Llaman a consulta popular
Todo el poder a la Asamblea Constituyente
28/02/2007
- Opinión
A pocas horas del lanzamiento para la consulta popular, el vicepresidente Lenin Moreno aseguró que pondrá su cargo a disposición de la Constituyente, de la misma forma en que ya lo anunció el presidente Rafael Correa.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador lanzará mañana la convocatoria a la consulta popular del próximo 15 de abril para decidir si se da lugar a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva Carta Magna y garantizar los cambios que propuso el flamante gobierno de Rafael Correa.
El mandatario ecuatoriano y su gabinete siguen apostando todas sus fichas al proyecto de refundación nacional, mediante el cual se busca una profunda reestructuración institucional, económica, social y política. Ayer, el vicepresidente Lenin Moreno se sumó a la consigna inicial de Correa y dijo que "si el presidente pone su puesto a disposición de la asamblea constituyente, el mío también será presentado" porque "soy el segundo violín de un equipo, y como tal debemos comportarnos".
Correa no sólo puso su cargo en manos de la futura Asamblea, sino que manifestó la posibilidad de renunciar en caso de que la elección de los constituyentes sea dominada por los principales sectores de la partidocracia -el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), del magnate bananero Álvaro Noboa; el Partido Sociedad Patriótica (SP), del depuesto ex presidente Lucio Gutiérrez; entre otros-, responsables vernáculos de la dependencia, la corrupción y el subdesarrollo en Ecuador.
"Si esa Asamblea la gana la oposición (...) significa que yo me voy a la casa y tenemos de presidente a Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez. Si esa Asamblea la gana la ciudadanía significa que me ratificarán en el cargo y podemos continuar con este proceso histórico", dijo Correa hace apenas diez días.
Estas declaraciones se produjeron tras la aprobación del referendo en el Congreso, que debió dar vía libre a la convocatoria por propia presión de la ciudadanía. Las modificaciones impuestas por el parlamento al estatuto del gobierno, con la intención evitar que la Asamblea pueda disolver cualquier poder constituido, entre ellos el legislativo, motivaron a Correa a ratificar públicamente el carácter plenipotenciario original de la propuesta.
"El poder constituyente es superior a esos poderes”, aseguró el mandatario y luego explicó que la Asamblea podrá “mandar a la casa al presidente, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema".
Al cierre de esta edición, el Ejecutivo se disponía a entregar al TSE el nuevo estatuto que, según trascendió, contemplará algunas de las propuestas parlamentarias, sin resignar el carácter plenipotenciario ni el requisito del 1 por ciento de firmas del padrón electoral para la postulación de constituyentes, lo que equivale a unas 90 mil firmas de respaldo. El gobierno garantizará la publicidad equitativa para las candidaturas, así como los fondos necesarios para el despliegue del referendo, que costará unos 16,5 millones de dólares.
Mientras tanto, partidarios y opositores de la Asamblea se preparan para iniciar sus respectivas campañas hacia el 15 de abril.
El dirigente Enrique Ponce, del Frente Social por la Constituyente, explicó que su organización promocionará el voto por el Sí con información puntual sobre las ventajas del proyecto oficial y, al mismo tiempo, buscará que los ecuatorianos elijan con conciencia para “no dejarse engañar por dos libras de arroz, ni una camiseta” que provengan de la partidocracia.
La oposición, por su parte, inducirá el voto negativo con argumentos que no son exclusivos de la derecha ecuatoriana, sino que se repiten hasta el cansancio en los medios hegemónicos de comunicación y desde los partidos políticos reaccionarios de América Latina, con un discurso similar al que despliega Washington para combatir a sus enemigos del patio trasero. Estos argumentos intentarán instalar la idea de que la Asamblea es anticonstitucional y que la principal intención de Correa, con su iniciativa, será perpetuarse en el poder con un signo “autoritario”.
Lo cierto es que los ecuatorianos serán protagonistas de un acto genuinamente democrático para decidir el rumbo de su propio destino. El gobierno de Rafael Correa confía en que el referendo le será favorable y ya asegura que la Asamblea comenzará a deliberar antes de fin de año, posiblemente en el mes de octubre, según adelantó ayer el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea.
Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
http://www.prensamercosur.com.ar
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecuador lanzará mañana la convocatoria a la consulta popular del próximo 15 de abril para decidir si se da lugar a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una nueva Carta Magna y garantizar los cambios que propuso el flamante gobierno de Rafael Correa.
El mandatario ecuatoriano y su gabinete siguen apostando todas sus fichas al proyecto de refundación nacional, mediante el cual se busca una profunda reestructuración institucional, económica, social y política. Ayer, el vicepresidente Lenin Moreno se sumó a la consigna inicial de Correa y dijo que "si el presidente pone su puesto a disposición de la asamblea constituyente, el mío también será presentado" porque "soy el segundo violín de un equipo, y como tal debemos comportarnos".
Correa no sólo puso su cargo en manos de la futura Asamblea, sino que manifestó la posibilidad de renunciar en caso de que la elección de los constituyentes sea dominada por los principales sectores de la partidocracia -el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), del magnate bananero Álvaro Noboa; el Partido Sociedad Patriótica (SP), del depuesto ex presidente Lucio Gutiérrez; entre otros-, responsables vernáculos de la dependencia, la corrupción y el subdesarrollo en Ecuador.
"Si esa Asamblea la gana la oposición (...) significa que yo me voy a la casa y tenemos de presidente a Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez. Si esa Asamblea la gana la ciudadanía significa que me ratificarán en el cargo y podemos continuar con este proceso histórico", dijo Correa hace apenas diez días.
Estas declaraciones se produjeron tras la aprobación del referendo en el Congreso, que debió dar vía libre a la convocatoria por propia presión de la ciudadanía. Las modificaciones impuestas por el parlamento al estatuto del gobierno, con la intención evitar que la Asamblea pueda disolver cualquier poder constituido, entre ellos el legislativo, motivaron a Correa a ratificar públicamente el carácter plenipotenciario original de la propuesta.
"El poder constituyente es superior a esos poderes”, aseguró el mandatario y luego explicó que la Asamblea podrá “mandar a la casa al presidente, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema".
Al cierre de esta edición, el Ejecutivo se disponía a entregar al TSE el nuevo estatuto que, según trascendió, contemplará algunas de las propuestas parlamentarias, sin resignar el carácter plenipotenciario ni el requisito del 1 por ciento de firmas del padrón electoral para la postulación de constituyentes, lo que equivale a unas 90 mil firmas de respaldo. El gobierno garantizará la publicidad equitativa para las candidaturas, así como los fondos necesarios para el despliegue del referendo, que costará unos 16,5 millones de dólares.
Mientras tanto, partidarios y opositores de la Asamblea se preparan para iniciar sus respectivas campañas hacia el 15 de abril.
El dirigente Enrique Ponce, del Frente Social por la Constituyente, explicó que su organización promocionará el voto por el Sí con información puntual sobre las ventajas del proyecto oficial y, al mismo tiempo, buscará que los ecuatorianos elijan con conciencia para “no dejarse engañar por dos libras de arroz, ni una camiseta” que provengan de la partidocracia.
La oposición, por su parte, inducirá el voto negativo con argumentos que no son exclusivos de la derecha ecuatoriana, sino que se repiten hasta el cansancio en los medios hegemónicos de comunicación y desde los partidos políticos reaccionarios de América Latina, con un discurso similar al que despliega Washington para combatir a sus enemigos del patio trasero. Estos argumentos intentarán instalar la idea de que la Asamblea es anticonstitucional y que la principal intención de Correa, con su iniciativa, será perpetuarse en el poder con un signo “autoritario”.
Lo cierto es que los ecuatorianos serán protagonistas de un acto genuinamente democrático para decidir el rumbo de su propio destino. El gobierno de Rafael Correa confía en que el referendo le será favorable y ya asegura que la Asamblea comenzará a deliberar antes de fin de año, posiblemente en el mes de octubre, según adelantó ayer el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea.
Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
http://www.prensamercosur.com.ar
https://www.alainet.org/es/active/16075?language=en
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