda afectar el medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley determina su participación”. Es decir, autoridades provinciales, cantonales y actores locales no fueron previamente informados ni consultados, por lo que el Ministerio de Energía y Minas le pidió, el 8 de diciembre, que se abstenga de “realizar actividades mineras hasta que se apruebe el estudio de impacto ambiental” que la empresa no lo ha conseguido.

Los campesinos sostienen que las autoridades estatales deben suspender las actividades de la transnacional canadiense puesto que la actividad minera tendría graves impactos ambientales y sociales, afectando la flora y fauna de una de las regiones de mayor biodiversidad del país y se contaminarían las fuentes de agua de dos provincias.

“En un estudio de impacto que se hizo en 1990 por parte de la empresa japonesa, Bishimetals, hablaban de reubicar a 6 comunidades para comenzar el proyecto minero, ellos hablaban de la desertificación del suelo de toda la zona de Intag, entonces 7 parroquias del cantón Intag, con 14.000 habitantes, tendrían que desaparecer para dar paso al saqueo de una transnacional”, sostiene el dirigente Polibio Pérez.

El cantón Cotacachi, donde opera la Ascendant Copper , ha sido declarado por el Municipio encabezado por su Alcalde, Auki Tituaña, como cantón ecológico. Los pobladores y campesinos quieren que se respete esta decisión para seguir viviendo en paz de la agricultura y el ecoturismo.

El impacto es sobre todo social

Otro foco de conflictos sociales y ambientales es la Cordillera del Cóndor en donde las poblaciones se oponen a las actividades de la transnacional Ecuacorriente y de la empresa Hidroabanico, que generaría electricidad para las mineras. Ecuacorriente tiene una concesión de 60.000 hectáreas para un megaproyecto de minería de cielo abierto en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta y que también es territorio del pueblo shuar.

Ecuacorriente engañó a las comunidades a fin de obtener la aprobación para sus proyectos. El dirigente poblacional Rodrigo Aucay dice que la transnacional canadiense “entró a la zona, obtuvo la licencia de medio ambiente pero la población y especialmente las comunidades ancestrales nunca ha sido consultadas. Un día, llevaron maquetas, pusieron películas bonitas y luego formaban filas de hombres a quienes les daban un sánduche y un refresco, y recogían las firmas… y eso había sido la autorización que había estado dando el pueblo. Cuando reclamamos el porque del engaño, empezó a comprar a líderes de todas las organizaciones grandes o pequeñas, de hecho o de derecho, y empezó a generar fuertes divisiones en el pueblo”.

La trasnacional “esconde información, dice ante el público que quieren explotar cobre, pero en su página Web está que va a explotar oro, plata, zinc, en total 17 minerales, y por lo tanto ella simplemente va a moler y llevar el concentrado a su país ”.

Tras largas y sacrificadas jornadas de paros y protestas de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, se firmó, el 12 de noviembre, un “acta compromiso” con el Ministro de Trabajo José Serrano, delegado del presidente Alfredo Palacio, en la que se acordó la suspensión inmediata de las actividades de la Corriente Resources, sin embargo esta continuó laborando. Cuando unos 2000 pobladores fueron a reclamar al campamento de la empresa fueron duramente reprimidos por los empleados de la misma que actuaron conjuntamente con los militares del batallón Gualaquiza. No solo se lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes y se hirió a varios de ellos sino que 13 fueron secuestrados por unas horas por efectivos militares que los trasladaron a las instalaciones de la Corriente Resources. Entre los secuestrados estuvo el diputado indígena Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutic, quien fue objeto de burlas racistas y maltrato.

Durante el foro de afectados por la minería, varios líderes comunitarios coincidieron en señalar que el Estado, con todas sus instituciones jurídicas, legislativas, militares, policiales, etc. siempre ha actuado en defensa de las transnacionales mineras y no de las poblaciones locales. Las transnacionales, con el enorme poder financiero que cuentan, son capaces de remover cualquier obstáculo que les impida apoderarse de las enormes riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano. Particularmente, se cuestionó la actividad de las Fuerzas Armadas, que según el dirigente Polibio Pérez, “están tergiversando su papel: ellas tienen que salvaguardar la soberanía nacional y lo que están haciendo es defender la soberanía de las transnacionales”. Los líderes sociales, de otro lado lado, solicitaron que se declare la nulidad de todas las concesiones mineras otorgadas por el Estado.

El diputado Quishpe dijo que la solución a los conflictos mineros no pasa por la reforma de la Ley Minera, ya que no se puede esperar nada de un Congreso como el actual e incluso del que se instalará el próximo mes de enero, pues está controlado por partidos tradicionales que defienden “la inversión extranjera”. Según el diputado indígena se debe empujar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente electo Rafael Correa para lograr cambios sustanciales en los ámbitos de la minería y el medio ambiente.

Notas

(1) La Ascendant Copper es dueña de 22,500 hectáreas en la zona de Intag, repartidas en 7 concesiones, sin contar las miles que ha adquirido vía compra venta de terrenos escriturados, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).

(2) El único dato cierto sobre el yacimiento de cobre de Junín es que tiene 2.26 millones de toneladas de cobre, equivalente al momento a 14.5 mil millones de dólares, como resultado de los años de exploración de la japonesa Bishimetals, según la CEDHU.