Las instituciones fundamentales que conforman el Estado colombiano sufren de una metástasis política, así no lo quiera reconocer el presidente Álvaro Uribe y quienes se empeñan a toda costa en la defensa del statu quo. Su manida insistencia en alocuciones televisivas y consejos comunitarios de que los congresistas, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, generales, directores del DAS, etc., comprometidos con el paramilitarismo deben responder ante la justicia individualmente, lo cual no comprometería las instituciones del Estado, ni a sus máximas autoridades, incluido él, no resistirá por mucho tiempo.

El Presidente, apoyado en la “buena” imagen y popularidad, ha gozado de una suerte de efecto teflón permitiendo que la grave crisis política e institucional que amenaza con arrastrar la sociedad toda, le resbale. Así, no tendría que asumir la máxima responsabilidad política que le atañe ante el colapso institucional. Algo que tendríamos que reclamarle todas y todos los ciudadanos de este país. ¿A quién más distinto al jefe de Estado? La defensa que ha hecho de la Canciller Maria Consuelo Araujo, con argumentos como que ella nada tiene que ver en los asuntos delictivos de su familia (padre, hermano, hermanastro) a quienes la Corte Suprema de Justicia ordenó capturar y asegurar para ser interrogados por múltiples delitos, muestra su inocultable audacia para no dejarse salpicar.

Es que no se trata de si es inocente o no, sino de la alta responsabilidad, autoridad moral y ética que tiene que tener la representante de los intereses de Colombia ante los demás gobiernos y pueblos del mundo. El Presidente afirma, sin ruborizarse, que Maria Consuelo Araujo lo ha hecho bien en la Cancillería, ¿en qué se ha destacado en las relaciones internacionales y los problemas que hemos tenido con otros países vecinos? ¿No hay nadie más en Colombia que lo pueda hacer igual de bien o mejor que ella? ¿Qué autoridad política y moral podrá esgrimir en la lucha contra el narcotráfico y el secuestro, por ejemplo, cuando miembros de la familia Araujo apoyaron y se aliaron con grupos paramilitares y grandes capos, como lo indica la Corte Suprema de Justicia?
En la historia política del país el poder ejecutivo (representado en el presidente y sus ministros) ha gozado de amplios poderes y atributos haciendo de la Presidencia una institución por encima de las demás. Negando en la práctica la separación e independencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). De hecho, el legislativo, es decir, el Congreso y la Cámara se encuentran en un estado de descomposición y crisis de legitimidad tan grande que muchos hemos dicho que la enfermedad que padece nuestra sociedad es una metástasis ética y política que nos lleva al despeñadero. La Corte Suprema de Justicia, el tercer poder, ¿podrá, solitaria, hacer justicia en medio de esta abrumadora realidad que amenaza como un tsunami al conjunto de la sociedad?

Es innegable que asistimos hace ratos al quiebre del poder hegemónico de la oligarquía como clase. Lo cual nos lleva a preguntarnos si ésta existe todavía o solo restos y reagrupamientos de ella. Nadie duda del fracaso de las instituciones históricas que hicieron posible la preservación del poder en sus manos y para sus intereses. No se trata para nada de casos aislados como tantas veces nos repitieron. Por eso nos atrevemos a afirmar que la sociedad colombiana requiere urgentemente de un nuevo paradigma de sociedad, de un nuevo modelo político, económico (radicalmente diferente del neoliberalismo) y cultural para hacer posible la justicia económica, la verdad histórica sobre los crímenes de Estado y una sociedad democrática donde todos y todas nos sintamos dignos, partícipes y respetados.

Allí no llegaremos con falsas ilusiones sobre la realidad. Por ejemplo, creyendo que ir a las elecciones de octubre con nuestros candidatos, por si solo, nos salvará del hundimiento. El Polo, sus dirigentes y toda la militancia tienen que preguntarse cuál es la salida a la situación irreversible que vive la sociedad colombiana. Petro y otros han intentado dar una respuesta. Llamando a la revocatoria del Congreso y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Que esta sea la respuesta acertada a la coyuntura, depende del nivel de movilización y capacidad de respuesta que demos desde abajo a los desafíos que hoy nos ha planteado el régimen. Al menos son propuestas que apuntan a romper el bloque hegemónico de poder.

El Polo tiene que ser audaz y ponerse a la cabeza de un gran movimiento nacional de ciudadanos y ciudadanas por la dignidad y la verdad históricas. No puede quedar a la cola de las organizaciones gremiales que vienen llamando a paros y protestas nacionales. Quien tiene que convocar, aglutinar, jalonar y ponerse a la cabeza de todo este gran movimiento nacional de protesta contra la indignidad, el TLC, etc. es el partido, ninguna otra organización, así esté dentro del Polo, por fuerte que sea podrá aglutinar y convocar como éste. Él es el llamado a tomar la iniciativa política y la tarea urgente de sus más destacados dirigentes y representantes a los órganos de poder, es asumir una honestidad brutal preparándose para bajarse del barco que va a la deriva y ayudar a hundirlo. Nadie discute que el partido es el escenario y la plataforma de construcción que nos catapultará al poder.

No es momento de vacilaciones ni ambigüedades como bien lo dijo, recientemente, el presidente del Polo Carlos Gaviria.

El Polo Democrático Alternativo definió el nuevo régimen político que va a regir en Colombia, el tipo de Estado que vamos a construir, partiendo de la ruptura histórica que vive la nación. Una sociedad democrática cuya columna vertebral es el Estado social de derecho, tal y como lo promulgamos en el programa que lanzó a Carlos Gaviria a la presidencia. Estamos ante una oportunidad única de avanzar junto a una inmensa mayoría de la sociedad en la construcción de un proyecto alternativo de poder al que ha ejercido por más de 150 años de fracasos la oligarquía colombiana. Aquí como en otras partes del continente y el mundo, estamos encontrando caminos, organización y propuesta para asumir nuestro rol de sujetos históricos de nuestro propio destino. Para ser los sujetos y la razón de ser de la democracia, no solo desde el punto de vista del ejercicio del poder político, sino del diseño de un nuevo modelo social, económico y cultural que se proponga, en primer lugar, extinguir radicalmente la pobreza y exclusión social que vivimos millones. Y, segundo, llevar a cabo el más ambicioso programa de reforma radical de la sociedad y los pilares sobre los que está cimentado el modelo económico neoliberal, para dar paso a una sociedad plena de derechos, igualdades y libertades. Este máximo propósito solo puede ser llevado a cabo desde una propuesta que retome su razón histórica de ser nación soberana y libre.

El PDA no tiene porque tener como mira un régimen presidencialista que está agotado. Ni hacer la defensa de un Congreso conformado en su mayoría por corruptos y criminales. El momento es de mucha iniciativa y apertura a nuevas formas de hacer política desde la calle. Nada ni nadie garantiza que el gobierno de Álvaro Uribe termine su mandato. Menos nosotros como Polo. Es por eso que como partido de izquierda nuevo nos debemos preparar también para asumir el previsible vacío de poder que pueda significar una caída, que no será por su propia voluntad, del actual mandatario colombiano. Ello quiere decir que otras formas de organizar la sociedad son posibles. Por ejemplo, de presentarse un vacío de poder, llamar a conformar un gobierno de coalición, de transición, donde participe el PDA con algunos de sus más destacados dirigentes junto a personalidades democráticas. Igualmente, el momento nos llama, y a los representantes del PDA en el Congreso y Cámara a ser más consecuentes para encabezar un movimiento que exija “Que se vayan todos”. A convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente acompañada de nuevas elecciones, y la revocatoria del Congreso. Considerar que el momento es también para la protesta y lucha en la calle, desde el espacio público por un movimiento ciudadano por la dignidad. Esta también es una tarea política impostergable del Polo.

Hoy adquiere plena validez nuestro lema “preparados para gobernar”, desde la calle o un nuevo parlamento. Formando, por ejemplo, un gobierno de amplia participación popular; que restablezca la soberanía nacional; que tenga como base un proyecto de justicia social radical y profundo; que represente los intereses de la nación y del pueblo excluido (invisibilizado) del poder; un nuevo escenario para la participación política y las decisiones trascendentales que nos hagan dignos y libres a todos y todas. Es la mínima responsabilidad histórica que nos corresponde asumir desde una visión y una propuesta de poder y gobierno de izquierda. Un nuevo Estado que signifique la derrota histórica del proyecto de la derecha colombiana, de los grandes grupos económicos, las transnacionales y el imperialismo.

- Oto Higuita, miembro de la dirección nacional del PDA