El partido ARENA pretendía declarar al ex mayor Roberto d`Aubuisson "hijo meritísimo de El Salvador" por el Parlamento de ese país. El militar lideró los escuadrones de la muerte y ordenó el asesinato de monseñor Romero en 1980.

La hipocresía de la derecha salvadoreña no deja de causar indignación. Haciendo uso de su mayoría en la Asamblea Legislativa, el partido del presidente Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Conciliación Nacional (PCN) impulsaron por unas horas un dictamen para distinguir a uno de los represores más sangrientos de la historia reciente de El Salvador.

En la sesión plenaria de este jueves, los parlamentarios se aprestaban a discutir un proyecto de ley por el cual se declararía "hijo meritísimo de El Salvador" al ex mayor Roberto d`Aubuisson Arrieta, título póstumo que también se extendió al ex presidente José Napoleón Duarte, autor del estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales de la guerra civil (1980 -1992).

Pero en el mediodía de ayer la insólita propuesta pasó a comisión y luego fue retirada en forma sorpresiva tras una reunión de la directiva del órgano legislativo. En esos momentos se escuchaban fuera del recinto las manifestaciones en contra del fallido homenaje de organizaciones sociales y de derechos humanos. Se cree que la ola de criticas fue la causante de que se haya retirado el dictamen.

La distinción se otorga, según la ley salvadoreña, por “servicios relevantes a la Patria”. Pero los servicios prestados por D`Aubuisson y Duarte a partir de 1980 -uno desde los grupos paramilitares, el otro desde la llamada “Junta Revolucionaria de Gobierno”, responsable del terrorismo de Estado- fueron a favor de la Doctrina de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos.

A fines de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) ya registraba cerca de 32 mil víctimas civiles en manos de las Fuerzas Armadas y los escuadrones de la muerte, que actuaban de manera conjunta gracias al asesoramiento y el dinero del Pentágono y la CIA.

Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG de El Salvador, como la CDHES, la Asociación Pro-Búsqueda, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, entre otras, consideraron a través de un comunicado que el pedido de la derecha parlamentaria constituye “un atropello descarado y una burla para todas la víctimas de la historia salvadoreña y latinoamericana”, una falta de respeto “a la memoria de las miles de víctimas de los escuadrones de la muerte y de monseñor Oscar Arnulfo Romero”.

Mientras tanto, desde el bloque opositor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) la indignación por el fllido homenaje a D’Aubuisson y Duarte fue similar. Varios diputados de ese partido, que convocaron a movilizaciones y manifestaciones de protesta en la sede legislativa, consideraron que ahora el oficialismo debe esperar un masivo repudio popular.

No es para menos. La figura de Romero, símbolo de resistencia contra la opresión y la pobreza, mueve multitudes en el país más pequeño de América Central.

Tanto la Comisión de la Verdad para El Salvador, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Federal de Fresno, Estados Unidos, coincidieron en señalar a D’Aubuisson como el principal responsable del asesinato del arzobispo de San Salvador, ocurrido el 24 de marzo de 1980, poco después de increpar a los gobiernos estadounidense y salvadoreño por la represión.

La Comisión de la Verdad indicó, a partir de evidencias irrefutables, que el fundador de ARENA “dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de su entorno de seguridad, actuando como ‘escuadrón de la muerte’, de organizar y supervisar la ejecución del asesinato”.

La CIDH, que retomó las conclusiones de la Comisión de la Verdad, señaló a D’Aubuisson como fundador de los escuadrones de la muerte y agregó que, para sus actividades, el líder paramilitar contó con apoyo de las Fuerzas Armadas, empresarios y ricos terratenientes.

Luego de su informe, presentado en el año 2000, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al Estado salvadoreño investigar las violaciones a los derechos humanos, empezando por el atentado a Romero, para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, sin perjuicio de la Ley de Amnistía dictada en 1993.

Tres años después, la OEA volvió a exhortar a las autoridades del país centroamericano para que retomaran las investigaciones por el asesinato del arzobispo, además de condenar la vigencia de la ley de impunidad, pero nuevamente el Gobierno y la Justicia de El Salvador evadieron sus responsabilidades.

El enorme poder político de ARENA y la complicidad de una Justicia vinculada a esos mismos espacios de poder son las causas principales de la impunidad que vive El Salvador desde que se establecieron los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil. El caso Romero fue archivado una y otra vez, no existe ni una sola condena por las 75 mil víctimas del terrorismo de Estado y los grupos paramilitares de ultraderecha y se desconoce el paradero de unas 9 mil personas, muchas de ellas menores al momento de desaparecer.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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