El espíritu de renovación y de cambio en la escena política barranquillera vivido como consecuencia de la promulgación de la Constitución del 91 estuvo caracterizada por dos grandes grupos de actores: por un lado, la apuesta societal por nuevos liderazgos encarnada en la alianza cívico-política que llevó a la alcaldía al cura Hoyos y Gustavo Bell a la gobernación, y por el otro, los representantes de la política tradicional en el departamento y la ciudad. Esta fotografía simple de lo que ocurría en la ciudad, en aquel momento, vislumbraba una apuesta democrática de cambio, al mismo tiempo que reflejaba una ruptura con el pasado clientelar de una corroída institucionalidad política.

Este ensayo democrático de trasformación y enrutamiento de la ciudad hacia un viejo anhelo de progreso, que aun persiste, resultó convirtiéndose en un experimento fallido a la vista de los resultados de la última década y de lo que va corrido del nuevo milenio. El sendero institucional primario heredado de las décadas perdidas de la ciudad se mantuvo, es decir, el imperante pacto corporativo[1] caracterizado por el clientelismo y una ciudadanía de baja intensidad en vez de romperse se consolidó; reconociendo, claro está, las bases de progreso en algunos temas y la aparición de algunas experiencias democráticas modernas, pero que en la balanza final nos enfrentan a una dura realidad.

La situación parece haberse tornado más compleja que hace 17 años, además del reacomodamiento de los viejos liderazgos que se pensaron exorcizados después de la elección de Hoyos y Bell, aparecieron nuevos micro poderes iguales o más diestros en el manejo del erario público a favor de sus intereses, entre otras cosas, la mayoría propiciados o promovidos indirectamente por el movimiento ciudadano fundado por el cura Hoyos; también aumentó el poder de los viejos varones en alianzas con los nuevos liderazgos premodernos. Por último, las noticias reseñadas por la prensa nacional y local parecen confirmarnos las relaciones entre paramilitares y políticos en la ciudad.

Alcalde y ex alcaldes juzgados por acusaciones de corrupción y detenidos preventivamente, denuncias públicas acerca de dineros de grupos paramilitares en la financiación de campañas políticas, crisis financiera e institucional por escándalos de diverso tipo, concesiones onerosas que ponen en riesgo el patrimonio público y el bienestar de la gente son aspectos centrales de la crisis de gobernabilidad política a nivel local. Habría que mencionar solamente dos ejemplos recientes, que conjugan un poco de cada uno de los aspectos mencionados: el escándalo relacionado con la concesión Métodos y Sistemas y grupos al margen de la ley; y la detención de un Senador investigado por la Corte Suprema, el cual mantiene una cuota política en la actual administración, que como lo señala el concejal Máximo Noriega recientemente en el Heraldo:

“La justicia está tratando de llegar al corazón de este escándalo, sin embargo la Administración Distrital marcha en contravía del espíritu de la Corte Suprema de Justicia y del sentir popular, al ratificar en el Instituto Distrital de Seguridad y Convivencia (Idis), a Arturo García Medrano, mano derecha de la anterior directora Shadia Habib, esposa del detenido Senador de la República, Dieb Maloff Cure, vinculado al escándalo anteriormente citado. Sería muy grave para la ciudad que la Dra. Shadia Habib, hubiera renunciado aparentemente y que aún se le siga garantizando todos los beneficios administrativos, contractuales y de servicio” (Concejal, Máximo Noriega, El heraldo Lunes 26 de febrero de 2007)

El reflejo de toda la complejidad del tema en Barranquilla, queda claro en las noticias políticas: 17 años después de la primera elección de alcaldes, los actores en la escena local se repiten, esta vez en situaciones inversas, el más seguro ganador en las elecciones de octubre sería el grupo del ex senador Name, como consecuencia de su coalición con Char, Gerlein y la administración distrital, lo que garantizaría el reparto de casi todos los espacios de elección popular en los comicios de Octubre.

“Me enaltece sobremanera contar con el apoyo y el respaldo de los doctores Roberto Gerlein Echeverría y Fuad Char y sus sectores políticos, así como del grupo Acuerdo Caribe y del doctor Alonso Acosta y su sector político, así como con la adhesión de anónimos cariñosos que me llaman y me dan su voz de aliento” (José Name Terán. El heraldo, Sábado 27 de Enero 2007 Barranquilla).

Mientras tanto, la posibilidad de construir un ejercicio ciudadano que propicie espacios democráticos en la ciudad, se complejiza, además de no encontrar eco en la sociedad política, frente a cualquier atisbo de oposición ciudadana se responde con amedrantamientos de todo tipo. En el caso del reportaje del Heraldo y la Fundación Pro transparencia acerca del tema de Métodos y Sistemas, la intención de censurar la opinión (Gustavo Bell), y de impedir el libre ejercicio del control social (pro-transparencia), demuestra que la debilidad institucional conspira en contra de la construcción de una agenda ciudadana democrática.

La crisis está allí, es evidente. Se requiere del compromiso tanto de las autoridades para juzgar y desmantelar las estructuras paramilitares infiltradas en la política, así como de los sectores democráticos interesados en recuperar los espacios de gobernabilidad e imponer nuevas dinámicas y nuevas prácticas al servicio de la comunidad. No basta con el papel valeroso que han jugado hasta el momento algunos políticos como Gustavo Petro, ni el papel de la prensa que le ha dado el despliegue necesario para que la ciudadanía se ilustre sobre los peligros que se ciernen cada vez sobre la sociedad, sino que se requiere de nuevos actores y nuevas dinámicas de articulación política que posibiliten que la crisis generada por las denuncias sobre ingerencia de paramilitares y corrupción en la política pueda ser superada con nuevos liderazgos que copen los vacíos de poder que esperamos se generen una vez se destape la verdad por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Este proceso deberá ser un proceso articulado tanto en lo nacional como en lo local y deberá ser un proceso que intente soportarse en una base social amplia, la de todos esos ciudadanos que hasta el momento han permanecido indiferentes, por apatía, por sobrevivencia o por miedo, pero que deberán convertirse en la fuerza silenciosa que pueda darle un nuevo rumbo a la política en la ciudad.

Es a partir de esta necesidad que es apremiante la realización de un debate permanente sobre el quehacer político, un debate de cara a la ciudadanía y con el objetivo básico de encontrar por parte de aquellos sectores democráticos estrategias precisas y efectivas que permitan una nueva renovación en la política local, esta vez no tanto para el surgimiento de nuevos actores (como ocurrió en la década de los noventa) sino fundamentalmente para el surgimiento de nuevas prácticas que garanticen una actividad política civilista, honesta y preocupada por el bien público.


- Diógenes Rosero Durangoes Director Fundación Foro Costa Atlántica

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 51
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org