El proceso de justicia y paz que se vive fruto de la negociación con los grupos paramilitares se ha centrado en el debate sobre la verdad que debe hacerse pública, para garantizar la eficacia de los derechos de las víctimas y generar un proceso de reconciliación que permita saber lo que ha sucedido en este país como resultado del conflicto armado, con el objeto de no volver a repetirlo.

El ejercicio de verdad que deben asumir los grupos paramilitares resulta de gran complejidad por las violaciones de lesa humanidad cometidas y que impactaron de manera profunda la calidad de vida de miles de personas de manera directa; pero también porque esas violaciones hicieron parte de un proceso de apropiación de regiones para facilitar actividades como el tráfico de drogas.

Por lo tanto, la forma de actuar de los grupos paramilitares no sólo puede encuadrarse en la variable violación de los derechos, sino que a esto debe sumarse, entre otras, la variable de corrupción que permitió que éstos grupos encontraran una entrada de recursos demasiado cuantiosa y así abrir los espacios necesarios para dominar territorios enteros ejerciendo violencia, intimidación; y en muchas ocasiones actuando como Estado, lo que les permitía imponer normas de conducta y aprovecharse de los recursos públicos.

Ante este estado de cosas, resulta muy acertada la solicitud hecha por el Director del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción al afirmar la necesidad de que en las confesiones que realicen los líderes paramilitares también se relaten los delitos de corrupción cometidos, lo que permitiría avanzar en la lucha contra este flagelo y recuperar cuantiosos recursos públicos apropiados por intereses privados, a través de la violencia y el miedo. Pero el interés por la corrupción producida por las dinámicas paramilitares, no debe quedarse solamente en el plano de lo jurídico. Este problema abordado de una manera adecuada puede convertirse en un campo de investigación importante que ayudaría a repensar el papel de los gobiernos locales en nuestro país y a seguir profundizando en el lugar y los impactos de la corrupción en las sociedades, más allá de la simple discusión jurídica.

Para entender las estrategias corruptas usadas por parte de los grupos paramilitares es necesario asumir un concepto de corrupción que tenga claro que ésta abarca diversos ámbitos sociales, que relacionados con los espacios públicos producen la pérdida o desvío de recursos y bienes que deberían ser usados en la búsqueda de condiciones dignas para los ciudadanos.

La corrupción no sólo es violación de normas y comisión de delitos, una comprensión del fenómeno paramilitar requiere comprender la importancia política que tiene la corrupción. Tal como lo sugiere Michael Johnston (1), asumir que la corrupción se restringe a los tipos penales que describen los delitos contra la administración pública es un error que proviene de una estrategia por parte de los grupos de poder que buscan sacar del concepto algunas conductas que son útiles para el logro de sus fines y que afectan la construcción de los proyectos comunes. Para lograr lo anterior, los diversos grupos de poder, en este caso los paramilitares, se apropian de los espacios de deliberación y decisión democráticos con el objeto de decidir lo que les conviene, perturbando el sentido y el desarrollo de los procesos democráticos que se realizan con el fin de fortalecer lo público.

Desde la apropiación de los recursos de salud a través del régimen subsidiado en la Guajira, como fue denunciado por el mismo Vicepresidente Santos, pasando por contratación de obras a testaferros de paramilitares, hasta llegar a la manipulación de las elecciones para imponer candidatos cercanos a sus intereses y en muchos casos de su propia entraña; las estrategias de corrupción apuntan a apropiarse de recursos, pero también a asegurarse que las decisiones desde los gobiernos locales benefician sus intereses.

Al definir el concepto de corrupción nos estamos acercando al punto de unión entre lo público y lo privado. Necesitamos conocer las reglas y los procesos de decisión político-administrativos, los valores que rigen la administración pública, los intereses de los actores privados y sus capacidades para incidir de manera inapropiada en las decisiones públicas.

No se trata de concluir que la corrupción es todo lo que afecta a la sociedad, pero si que el análisis de la corrupción no puede restringirse únicamente al estudio de las normas legales. La comprensión de las relaciones que construyen a la sociedad es indispensable para ver cómo los actores participan para hacer valer sus intereses, y entender que muchas de esas acciones distorsionan y afectan los espacios democráticos, que son los lugares donde se deben decidir los temas públicos.

La corrupción desde la acción de los grupos paramilitares, es un proceso de análisis que permite comprender cómo se distorsionó la democracia y cómo, de una manera radical, se cambiaron los valores públicos por intereses privados que a su vez sirvieron para la violación de derechos humanos de pueblos enteros. Estos grupos son corruptos no sólo por haber cometido delitos contra la administración pública, sino y en el sentido griego del concepto, por haber puesto en riesgo la salud moral de la sociedad y apropiarse de los espacios democráticos de decisión que ayudan a fortalecer el proyecto que tiene cada sociedad.

Nota

(1) Johnston, Michael. La Búsqueda de definiciones. http://www.unesco.org/issj/rics149/johnston.htm#labu 10 de abril de 1998

- Una primera versión de este artículo fue publicada en: www.ocasa.avanza.org.c

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org