El llamado hecho por el presidente Uribe para realizar un juicio al Estado por ignorar la seguridad y permitir que “los terroristas se apoderaran de las regiones”, [1] despierta dos sentimientos encontrados: Preocupación, porque el llamado del mismo Presidente señala responsabilidades ante el fenómeno paramilitar de los anteriores gobiernos, pero elude las propias. Pero a la vez ánimo y cierto optimismo, por cuanto éste como otros hechos revelan de alguna forma logros de la exigencia hecha de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición ante las graves violaciones sucedidas, lo cual puede contribuir de forma determinante en la perspectiva de superar el fenómeno paramilitar. Hecho que como muchos lo afirman, despejaría la posibilidad del proceso de paz con la insurgencia y, lo más importante, de conseguir la relegitimación democrática de las instituciones.

Las propias responsabilidades del gobierno Uribe

Sobre éste como otros pronunciamientos del Presidente, vale registrar el también reciente llamado hecho para que se revelen ante la justicia los nexos sostenidos con el paramilitarismo, los cuales pueden calificarse de positivos y resultar muy valiosos, pero no hacen parte de una política ni una estrategia coherente. Por el contrario, obedecen más a sus frecuentes actuaciones reactivas, en uno o en otro sentido. Pero además, no consiguen cambiar la orientación y el contenido general de la política y las propuestas gubernamentales que con respecto a la desmovilización y la reincorporación de los paramilitares, se caracterizan por propiciar un desproporcionado margen de impunidad y desatender los derechos de las víctimas.

Pero en este caso, además resulta paradójico que sea el mismo Presidente quien demande un juicio de responsabilidades al Estado por la tolerancia con la actuación de los grupos armados ilegales en las regiones, cuando no se ha pronunciado, ni ha asumido una posición clara ni ha tomado las medidas necesarias, a pesar de que se haya descubierto que está gobernando precisamente en coalición con los aliados políticos del paramilitarismo. Casi la totalidad de los congresistas y líderes políticos y los funcionarios que han sido implicados en las investigaciones por paramilitarismo en esta crisis, son reconocidos personeros del uribismo y dirigentes o destacados miembros de sus partidos.

En efecto, han sido encarcelados 3 congresistas, 14 llamados a rendir declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia y otros 11 habían suscrito un pacto secreto “para refundar el país” bajo el liderazgo de las AUC, junto con 2 gobernadores, 5 alcaldes y un conjunto de 32 personas que incluyen reconocidos líderes políticos. Así mismo el director del DAS y ex jefe de la campaña electoral de Uribe en Magdalena resulta investigado por sus vínculos con las AUC, incluyendo intimidación armada, fraude electoral y desvío de recursos de las contrataciones hechas a su favor. Pero también se encuentran bajo investigaciones de los organismos de control y la Fiscalía otros funcionarios importantes y altos oficiales de la fuerza pública por graves delitos relacionados con el paramilitarismo.

Por esta razón, el llamado presidencial antes que brindar confianza y posibilidades para lograr un consenso a favor del tema, es interpretado por distintas vertientes políticas y sectores de opinión como una estrategia de distracción, o como una actitud defensiva del Presidente, resultado de la difícil circunstancia que atraviesa y que se resiste a reconocer. Precisamente se esperaría que su actitud en correspondencia fuera la revisión de las responsabilidades estatales frente a los efectos del terrorismo, la ruptura con los proyectos y voceros políticos del paramilitarismo, la depuración en los entes gubernamentales, de la fuerza pública y los organismos de seguridad y rectificación de las políticas y la toma de medidas efectivas para erradicar el fenómeno paramilitar en todas sus expresiones.

La revisión de las responsabilidades estatales y gubernamentales

Es cierto que el Estado en buen grado abdicó a sus deberes en ciertas regiones, pero no lo ha sido sólo en materia de seguridad como lo refiere Uribe, sino que afecta al conjunto de responsabilidades y a la garantía general de los derechos fundamentales de la población. Por tanto, la recuperación de la presencia y la actuación garantista del Estado en todos los territorios del país, debe darse con base en presupuestos de actuación integral, civilista, de recuperación de la paz y superación de la violencia y del alto grado de impunidad, factor considerado como el más grave en materia de derechos humanos. Pero al respecto, muchos sectores advierten y discuten sobre la incapacidad y los desaciertos de las políticas y las acciones gubernamentales.

Pero además, el incumplimiento del deber de garantía estatal respecto de los derechos fundamentales, la protección y la seguridad de la población ha sido denominador común de pasadas y de la actual administración. Porque no resulta suficiente la recuperación lograda por el presidente Uribe de determinadas regiones y el mayor control conseguido con amplios y costosos operativos militares, pues el meollo del asunto estriba en la superación definitiva del conflicto armado interno, la recuperación de la paz y la normalización de la presencia y actuación integral de todas las autoridades en el conjunto del territorio. Metas sobre las que se carece de políticas viables. Pero además, el debate sobre las responsabilidades estatales, compromete a la actual administración más que a cualquier otra, con relación a la reconformación de poderes locales, regionales, departamentales y del orden nacional, que entronizan al paramilitarismo aliado con narcotraficantes, sectores políticos y con apoyo de algunos sectores sociales, configurando espacios de poder político ilegítimo, profundamente autoritario y que socava el Estado de derecho constitucional.

Para nadie es secreto que en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar así como en numerosos municipios de Bolívar, Atlántico, Norte de Santander, Magdalena Medio y partes de Antioquia, entre otros casos, han existido o existen gobiernos al servicio y funcionales a ese tipo de alianza hegemonizada por el respectivo Señor de la Guerra, de las AUC, quien ha impuesto su ejército mercenario que por lo regular actuó en coordinación con mandos y estructuras de la fuerza pública. De tal manera que corresponde revisar las responsabilidades existentes frente al sistemático aniquilamiento de los sectores políticos de oposición, la dirigencia social, los defensores de los derechos, sectores especialmente atacados como las comunidades indígenas y campesinas, o especialmente criminalizados como los contraventores de la ley que no se asimilaron a este tipo de proyecto.

Revisar las responsabilidades estatales conllevaría también a demandar la efectiva recuperación de la justicia para que no obre la impunidad, para que se destruyan los mecanismos legales e ilegales que la posibilitan y, en consecuencia, se garantice el efectivo logro del principio de no repetición de las violaciones cometidas. Conlleva demandar del Ministerio Público una acción más coherente y eficaz. El saneamiento del Congreso y las garantías para el ejercicio de su función autónoma, de control político y con garantías para las vertientes de oposición. Implica que en sentido contrario a lo que realmente sucede, consigamos una actuación de la Fuerza Pública transparente y ajena a la arbitrariedad y a las frecuentes violaciones a los derechos humanos. Y demanda recuperar el sano funcionamiento institucional en todos los ámbitos estatales y en todas las regiones y localidades.

Discusiones en aras de que se asuman las responsabilidades

Aunque sin duda hay hechos favorables como la misma desmovilización paramilitar que ojalá se consolide en todas sus implicaciones; el debate público suscitado en torno a la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; el merecido rechazo a las propuesta de ley de perdón y olvido; la destitución del cargo de un alto militar, de altos funcionarios y los procesos de investigación que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Así mismo, la importante presión interna e internacional así como en la rectificación introducida por la Corte Constitucional a la Ley de Justicia y Paz propician un proceso con ciertas posibilidades de actuación en materia de justicia y de tratamiento con beneficios penales, pero sin la abierta impunidad ante los criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad.

Pero como bien lo advirtió un editorial de El Tiempo, cualquier expectativa actual fracasa si el gobierno no toma distancia y procede con mayor decisión frente al paramilitarismo y sus dispositivos económicos, políticos e institucionales entronizados. “Es imposible desmontar lo tentáculos y alcances de esa mafia armada si el Presidente sigue dando poder, puestos, contratos e influencia a sus aliados y avales a sus candidatos a través de los partidos uribistas.”[2]

A la vez que se proceda con la autoridad debida y con resultados convincentes en materia de justicia frente a los responsables de los graves delitos mencionados, pues lo contrario significaría una gran frustración para el proceso. Como bien lo señaló la columnista Claudia López, caracterizada por la agudeza en develar la infiltración paramilitar en la política: “Lo que se necesita hoy es que no se desvíe la atención del actual proceso y lleguen a su debido término los juicios en curso contra los jefes paramilitares, de un lado, y contra los políticos, funcionarios o dirigentes que los patrocinaron, de otro.”[3]

Ante los partidos políticos este debate debe incidir para que más allá de los discretos retiros formales de los implicados, conlleve procesos políticos de rectificación, organizativos de depuración de personas y de costumbres, investigativos y de sanciones con apoyo en sus comisiones de ética. Pueden optar por iniciativas como reformas estatutarias para blindarse frente al fenómeno, políticas y resoluciones de actuación que verdaderamente los encausen por una senda de actuación civilista. Así mismo, corresponde a los gremios y sectores sociales obrar a su nivel en correspondencia y a las ONG para contribuir y apoyar activamente en esta causa. El papel de los medios de comunicación, incluyendo la positiva reacción ante los intentos de censura de información al respecto, ha resultado de una importancia medular y ha sido vehículo de denuncia y de apoyo activo al esclarecimiento de muchos hechos.

Lamentablemente no estamos en el escenario ideal de un proceso de paz integral a instancias del cual pueda darse, por ejemplo una comisión de la verdad que trabaje con participación efectiva e inmediata de todos los sectores que han tenido participación en la guerra irregular interna que nos ha afectado durante las últimas décadas. Sin embargo, es posible y necesario avanzar hacia la verdad y debatir en torno a las responsabilidades estatales y de todos los actores involucrados en el conflicto. Porque en medio de las complejidades y vicisitudes del proceso, el país ha entendido que el camino a la paz, la reconciliación y la recuperación democrática de la institucionalidad, hoy pasa por conseguir los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y conlleva la derrota de propuestas como la de quienes aún pretenden ofrecer una ley de “punto final y olvido” a favor de los responsables de la ignominia para revertir los logros alcanzados.

- Álvaro Villarraga Sarmiento, Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 48
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org