Colombia siempre ha sido un país sui generis en materia de responsabilidad política. Aquí para llegar a que la clase dirigente asuma sus responsabilidades tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Jorge Noguera fue coordinador político de la campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez en el departamento del Magdalena y fue nombrado como jefe de la inteligencia de la Presidencia de la República. Desde muy temprano se cuestionó sus presuntos vínculos con sectores paramilitares y concretamente con Rodrigo Tovar Pupo, alias, Jorge 40. La Fiscalía General de la Nación acaba de librar medida de aseguramiento contra él por el presunto delito de asociación para delinquir. Así mismo la investigación debe aclarar las versiones que vinculan a Noguera con el suministro de información que condujo al asesinato de 15 sindicalistas y del profesor universitario, Alfredo Correa de Andreis. Uribe, como casi siempre sucede, salió en defensa de Noguera a quien calificó como “un hombre incontaminado, buena persona, bien referenciado” y por ello lo mantuvo en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pese a escándalos como el que comprometió a Emilio Vence, director del DAS en el departamento del Atlántico, comprometido en el montaje de varios falsos atentados al presidente Uribe, Rafael García jefe de Informática del DAS ha sido condenado a 18 años de cárcel por concierto para delinquir y concretamente por borrar antecedentes de reconocidos narcotraficantes y paramilitares. García reconoció, en su última intervención, frente a la Corte Suprema de Justicia que pertenecía a los grupos paramilitares y que de hecho cuando fue nombrado pidió autorización a Jorge 40 para aceptar el cargo.

Lo insólito de todo esto es que ante el tamaño de las evidencias que comprometen seriamente a Jorge Noguera con los grupos paramilitares el presidente Álvaro Uribe Vélez apenas atinó a señalar que de resultar condenado Noguera, él como su nominador y jefe directo, pediría disculpas al país por su nombramiento. Es insólito porque lo que tendría que hacer Uribe si fuera consecuente sería pedir disculpas por las acciones criminales y por los delitos que en esa eventualidad, la de la condena, le habría demostrado la justicia a Noguera cuyo jefe directo era el propio Uribe.

De las responsabilidades individuales a la responsabilidad política Recordemos a los lectores que estamos en frente de una situación en la cual una parte muy importante del Congreso de la República viene siendo investigada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con los grupos paramilitares. La tesis de la Corte Suprema es que en realidad lo que se presentó fue una división del trabajo en que unos se dedicaban a proteger los intereses de los grupos paramilitares desde los cargos públicos: congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, mandos militares y de policía, funcionarios públicos, etc; mientras que otros realizaban acciones militares o perpetraban masacres, narcotraficaban, esquilmaban los recursos de la salud, se apropiaban de los juegos de suerte y azar, del contrabando, etc. Por tal razón los políticos comprometidos con los grupos paramilitares en realidad, según la tesis de la Corte Suprema de Justicia, formaban parte de ellos.

En la actualidad hay ocho congresistas presos por orden de la Corte Suprema de Justicia, todos ellos de la coalición uribista: Los senadores Álvaro García Romero, Álvaro Araujo Castro, Mauricio Pimiento, Jairo Merlano, Dieb Maloof y Luís Eduardo Vives y los representantes a la Cámara Erick Morris y Alfonso Campo, pero se encuentra prófugo el representante Jorge Luís Caballero. Además se encuentran detenidos cuatro diputados del departamento de Sucre y están vinculados a las investigaciones los gobernadores de Magdalena, Trino Luna y del Cesar, Hernando Molina. Además la Corte Suprema de Justicia ha vinculado al proceso por la firma del pacto secreto de políticos con paramilitares (documento de Santafé de Ralito de 2001) a los parlamentarios: William Montes del Partido Conservador, Miguel de la Espriella de Colombia Democrática, Reginaldo Montes, José de los Santos Negrette y a Juan Manuel López Cabrales del Partido Liberal. También ha vinculado los ex representantes Eleonora Pineda, Freddy Sánchez, José María Imbett y Jorge Luis Chadid, todos ellos de la coalición uribista.

Pero las cosas no paran ahí. Hay según las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris y de la investigadora Claudia López al menos otros 19 políticos sobre los cuales existen también serias dudas de haber sido apoyados, como los que están siendo investigados por la Corte, por parte de los grupos paramilitares en distintas regiones del país. Ninguna sorpresa se presenta en estas investigaciones puesto que todos ellos siguen perteneciendo a la coalición uribista y recibieron importantes votaciones en zonas de dominio paramilitar.

La división de poderes está funcionando

Lo que los ciudadanos y ciudadanas se preguntan es por qué se está destapando la relación incestuosa entre el paramilitarismo y el poder local, regional y nacional. La explicación no es sencilla. Quizás la más alejada de la realidad sea la que ofrece el presidente Álvaro Uribe y su escudero José Obdulio Gaviria. Según ellos lo que está pasando es que (1) La política de seguridad democrática creó un entorno en el cual las instituciones estatales comienzan a funcionar, puesto que no tienen los fusiles a la espalda, (2) la aplicación de la Ley de Justicia y Paz comienza a arrojar resultados positivos, incluso Uribe ha llegado a acusar públicamente a la oposición como equivocada por no haber respaldado a esta Ley en el Congreso de la República, (3) el gobierno es respetuoso de la división de poderes, estamos dice José Obdulio Gaviria en un momento de apoteosis de la Justicia que se debe a la política de Seguridad Democrática.

Pero las cosas son mucho más complicadas en la realidad. Digamos que las cosas están funcionando de manera muy distinta a como la pensaron y la negociaron Uribe y los grupos paramilitares. El contenido de la negociación fue la Ley que salió del Congreso en el mes de Junio de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta Ley fue sancionada por el Presidente de la República en el mes de julio de dicho año. Con ello el gobierno le cumplió a los grupos paramilitares y en dicha Ley, hay que recordarlo, no estaban condicionados los beneficios judiciales a la confesión de toda la verdad ni a la entrega de todos los bienes. La presencia de las víctimas apenas estaba contemplada en una parte del proceso, el llamado incidente de reparación. Las penas eran blandas y las posibilidades de reconstruir la verdad eran muy remotas.

Pero se atravesó en los planes del gobierno y de los paramilitares el fallo de la Corte Constitucional del 17 de mayo de 2006. Este fallo, que no dudamos en calificar como histórico, ponderó dos derechos fundamentales enfrentados: el derecho a la paz y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición. El fallo de la Corte reivindica el papel y el derecho de las víctimas, pero, al mismo tiempo no se opone a la negociación política para el logro de la paz. Así pues exige la confesión de toda la verdad y la entrega de todos los bienes para que los paramilitares obtengan penas blandas (entre cinco y ocho años). Esta decisión de la Corte desencadena un proceso que apenas comienza. El gobierno intentó por todos los medios incumplir con la sentencia de la Corte. Alegó que lo que había que aplicar a los paramilitares era la Ley como había salido del Congreso, alegó sobre la favorabilidad, etc. etc. Pero la presión de los medios de comunicación impresos y de algunos medios radiales, así como de la sociedad civil y de la comunidad internacional lograron reducir los alcances del decreto reglamentario que de todas maneras es altamente favorable a los líderes paramilitares pues les reconoce, en contra de la sentencia de la Corte Constitucional, los 18 meses que los beneficiados por la Ley permanecieron en Santafé de Ralito y eventualmente podrían purgar sus penas en sitios de reclusión especiales. Así pues no hay tal que lo que se está aplicando es la Ley de Justicia y Paz del gobierno. Esto es una gran falacia.

Un segundo factor que no estaba en el libreto de nadie lo constituye la actuación de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia la Corte es el juez natural y de única instancia para los parlamentarios. Por denuncia de la entonces Auditora General de la Nación, Clara López Obregón, la Sala Penal de este alto tribunal de justicia inició la investigación contra los parlamentarios denunciados. Con sus precarios recursos, la Corte avanzó en dichas investigaciones que vinieron a ser reforzadas por la información contenida en el computador de Jorge 40, decomisado a uno de sus lugartenientes, a alias “don Antonio”. Con éste material probatorio, la Corte tienen tras las rejas a ocho parlamentarios y uno más, Jorge Luís Caballero, quien huye de la justicia. Pero además ha vinculado a otros seis, los firmantes del documento de Santafé de Ralito de 2001.

Un Estado patrimonialista

Hay varias hipótesis que buscan explicar lo que ha sucedido en Colombia en los últimos veinte años frente al fenómeno paramilitar. Algunos ven que lo que sucedió fue una alianza entre las elites regionales tradicionalistas opuestas al proyecto moderno y democrático representado en la Constitución de 1991. Estas elites se oponían abiertamente a la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República, a la modernización de la administración pública, al avance de los mecanismos de control y al régimen disciplinario, derivado de la concepción de que los recursos públicos deben ser controlados y cualquier desviación castigada severamente. También se oponían por supuesto a los mecanismos de participación ciudadana, de planificación participativa, etc. Es decir se oponían a que sus peones se convirtieran en ciudadanos.

Estas elites, entonces, se aliaron y apoyaron actores armados ilegales para resistir al proyecto de la modernización. Pero además y quizás lo más estructural es que en muchas regiones del país los recursos públicos no solo económicos, sino los recursos institucionales fueron puestos directamente al servicio de intereses privados, es decir, lo corriente y usual era que los recursos públicos sirvieran directamente a los intereses de gamonales y terratenientes. Los presupuestos municipales se invirtieron y se invierten para favorecer no el interés de toda la comunidad local sino los intereses de los sectores de la elite regional y local. La debilidad de lo público en todas estas regiones es monumental. Por ello, en cierta forma, lo que ha ocurrido en estos últimos años es el coletazo de relaciones premodernas en la cultura, en la economía y en la sociedad.

La cuestión fue mucho más grave cuando a esta alianza se sumó el narcotráfico que permeó todo el proyecto contrainsurgente, arrastrando en la vorágine a sectores de las fuerzas armadas y de policía, sectores de la rama judicial y del Ministerio Público quienes debían haber resistido en primera línea al proyecto premoderno. Por el contrario, estos agentes públicos se convirtieron en piezas de la macabra maquinaria que perpetró masacres, asesinatos, destrucción de organizaciones sociales, asesinó líderes sociales, se apropió de recursos públicos y finalmente creo un estado mafioso al servicio de intereses económicos y políticos con ramificaciones nacionales. Es por ello que la responsabilidad individual a la cual quiere reducir el presidente Uribe el debate sobre la parapolítica no es más que una hoja de parra. El primer beneficiado con este fenómeno de la parapolítica ha sido el propio presidente Uribe, quien recibió abundantes votos de todos sus amigos hoy detenidos y de ñapa le aprobaron la reelección para que siguiera en el poder por cuatro años más. Lo paradójico es que ahora el Presidente levanta propuestas políticas que son reivindicadas por esta vieja coalición: regresar a la circunscripción departamental para la elección del Senado de la República, por ejemplo. Pero, además, los parlamentarios presos votaron muy entusiastamente el proyecto de beneficios para los cultivos de rendimiento tardío (palma, caucho, etc.) y aprobaron la Ley de Justicia y Paz que favorecía a sus socios los jefes paramilitares. Esto es lo que debería discutir el país. Esta es la responsabilidad política del Presidente y de su coalición en frente al escándalo de la parapolítica

Bogotá, Febrero de 2007.

Pedro Santana Rodríguez Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org