Las serias denuncias de corrupción relativas a la asignación y uso de combustibles que durante las últimas semanas del 2006 no cesaron de llegar desde el interior del Ejército, provocaron no solo el relevo intempestivo del comandante general de dicha institución, sino el inicio de un proceso de investigación ordenado por el nuevo comandante general, cuya política de comando apunta entre sus principales aspectos a la lucha frontal contra la corrupción teniendo para ello la premisa básica del ejemplo personal. Dicho proceso de investigación realizado con la mayor diligencia dio como resultado que al cabo de tres meses se ha remitido la información obtenida a la Contraloría General de la República para verificar la gestión en el uso de los recursos públicos y a la fiscalía anticorrupción, para las investigaciones correspondientes, por encontrar indicios de responsabilidad penal en sus altos mandos en situación de actividad y retiro. Este hecho es una muestra clara que sí se puede luchar contra la corrupción al interior de las instituciones militares.

Para combatir a la corrupción se necesita de una clara y firme voluntad para investigar oportunamente y denunciar de ser el caso a los responsables sean estos de cualquier grado o situación militar. No existe ni puede existir personal militar intocable al respecto. Todos son iguales ante la ley y los altos mandos deben ser los primeros interesados en ello cumpliendo así con una máxima perenne en el accionar militar cual es "predicar con el ejemplo". En este caso específico saludamos la rapidez de las investigaciones y la voluntad del ministro y del comandante general del ejército por llegar al fondo de las investigaciones y señalamos que es un avance importante en la gestión de los recursos del sector donde la transparencia y sobre todo el control de los mismos son pilares para el buen desarrollo de la política pública de defensa.

Asimismo, es importante resaltar el hecho de la remisión del informe realizado por la Inspectoría general del ejército respecto a la irregular asignación de combustibles y la responsabilidad que le cabe a altos mandos militares en actividad y retiro a la fiscalía anticorrupción. Los indicios de comisión de un delito común, en este caso específico, delitos contra el patrimonio, deben ser investigados indudablemente en el fuero común, donde se establecerá las responsabilidades de los mencionados en el informe tal como se hace con cualquier otro ciudadano; y no en el fuero militar que nada tiene que hacer en la investigación de este tipo de delitos por no ser de su competencia.

Resaltando la decisión del gobierno de devolver la capacidad operativa de la fuerza a través del denominado núcleo básico eficaz, por el cual está destinando 650 millones de dólares a lo largo de los cinco años de gobierno, y a la luz de lo mencionado líneas arriba, es conveniente indicar que para las decisiones posteriores del uso de los recursos públicos asignados al sector Defensa habría que tomar en cuenta dos aspectos claves para una adecuada asignación y ejecución de los recursos del sector. Primero, forjar un sistema logístico y de adquisiciones de bienes y servicios eficiente y en segundo lugar seleccionar adecuadamente al personal responsable de estos sistemas. Respecto al primer punto es necesario desarrollar sistemas logísticos que coadyuven con el cumplimiento de los objetivos de capacitación y administración de la fuerza y que no sean un "preciado" botín para algunos que prefieren sus intereses personales antes que los institucionales. Este sistema debe tener muy claro los procesos y procedimientos que cada servicio logístico debe realizar así como las sanciones para aquellos funcionarios militares que las incumplan, entablando además una relación transparente con los proveedores de las instituciones militares a fin que cumplan con los niveles de eficiencia y calidad que debe tener toda fuerza moderna.

En cuanto al segundo aspecto es necesario efectuar una adecuada selección del personal destinado a los servicios o direcciones logísticas, de comprobada probidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Por último es vital la eficiencia en los diferentes niveles de control, de los sistemas logísticos militares, tanto de los controles internos como de los controles externos a la institución militar.

Finalmente señalar que durante los últimos meses, los cómplices de los presuntos responsables de estos delitos han venido afirmando que existen instituciones de la sociedad civil que quieren destruir a la fuerza armada. Nada más contradictorio pues son aquellos los que sistemáticamente y desde adentro vienen minado la moral y la capacidad operativa de nuestra FFAA. ¿Mayores recursos para la defensa? Sí, pero sobretodo evaluación del gasto, de las responsabilidades, de los mecanismos de control y mayor vigilancia ciudadana. Estos son los cambios en serio que requiere la Defensa como política pública.

José Robles Montoya
Área de Defensa y Reforma Militar
Instituto de Defensa Legal