Hemos iniciado el 2007, y en pleno Siglo XXI, una mayoría de nicaragüenses se encuentran violentados en sus derechos ciudadanos, constitucionales al vivir en situación de pobreza, con altos niveles de desempleo y bajos índices de acceso y calidad de las viviendas, la educación, agua potable, energía eléctrica y a la salud. Al menos un 30% de analfabetismo y un 20% de niños menores de 5 años en situación de desnutrición y cerca de un millón de nicaragüenses han emigrado.

Todo ello es consecuencia de la incapacidad de los gobiernos, falta de transparencia en el manejo de la cosa pública; corrupción directa y encubierta a partir de megasalarios, libres y otras prerrogativas de funcionarios de poderes del Estado; exoneraciones de impuestos al gran capital y concentración de la riqueza en pocas manos.

A esto se le suma la ausencia de un estado de derecho y de institucionalidad que solo han respondido a grupos económicos, religiosos, partidos políticos, a las imposiciones de organismos financieros internacionales. Y también de los gobiernos de turno que pregonan la importancia de la participación ciudadana, pero en la práctica realizan consultas a medias y en general no toman en consideración los criterios y propuestas desde la sociedad civil.

Ante esta situación, la Coordinadora Civil:

1.- Reafirma su autonomía e independencia de gobiernos, partidos políticos, grupos económicos, religiosos y de la cooperación.

2.- Reafirma su compromiso con la Construcción de Ciudadanía activa para la incidencia en políticas publicas y que sean los ciudadanos, informados y empoderados quienes defiendan sus derechos y a quienes seguiremos acompañando.

3.- Frente a los funcionarios públicos ubicados en las instituciones del Gobierno y entes autónomos, en la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, seguiremos respaldando todo aquello que hagan en beneficio del país, de la ciudadanía y movilizándonos en contra de la violación de los derechos humanos contenidos en convenios internacionales, constitución de la republica y leyes del país.

En ese marco valoramos positivo:

1.- La reducción de los megasalarios del presidente, vicepresidente, ministros, directores y otros funcionarios del gobierno.

2.- Las decisiones de los ministros respectivos para garantizar el acceso gratuito a la salud y educación y que nadie sea excluido por razones económicas.

3.- Las denuncias por actos de corrupción que se han encontrado en diferentes instituciones, las que deben ser investigadas por las autoridades competentes.

4.- El interés y seriedad que ha mostrado el actual gobierno ante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Pero igual como Coordinadora Civil nos preocupa:

1.- La fragilidad de la institucionalidad democrática del país en cuanto a la aplicación de reformas a leyes fundamentales como la Ley 290, la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, la creación de Consejos Nacionales de Participación Ciudadana que compiten con el marco jurídico de participación ciudadana establecido en el país.

Este tipo de reformas al marco jurídico de la participación tiene sus antecedentes en acuerdos y pactos entre diferentes fuerzas políticas que promueven la partidarizacion de los poderes del Estado.

La tendencia de concentrar el poder y las decisiones desde los entes gubernamentales.

Que se ponga en peligro la institucionalidad y la profesionalización del Ejército y de la Policía Nacional, desarrollando acciones, como en las zonas francas, que ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos y la estabilidad del país.

Por lo que demandamos:

1.- Que el gobierno informe a la ciudadanía su propuesta de programa económico, que éste sea consensuado con las fuerzas políticas, económicas, sociales para negociar con mayor respaldo con el FMI y otros organismos internacionales. Que las negociaciones sean públicas y no secreto de Estado como han sido históricamente.

2.- Que se exponga para la consideración de la ciudadanía y en particular de los gremios y organismos de sociedad civil, los convenios firmados por el presidente de la República con Venezuela, Irán y cualquier otro país. Dichos convenios y cualquier otro deben presentarse ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

3.- Que se reduzcan los megasalarios y el número de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, de asesores y consultores en esas instituciones. Que se eliminen las exoneraciones, libres y otros beneficios.

4.- Que se reestructure la onerosa deuda pública interna y se impulse una reforma tributaria que eleve la eficiencia y la progresividad del sistema tributario, con el propósito de que el sector publico pueda contar con los recursos que permitan elevar de manera significativa la inversión en educación, salud, viviendas, el acceso al agua potable y energía eléctrica, fomento a la producción, solución a los problemas de tierras-propiedades, atender la emergencia medioambiental, forestal y energética y la inclusión de la Costa Caribe, zonas rurales, mujeres, jóvenes y personas con capacidades diferentes.

5.- Que se dé la separación de los poderes del Estado, igual la separación del Estado de Partidos e Iglesias en la definición de las políticas públicas y leyes.

6.- Que se hagan las denuncias en las instituciones correspondientes para que investiguen los actos de corrupción y que los culpables sean castigados.

7.- Que se garantice a plenitud el derecho de los ciudadanos de participar en igualdad de condiciones en los asuntos y en la gestión pública, que se amplíe la participación ciudadana y de los organismos de sociedad civil para la consulta y toma de decisiones en las políticas publicas conforme la Ley de Participación Ciudadana, Ley General de Educación, Ley General de Salud y demás leyes relacionadas. Que se apruebe la Ley de Acceso a la Información Pública, la ley de aguas y se den las reformas correspondientes al Código Penal a fin de asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Las reformas del Estado, reformas constitucionales y otras decisiones fundamentales del país, deben ser producto del diálogo, negociaciones, consensos permanente entre las fuerzas políticas, económicas y sociales para que las políticas fundamentales sean políticas de Estado y tengan durabilidad en el tiempo, como única alternativa para construir la Nicaragua Que Queremos.

Coordinadora Civil
Managua, Nicaragua
31 de Enero del 2007