PETROBRAS es una empresa mixta y no estatal, como le indujeron a pensar al Presidente Rafael Correa, las partes interesadas en que se suscriba urgentemente el Memorando de Entendimiento, en contra y a pesar de la cerrada defensa que mantuviera el Ministro de Energía, Alberto Acosta, de las Leyes y Reglamentos vigentes. Las razones que tuvieron para ese actuar doloso, más huele al caso ADA que a un “afán” de servir y apoyar al desarrollo del país. El tratar de encubrir su falsa e interesada posición tras la frase de que “la más grave afectación al medio ambiente es la pobreza”, como lo repitieron insistentemente en entrevista con Carlos Vera en el Canal 8 el día de ayer lunes por la mañana, los envilece aún más. Ocultarse tras de la pobreza de la mayoría de ecuatorianos para luego nadar en una personal opulencia es propio de la bastardía.

Sinceramente creo que la frase anterior debe ineludiblemente ser reemplazada por “la más grave afectación al país, es el poco pudor y la cara dura que exhiben quienes defienden intereses personales sobre los de la república, para lo cual no tienen reparo en mentir descaradamente”. ¿Como sino entender que, a pesar de conocer fehacientemente que PETROBRAS es una empresa mixta, como lo demostramos sobre la base de lo estipulado explícitamente en los artículos 61 y 62 de la Ley 9.478, promulgada por Fernando Henrique Cardoso, el 6 de agosto de 1996, afirmen lo contrario? ¿Como explicar que pretendan que así actuaron por que desconocían la estructura del capital social de PETROBRAS, cuando son cifras públicas?

Como su impudor y amoralidad es manifiesta y pueden pretender que no es verdad lo que afirmamos, a continuación incluimos las cifras que difunde PETROBRAS en su página web, al 31 de febrero del 2007.

Con esas cifras todo queda dicho. Por ello, sólo vale insistir en lo reclamado en nuestra anterior entrega.

Como el Memorando de Entendimiento suscrito por el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR ingeniero Jorge Pareja Yannuzzelli con la empresa mixta PETROBRAS es ilegal, el señor Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República, en el artículo 171, numeral 1, que estipula que el Presidente de la República debe: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados y los convenios internacionales y demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia”, esta obligado a disponer que, dada la demostrada ilegalidad del instrumento suscrito, se proceda a anularlo sin dilación alguna.

El diferir esa acción o actuar en contrario daría base a los falsos argumentos que esgrime la derecha, cuando afirma que el Presidente de la República Rafael Correa no respeta las normas legales vigentes y no combate la corrupción, puesto que el inducir a un acto, en el que incluso estuvo presente el Presidente de la República en calidad de testigo de honor, sobre la base de falsedades concientemente estructuradas, a más de ser un hecho innegable de corrupción, es una falta de consecuencia e irresponsabilidad incalificable.

Quito, 10 de abril del 2007