A casi un año de la ejecución sumaria de los jóvenes garífunas Gino Eligio López y Exon Andrés Castillo - los que fueron secuestrados y ejecutados el 26 de febrero del año pasado por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, como hace constar el expediente judicial 432-06 del Tribunal de sentencia de la ciudad de la Ceiba - la mayoría de los militares implicados en el suceso, se les ha dado "el Beneficio de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal".

La actuación de la Fiscal Verónica Leticia Alvarenga Bertrand, la que solicitó la suspensión condicional, se enmarca más en la impunidad que en la aplicación del estado de ley. Hasta la fecha nunca se hizo público el móvil del crimen, y la muerte de los jóvenes ha sembrado la zozobra entre los garífunas, en especial en los habitantes de la comunidad de Durugubuti (San Juan Tela).

Las presiones territoriales de parte de la elite de poder del país, a las que se ve sometida la comunidad de San Juan, conforman una pesadilla para los garífunas de la Bahía de Tela. Durugubuti, tiene la desgracia de estar localizada en la vecindad de la laguna de Micos, lugar escogido por los empresarios hondureños para un proyecto turístico de enclave, situación que ha degenerado en una especulación de bienes raíces en la zona.

Desde el inicio de la presentación de la demanda en contra de los militares implicados en los asesinatos, estos recibieron un trato diferencial, tal como demuestra la excepción que se le otorgó al Teniente Walter Armando Aguilera, a quien el Juzgado le otorgó desde el primero de marzo del 2006 la medida cautelar de presentación periódica al juzgado. Mientras al resto de los implicados se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, transformada el 12 de julio del mismo año en Suspensión Condicional de la Persecución Penal de los militares Oscar Melitin Cardoza, Walter Armando Aguilera y Osman Adolfo Mendoza.

Según las declaraciones de los testigos, supuestamente la orden de ejecución provino de los oficiales que estuvieron presenten en el lugar de los hechos, los que gozan con algunos de los ejecutores de la aparente protección del sistema judicial. Desafortunadamente la evolución del proceso demuestra una vez la impunidad que persiste en el país, y como los militares están fuera del alcance de la justicia.

Honduras tiene un historial tenebroso en materia de derechos humanos, donde la impunidad prevalece en especial en los casos en los que los militares y miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran involucrados. Es patético como Estado ha escabullido la aplicación de justicia a los involucrados en las desapariciones forzadas que se dieron en la década de los 80, y los militares señalados como autores de los crímenes se les ha otorgado el sobreseimiento de las múltiples demandas presentadas por los familiares de las víctimas.

El deterioro que se ha dado en los últimos años en materia de derechos humanos en Honduras, nos hace temer en un retorno a la persecución que se vivió en la década de los años 80. Es un retroceso histórico el retorno de los militares a las funciones de orden público, hecho impuesto por la Doctrina Rumsfeld, y gracias a la inseguridad inducida por las políticas neoliberales, la situación ha sido aceptada por nuestros políticos como un mandato más del imperio.

Ante la situación que se presenta con los asesinatos de los jóvenes Gino López y Exon Castilo, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) exige que los operadores de justicia se apeguen a derecho y procedan de inmediato a la aplicación de las leyes vigentes. Es una burla para las familias de los occisos la actitud asumida por la Fiscal Alvarenga Bertand, las Fuerzas Armadas de Honduras y demás cómplices en el encubrimiento de los crímenes. Las víctimas merecen justicia y desafortunadamente se esta recayendo en la actitud racista que prevalece en el país, donde los garífunas somos condenados al oprobio de ser ciudadanos de segunda, sin derechos constitucionales y carne de cañón de las fuerzas armadas del país.