La contundente aparición a la escena pública del movimiento estudiantil secundario el año 2006, a través de protestas, tomas y paros de establecimientos educacionales a lo largo de todo Chile, ha sido visto por algunos críticos, fundamentalmente de corriente conservadora, como la expresión de una situación social de creciente anomia, de falta de normas institucionales que puedan orientar el comportamiento de los individuos.

Frente a la magnitud que adquirió tal movimiento -que fue capaz de incorporar un tópico a la agenda pública que no estaba contemplado en el programa de la Presidenta-, se ha hecho circular el mensaje que durante este 2007 han de impedirse conflictos de este tipo, a como de lugar, pues de lo contrario se les sumarán otros grupos sociales, como los deudores habitacionales, los mapuches, los trabajadores subcontratistas, en fin, una larga lista de grupos sociales movilizados que estarían poniendo en peligro la paz y la cohesión social, lo que tarde o temprano desembocaría en un colapso de gobernabilidad.

Pero eso no es todo, porque lo que se dictamina para Chile también se le extrema para la región, como un territorio que, por los distintos tipos de proyectos de gobierno que hoy alberga, y la presencia en ellos de vigorosos movimiento sociales, podría estar al borde del abismo. Como era de esperar, se exhorta a que se de pronta solución a la emergencia de este fenómeno a través de un único remedio: aumentar la capacidad, cobertura y eficacia de los mecanismos de control social, en la dirección de frenar, impedir y minimizar el efecto de presión que estos grupos pueden llegar a ejercer, y ojalá evitar que estos movimientos siquiera se logren constituir.

Lo que una visión de este tipo trasluce no es solamente una interpretación reduccionista que invisibiliza la capacidad afirmativa que tienen los ciudadanos organizados para lograr mayores espacios de influencia en la toma de decisiones acerca de su propio destino, en tanto los aprecia sólo como actos de carácter reactivo, sino que reduce también la propia figura del control social a un mero instrumento de coerción hacia lo diferente, reforzando de este modo una triste y larga tradición represiva en nuestro continente. De modo contrario, lo que sí es posible observar, y que es una muy buena noticia para los y las demócratas del mundo, es que en América Latina se están ampliando las formas de control político y el reclamo de los derechos de los ciudadanos a través de movimientos sociales, la protesta legal y la utilización de la exposición pública en los medios de comunicación, como nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas en los que los gobernados verifican y fiscalizan la acción de sus gobernantes y crean espacios propios de participación y construcción de proyectos emancipatorios.

De acuerdo al cientista político Guillermo O’Donnell, las democracias contemporáneas exigen rendimiento de cuentas a sus gobernantes a través de una forma horizontal -que es cuando existen agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del Estado que pueden ser calificadas como ilícitos-, que es lo que realizan, por ejemplo, las auditorías, defensorías, contralorías, fiscalías y órganos afines, así como la propia división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial que se controlan mutuamente. Pero también existiría la forma vertical, que es el momento en que la ciudadanía manifiesta su evaluación a través del ejercicio de las elecciones, ocasión en que los gobernantes salen al pizarrón a rendir cuentas ante las urnas.

Sin embargo, movimientos como el de los secundarios en Chile, junto con pedir cuentas al Estado y la sociedad en su conjunto por un área de injusticia y desigualdad, la educación, que no está siendo adecuadamente atendida, va más allá de los canales osificados de la política de esperar que el sistema político institucional funcione adecuadamente por sí mismo, y exige que sea considerado como actor, no solo como usuario o beneficiario, con voz y voto en el diseño de políticas. Movimientos como éste, que cada vez son más en América Latina, son además celosos de su autonomía y constituyen, además de su exigencia de participación en el Estado y la presión sobre la política tradicional, espacios paralelos a los tradicionales para desarrollar sus políticas.

Estos movimientos – estudiantiles, pobre urbanos, indígenas, de género, ambientalistas, etc.-, pese a sus singularidades guardan una preocupación tanto por la temática de la justicia social como por el reconocimiento, poniendo en práctica convivencias constructivas con la diferencia. En su forma de organización, y su manera de operar hacia adentro y hacia fuera, estos movimientos al parecer estarían política y culturalmente mejor dotados para la democracia que los llamados movimientos progresistas e incluso revolucionarios tradicionales, muchos de los cuales replican los vicios de los sistemas de poder que critican, como la falta de democracia interna, intolerancia a la diferencia, entre otros. Por ello, se podría señalar que la relación de estos movimientos sociales con el Estado y el sistema político en general, se da en la forma de un “accountability social”, que no corresponde a la categorización hecha por O’Donnell y menos a los buscadores anomias inexistentes, sino a algo diferente. Este tipo de exigencia de rendición de cuentas es hacia adentro de los movimientos y hacia fuera de ellos, y se da en una combinatoria de movilización social, protesta legal, así como participación ciudadana en el control directo del Estado y los políticos, entre otros.

En efecto, la movilización social no solo ejerce presión hacia su entorno –el Estado, los partidos, el resto de la sociedad, en general- sino hacia sus propias dirigencias y miembros, los cuales son evaluados desde una ética colectiva respetuosa. Al concluir su ciclo de protesta –por la fatiga y desgaste que supone mantener movilizados a muchas personas durante un tiempo prolongado-, estos movimientos suelen derivar en movilizaciones legales, presionando esta vez a la institucionalidad judicial y a la efectividad de las propias leyes. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el “corralito” argentino, en cuyo caso luego de las protestas en las calles se observó una presentación masiva de recursos de amparo y otros por la violación a los derechos de propiedad con relación a la disponibilidad de los depósitos bancarios acorralados, lo que luego se ramificó en reclamos por la inconstitucionalidad de decretos, por la oposición a la política gubernamental en la materia, así como reclamos por la inconstitucionalidad a raíz de la postergación de sentencias judiciales favorables (Smulovitz, Catalina: “Movilización y protesta legal en la crisis Argentina. El caso del ‘corralito”).

Por otra parte, la participación ciudadana puede adquirir no solo la forma de voto en las elecciones periódicas o en comisiones consultivas, sino en la participación directa de los ciudadanos en el Estado sin perder la calidad de tales, para controlar desde dentro del Estado la actividad de los políticos y burócratas, en aras, por ejemplo, de transparentar la política en cuanto al financiamiento de la misma y los partidos políticos. Este es un caso interesante de accountability transversal, que puede ser emulada en distintas esferas, donde se da la vinculación de los representantes y representados y su relación aunada a las políticas públicas. (Rodriguez, Silvina: “¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Accountability social?”).

En definitiva, tal vez estemos ante un escenario continental en que las luchas por la emancipación en los distintos planos de lo social parecen estar pasando desde posiciones defensivas y puramente críticas a las de propuesta, articulación con otros y acción afirmativa, que lentamente pudieran estar conformando la base para la puesta en acto de proyectos de construcción de países más justos, democráticos, respetuosos y en paz, desde la consciencia que las formas de acción dicen mucho sobre el fin que se persigue. En un escenario donde muchos partidos políticos que administran el ejercicio del poder se encuentran, en buena parte de nuestros países, con crisis existenciales condimentadas con prácticas de corrupción, falta de rotación de cuadros políticos y lentos para captar las señales de sociedades en cambio, cabe volcar entonces la esperanza hacia la sociedad misma, que lejos de preferir el caos a esta realidad tan charcha, inventa y crea nuevos caminos para tejerse a sí misma, proyectarse y dotarse de una gobernabilidad más rica, honesta y propia.

Manuel Guerrero Antequera
http://manuelguerrero.blogspot.com