El proceso de agotamiento del Estado Oligárquico Colorado parece haber llegado a su estadio más crítico. Esta crisis terminal podría abrir (o no) un nuevo escenario político de cambio o de continuidad; escenario en el que grupos, movimientos y partidos se disputarán el dominio y la hegemonía de un nuevo proceso que podría expresarse en un Estado con nuevas formas. El agotamiento del actual modelo político y económico es producto de la pérdida de legitimidad (de consenso) y de la desintegración institucional del poder oligárquico. Esta deslegitimación se expresa en la rabia, el desencanto y la movilización de las grandes mayorías sociales excluidas que perciben a un Estado inservible a sus intereses.

En las adyacencias de las calles Brasilia y Juan de Salazar, a un cuadra de la calle España, Elvira Paredes se dispone a cargar su canasto de poha roy’sa para la venta del día. Elvira comenta animada que para las 7:00 sus productos ya están listos para sus clientes. Oriunda de Paraguari, esta mujer forma parte del contingente de miles de campesinos y campesinas que migran hacia Asunción forzados por la pobreza en el campo. “Che ko cinco año ojapo aihague ape. Ha ápe paraguaype por lo meno añorairo… ja’echupe… porque la verda que hendy cabayu resa ko ñande retame”, comenta cuando se le consulta si el dinero que le deja la venta del remedio refrescante le da para vivir. Opina que en el campo ya no hay nada que hacer, y culpa de la pobreza del país a los políticos, especialmente a los colorados. “Che familia ningo colorado, che colorada avei, pero nda votamoaveima la Partido Colorado re porque ya imondaitereima hikua”, dice Elvira refiriéndose a las próximas elecciones generales del 2008.

La vida y la percepción de Elvira reflejan la densa realidad social y política que vive en estos tiempos el país, percepción que puede multiplicarse en miles y miles si tuviéramos en cuenta las opiniones cotidianas de la gente sobre la situación del país. Así, la gente, las grandes mayoría empobrecidas, siente y percibe la realidad que vive, aunque no necesariamente en grandes números y abstracciones, lo cual no le resta valor a la compresión que tiene de su realidad.

En este sentido, el sociólogo Tomás Palau, Director del Centro de Investigaciones Base Is, le pone números y abstracciones a las opiniones de Elvira. Según cálculos estimativos hechos por Palau, en los últimos cuatro años alrededor de 100.000 personas como Elvira migran anualmente del campo a las ciudades, de los cuales una parte migra al exterior. Afirma que más que migrantes en su acepción clásica, estas personas son desplazados forzados por el modelo económico agroexportador que impera en el país. Este modelo económico, alimentado dentro de una estructura económica eminentemente agraria como es la paraguaya, es como una gran fábrica de pobres. Así lo corroboran las mismas estadísticas oficiales que revelan el visible proceso de miserabilización que viven las mayorías sociales del país desde 1989: cerca de 2.400.000 pobres, de los cuales 1.000.000 sobreviven en la extrema pobreza; alrededor de 1.000.000 de desempleados; más de 4.500.000 (más del 80% de la población total) personas no acceden a una atención médica básica; 400.000 campesinos sin tierra deambulan por el territorio; cada día mueren 10 niños por desnutrición y enfermedades[1]; el año pasado se registraron dos asesinatos y un suicidio por día[2]…. la lista que dibuja el cuadro de miseria es larga.

El desolador panorama descrito arriba es definido por Palau como una “desintegración social”, producto del agudo proceso de miseria de una sociedad, situación que hoy es vivida y percibida con claridad por las mayorías excluidas, señala el sociólogo. “La percepción que tiene la gente es que el Estado paraguayo cada vez existe menos para ella, y que sin embargo existe y es muy fuerte cuando se trata de defender los intereses de clase de la oligarquía ganadera y los intereses de la oligarquía trasnacional vinculada a la soja, a la caña de azúcar, al algodón; es decir al modelo agroexportador”, explica.
La otra percepción de las mayorías sociales, la de que el Estado actual es sólo para los poderosos y de que el principal gestor de estos poderosos es la ANR, también se confirma en los números económicos. Algunas muestras bastan: el año pasado, la oligarquía ganadera logró exportar su producto por un valor de 430.000.000 de dólares, mientras la sojera exportó por un valor de 450.000.000 de dólares[3]; también en el 2006 los bancos y las financieras tuvieron una ganancia neta de 100.000.000 de dólares[4]. Las empresas de celulares facturaron por un valor de 345 millones de dólares en el 2006[5].

De aquellas cantidades por exportación, los ganaderos pagan un poco menos del 3% de impuesto al Estado, mientras los sojeros pagan el 1,8%. La banca, por su parte, paga menos impuestos aún por sus transacciones. Y las empresas celulares están beneficiadas con la Ley Nº 60/90 (de incentivo a las inversiones), con lo cual pagan sumas ridículas en concepto de impuesto. Son botones de muestra de cómo los administradores de la oligarquía redactan y aplican leyes para beneficio de sus patrones.

Desde el mismo ángulo de análisis, el politólogo Jorge Lara Castro, catedrático de la Universidad Católica de Asunción, también afirma que la nueva realidad es bastante bien percibida por la gente. “Durante 17 años todo el mundo hablaba en este país de transición a la democracia, y resulta que ahora a partir de estos datos visibles se ve que no hemos avanzado nada hacia la democracia. Es que (y esto es lo importante) una inmensa mayoría social con capacidad de movilización e influencia, empieza a descubrir, a despertar en esta realidad”, dice el politólogo.

Conciencia y manifestación

Este despertar de la conciencia política de las grandes mayorías sociales señaladas por Palau y Lara Castro tuvieron (siguen teniendo) sus síntomas concretos. Citemos algunas: Las movilizaciones y ocupaciones de tierra campesinas en el 2004 a las que el gobierno respondió con varios asesinatos y con cerca de 2.000 dirigentes campesinos imputados por la Fiscalía; la movilización ciudadana de protesta protagonizada por alrededor de 40.000 personas, realizada en marzo del 2006 contra la violación de la Constitución perpetrada por el presidente Nicanor Duarte Frutos para ser electo presidente de la ANR y la complicidad de la Corte Suprema de Justicia para convalidar esta violación constitucional; las últimas manifestaciones iracundas protagonizadas por los trabajadores de la salud para un aumento del presupuesto de salud pública y los familiares de víctimas del incendio del supermercado Ykua Bolaños contra una resolución judicial que favorecía a los responsables del incendio, ambas reprimidas violentamente por las fuerzas públicas; la participación electoral va cayendo paulatinamente desde 1989; en las últimas elecciones municipales el 65% de los votantes habilitados no sufragaron. Todos estos hechos sociales revelan el descontento y la ira, por un lado, y el desencanto y la falta de confianza por el otro lado de las grandes mayorías excluidas hacia los que se ofrecen para administrar el poder político.

Desintegración institucional

La desintegración social es la otra cara de la desintegración institucional que invade al Estado; es que las instituciones administrativas y políticas de este carecen ya hoy de la eficiencia que mostró decenios atrás para sostener un consenso político y social con las grandes mayorías sociales, un consenso que construyeron paciente aunque muchas veces violentamente los Natalicio González, Juan E.Oleary, Tomás Romero Pereira, Edgar L. Infran, Epifanio Méndez Fleítas y lo personificó Stroessner… El desgaste que implica administrar el poder durante 60 años y la realidad cambiante que exige nuevas instituciones, nuevos liderazgos y nuevos pactos llevan a aquel (este) Estado a la inutilidad; inutilidad expresada en un desorden casi completo, donde los administradores del poder, los colorados, ya no pueden controlar ni controlarse en el manejo de la cosa pública: sus caudillos responden ya no al dictador o al jefe político superior sino directamente al capo mafioso de la región; es más, muchos caudillo forman parte hoy de la misma estructura de la mafia; al no un supremo a quien temer y al relajarse el verticalismo, se multiplica y se horizontaliza el robo al Estado en todas las instancias administrativas; la ausencia de la autoridad indiscutible del ex dictador y sus acólitos hace que hoy los sectores de poder desafíen, amenacen e influyan con fuerza en las decisiones del poder formal y sus representantes; la producción familiar agrícola, base histórica del sustento campesino, agoniza, mientras la agricultura empresarial y agroexportdora expulsa a miles de campesinos a la miseria, modelo que triplicó la pobreza comparada a la de dos décadas atrás, amplificando los problemas sociales al poder.

Esto es lo que explica, en otras palabras, Palau: “Asistimos hoy a una desintegración institucional del aparato seudo democrático que tiene el país. El aparato administrativo del Estado está inficionado de corrupción hasta sus más bajos niveles de funcionamiento; no hay una función real de la administración de la justicia. Funciona, pero de manera clasista, no para las grandes mayorías sociales. El poder legislativo esta compuesto por un cuerpo de gente que, además de corrupta en su mayoría, no tiene aptitudes intelectuales para que de ahí salga un marco legal coherente que regule el país para intereses de las mayorías; además de estos tres poderes, las empresa públicas encargadas de dar ciertos servicios tampoco funcionan”.

La agonía del viejo Estado Oligárquico Colorado

En otras palabras, lo que estaría ocurriendo es que el viejo Estado Oligárquico colorado, aquel Estado que se empezó a construir formalmente en mayo de 1954, ya entró en su última fase de descomposición. Esta descomposición es resultado de la pérdida de legitimidad, legitimidad que el poder aún vigente construyó durante 60 años gracias a la violencia política, al pacto que las mayorías sociales suscribieron tácitamente con el poder colorado a cambio de conveniencias económicas, de ausencia de conflictos políticos y de la instauración de un régimen autoritario que refleja, en el fondo, al ser colectivo de este país. Lo que hoy estaría ocurriendo es que aquel pacto está roto porque el actual poder oligárquico colorado ya no puede satisfacer ni los intereses económicos mínimos ni la seguridad política mínima que las grandes mayorías sociales del cualquier país exigen a los sectores que ejerzan el poder real y formal en ese territorio.
Este mismo cuadro lo explica así Lara Castro: “Todo lo que ocurre da cuenta del proceso de descomposición del sistema y de la estructura de poder”. Lara Castro califica lo que esta pasando ahora como “el límite” de la dictadura perfecta. “Esta dictadura perfecta es el aparato del edificio construido por Stroessner y su partido desde 1954; un orden político con el que aplicó una gran dosis de violencia (…) Con el golpe del 89 pareció, se creyó, que desapareció la dictadura, y que se inició un periodo hacia la democracia; sin embargo, lo que ocurrió fue que incorporaron elementos de la teoría democrática, pero a una estructura dictatorial. Fue una remodelación del mismo edificio dictatorial. Es algo que se basa en la gran concentración del poder, y en la gran exclusión social de las mayorías; y ese modelito es lo que ahora está en proceso de agotamiento “, explica.

La estructura de poder: el problema de fondo

En la base de estas desintegraciones social e institucional esta la estructura de poder. Una estructura que, al no respetar ya reglas ni instituciones mínimas, excluye con extrema violencia y discrecionalidad a las grandes mayorías de las riquezas económicas y de la participación política del país. Un poder que utiliza hoy a su Estado tan abierta y desordenadamente que finalmente ya no le sirve. Lara Castro explica esto así: “Este es un modelo rígido que lo único que hace es expulsar gente de la economía. Entonces es básicamente un modelo de exportación de modelo primario. No es una economía que genere empleo, ni que agrega valor agregado. Por eso es que la burocracia política y estatal se vuelve sojera o ganadera; entonces el mercado interno no puede funcionar. De alguna manera ese modelo económico no es dinámico”; y agrega: “El poder político es representativo de ese modelo. Y eso se comprueba en la medida en que el modelo no se cambia. Si la representación política fuera otra, entonces la política económica sería una política que apunta a generar empleo…, a promover la salud, la educación. Aquí se ve la vinculación política entre los sectores económicos y la representación política, que a su vez está concentrada en una burocracia que maneja la gestión estatal”.

Palau, por su parte, intenta describir la estructura de poder con esta clasificación: “Existen cuatro grupos de poder que tienen el dominio y la hegemonía en el país: la ganadera, que solamente en activos fijos, en tierra y animales, tiene 6 mil millones de dólares. Este sector tiene poder de fuego a través de los comandos paramilitares; después está el narcotráfico, dedicado a la producción de marihuana, tráfico de cocaína, y al lavado de dinero. Este poder esta íntimamente ligado al poder político comprando autoridades, financiación campañas electorales, coacciona a las autoridades; luego está el sector vinculado a las empresas multinacionales, el que se dedica a la provisión de insumos a la agricultura, y vinculados a la agro exportación como la soja, la caña de azúcar y el algodón; por último esta el sector de los seudo empresarios vinculados a los negocios legales e ilegales del Estado, al tráfico de rollos, de electrodomésticos, de cigarrillos y a las licitaciones públicas en general”.

El cuadro expuesto por Palau y Lara Castro lleva a la conclusión de que en el fondo de la miserabilización y la violencia social está un modelo agro exportador y una delincuencia organizada dentro y fuera de la ley del cual se alimentan todos los sectores de poder. Son como dos columnas vertebrales que atraviesan el cuerpo del Estado Oligárquico Colorado en su funcionamiento.

Entre las posibilidades de cambio o de continuidad

Este agotamiento del Estado Oligárquico es el marco general en el que se desarrollan los hechos políticos y sociales acontecidos en los últimos tres años y que parecen estar dibujando modificaciones en el sistema de representación y adhesión político-electoral. Dentro de esta posible modificación están, de cara a las elecciones del 2008, por un lado, la ANR y los partidos de derechas que necesitan imperiosamente recrear sus estructuras para llegar a nuevos pactos con las grandes mayorías excluidas, y, por el otro, el vital pero complejo movimiento de excluidos y explotados que afronta la necesidad de construir un proyecto político mayor por fuera de la oligarquía y de los partidos de derechas.

En síntesis, lo que la vieja Oligarquía terrateniente, sus aliados y sus partidos tienen en frente es el desafío de recrear otro Estado, con otros liderazgos, instituciones y propuestas económicas, para seguir ejerciendo el poder, lo que significaría la continuidad, eficientemente remodelada, del actual modelo. Y este desafío lo pueden abordar o con la ANR o con Unace o con una concertación de partidos de derecha o, porqué no, con Lugo. Igual desafío tiene el movimiento político social y popular.
Este es el contexto mayor del actual escenario político electoral en el que los distintos y diversos actores políticos se estarían disputando, tal como concluye Víctor Barone, dirigente del Partido convergencia Popular Socialista, “el dominio y la hegemonía del nuevo proceso político o de la segunda transición democrática” que se avecina. Esta disputa promete ser feroz, especialmente violento, en el caso hipotético de que el centenario Partido Colorado tenga que abandonar forzadamente su privilegiado rol de administrador del poder oligárquico e imperial del país. Se estaría, entonces, en un sensible recodo de la historia política paraguaya en el que el más fuerte y lúcido de los actores dominará y hegemonizará un Estado que probablemente tendrá nuevas formas. El desenlace de este tránsito es abierto e incierto.

Notas


[1] Todos los datos de este párrafo fueron extraídos del Informe 2006 sobre Derechos Humanos en Paraguay publicado por la Coordinadora de derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)

[2] Informe de la Policía Nacional publicado en el diario ABC color el 30 de enero de 2006.

[3] Informe anual 2006 sobre exportación de la Superintendencia de Bancos del Banco Central Paraguay (BCP)

[4] Informe anual 2006 de la Superintendencia de Bancos del Banco Central Paraguay (BCP)

[5] Datos 2006 de la Dirección de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda