Tiempo atrás, en varios medios de comunicación social del Ecuador, se reveló la existencia de un denominado “Plan Hong Kong”, elaborado por la élite del poder económico de Guayaquil, el cual, para su materialización, exigía dos procesos, uno económico: el desarrollo de una economía casi autárquica respecto al resto del país, y, avanzar en la propuesta política de autonomía política y administrativa. Líneas de acción en las cuales el poder económico y oligárquico de Guayaquil venía trabajando, simultáneamente.

En lo político-administrativo, tal pretensión se evidenció por las altisonantes y descaradas declaraciones que, en ese sentido, realizaron insistentemente personajes tales como Joyce de Ginatta, José Illingworth o Humberto Mata, quienes llegaron hasta el cinismo de impulsar el más bastardo y burdo regionalismo. La insistencia de León Febres Cordero o Jaime Nebot, quienes, desde la Alcaldía de Guayaquil, demandaban cada vez mayores atribuciones en los más diversos campos, las que les fueron concedidas por los presidentes de turno hasta la elección de Rafael Correa, tenían el mismo propósito. En esta línea y para fortalecer sus objetivos, desarrollaron una serie de eventos sobre modelos de autonomía, para lo cual invitaron a diversos conferencistas de América Latina e incluso de Europa, de España, específicamente. La presión así ejercida determinó que incluso se transfieran funciones del Registro Civil, y, que se pretenda alcanzar posiciones similares en el campo de la seguridad y el manejo del tránsito.

En lo económico, la transferencia de la CATEG (generadora y distribuidora de energía eléctrica localizada en Guayaquil) bajo el ámbito de una organización controlada por el poder económico privado, a pesar de la prohibición que para ello existe en la legislación ecuatoriana, a lo que se sumaba la generación eléctrica en la presa Daule Peripa, creaba condiciones adecuadas para autosatisfacer en gran parte la demanda de electricidad. Si a ello se sumaba la localización de la refinería de La Libertad, y, la producción de gas en el Golfo, la oligarquía guayaquileña alcanzaba una posición importante para alcanzar una relativa autonomía en el sector energético.

En lo que a servicios portuarios se refiere, el control total que adquiriría el poder económico a través de la concesión del Puerto de Guayaquil y la ejecución del puerto de Jambelí, le otorgaba una independencia total respecto al Estado ecuatoriano y la nación en su conjunto.

En el marco del proyecto Hong Kong, el control que mantenían sobre la subsecretaría de Pesca, les era indispensable en el marco de su proyecto para controlar el grueso de las actividades pesqueras, cuanto más que el 70 por ciento de la cual, por ejemplo, se realiza a través del puerto de Manta, localizada fuera de su jurisdicción. Que decir de las actividades turísticas, uno de los principales renglones de la economía de la hasta hoy provincia del Guayas, las cuales se ubican en las zonas costaneras.

Las telecomunicaciones, por cierto no eran extrañas a su propósito. Para controlarlas, requerían no sólo disponer de Pacifictel, la telefónica estatal que atiende a varias provincias de la costa y del sur del país, localizada en la ciudad de Guayaquil, sino también controlar Andinatel, la telefónica estatal que atiende a las provincias de la Sierra, con excepción de la provincia del Azuay, y las provincias orientales. Las razones son evidentes, la autonomía no podía implicar el aislamiento del resto del país y del mundo.

El breve resumen anterior, sirva para inferir la razón por al cual el poder económico de Guayaquil, ante la decisión del Presidente Rafael Correa de apoyar la creación de la Provincia de Santa Elena, a la que corresponde el grueso del sector turístico y en la cual se ubica la Refinería de la Libertad; asumir el control de la CATEG; integrar la Subsecretaría de Pesca al Ministerio de Agricultura; y, anular el contrato por el cual el Grupo Isaías, uno de los mayores grupos económicos del Ecuador -cuyos miembros se hallan prófugos de la justicia ecuatoriana por su responsabilidad en la quiebra de Filanbanco, el mayor banco del país antes de la crisis de 1999- pasaban a controlar indirectamente las operaciones de Andinatel, la oligarquía guayaquileña, pone el grito en el cielo en contra de esas medidas. La razón es evidente, su proyecto autonómico, que terminaría por desmembrar al Estado ecuatoriano se derrumba.

La breve reseña anterior, sirva también para que las medidas adoptadas por el Presidente Rafael Correa reciban todo nuestro apoyo, toda vez que aquellas debilitan el poder de la oligarquía guayaquileña, la más retrograda y antipatria del país. Sirva también para convocar a todos los conciudadanos a cerrar filas ante la embestida de los sectores oligárquicos, los cuales han resentido el golpe, hasta el grado de que, a través del Congreso Nacional, pretenden iniciar una indagatoria fiscal para enjuiciar al Presidente Correa, por un supuesto peculado, en el objetivo de destituirlo.

Las posiciones están definidas. En tanto la oligarquía guayaquileña pretende desmembrar el país, el resto de la nación defiende su integridad. Si ello es así, el cerrar filas en apoyo de las decisiones del Presidente Rafael Correa y su gobierno no puede enfrentar reparo alguno.

Quito, 28 de febrero del 2007.