Uno de los columnistas del centenario diario "La Nación", de Buenos Aires, escribió luego de la caída de dos presidentes en una semana que los cacerolazos se habían convertido en una moderna guillotina, no menos contundente que aquella. Esta impresión debió haber tenido el flamante presidente Eduardo Duhalde cuando el jueves último la guardia presidencial le hizo saber que una multitud estaba comenzando a rodear la residencia presidencial de Olivos, en el Gran Buenos Aires, haciendo sonar las cacerolas. Según cuenta la crónica periodística, Duhalde dio orden de no impedir la manifestación y esperar el resultado de los acontecimientos. La movilización de centenares de personas comenzó a eso de las diez de la noche, cuando el presidente se disponía a cenar con su familia y un grupo de colaboradores íntimos. Los últimos grupos de manifestantes se retiraron a las 3 de la madrugada. Fueron horas aciagas para el presidente y quienes lo acompañaban. Les era imposible abandonar la residencia y temían por su seguridad. Debió haber sido más que atemorizador escuchar los golpes sobre cientos de cacerolas y sartenes, más los gritos y cánticos de protesta durante cinco largas horas, a pocos metros de distancia. Pero la actitud de los manifestantes no era violenta. Por el contrario, al igual que en otras calurosas noches de este verano tan movido, la multitud estaba compuesta por decenas de familias con sus hijos, incluso pequeños en sus cochecitos, amas de casa, jubilados, hombres y mujeres trabajadores y empleados y muchos, muchos jóvenes y adolescentes que en esta etapa de la vida política argentina se han convertido en protagonistas de la revuelta popular. Los manifestantes expresaban su descontento con las nuevas medidas económicas anunciadas y su condena a los bancos, a los que culpan de la actual crisis por haber encabezado la fuga de casi 20 mil millones de dólares en los últimos meses y que continúan siendo los ganadores claros en la crisis porque las medidas que han tomado tanto el gobierno de De la Rúa como el de Duhalde preservan su poder financiero y económico. También reclamaban la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, a la que acusan de sostener la corrupción y la impunidad de los que se enriquecieron usufructuando de sus cargos públicos durante la última década. "Paredón, paredón, a todos los corruptos que vaciaron la nación" era uno de los cánticos más escuchados. La movilización del jueves 10 reunió a miles de personas. Comenzó en los barrios de clase media de la ciudad, fue juntando participantes de las zonas céntricas, donde hay muchas pensiones e inquilinatos, y finalizó como siempre en la histórica Plaza de Mayo. Algunos observadores políticos se quejan porque dicen que los argentinos parecen haber olvidado que la Constitución Nacional define que el pueblo gobierna a través de sus representantes y que, por lo tanto, la gente no debería alentar con su participación esta suerte de asamblea popular constante. Pero, a esta altura, habría que preguntarse dónde están estos representantes. Muchos de ellos saben que no pueden aparecer en público. Varios ya han sufrido en carne propia ser abucheados en restaurantes, shoppings y paseos públicos. Incluso los dueños de los locales, han "invitado a retirarse" a políticos y gremialistas por temor a que las protestas de los comensales o posibles clientes terminara en desmanes. El pueblo no se siente representado por una clase dirigente que, en muchos casos, participó de la fiesta neoliberal de la década del 90 y fue incapaz de defender los derechos económicos y sociales de todos cuando las empresas del Estado eran privatizadas a precio vil, aumentaba el desempleo de 8% a casi 20%, se destruía la industria nacional con importaciones a precio de dúmping, y la cifra de pobres crecía dramáticamente, alcanzado al 41% de la población actual. El pueblo está interpelando a sus dirigentes, a los que toman las decisiones en el poder, y exige transparencia y compromiso con una nueva conducta política que abra la posibilidad a un nuevo contrato social. Es cierto que a la clase media le molesta mucho no poder acceder al dinero que tiene en sus cuentas bancarias o a sus ahorros. Pero también es cierto que, como nunca, la gente tiene plena conciencia del saqueo al que ha sido sometido el país y que existen responsables directos de la fuga de capitales y del vaciamiento de los fondos públicos. No hay dinero circulante; no hay crédito; se ha cortado la cadena de pagos; los que tienen dinero en los bancos no pueden utilizarlo porque sus fondos han sido congelados; los salarios han caído por la devaluación y cientos de miles de familias pobres continúan sin tener respuestas mínimas a sus necesidades. El gobierno sólo atina a dictar más medidas monetaristas y poco se habla de incentivar la producción, procurar un renacimiento de la industria, restituir el crédito interno y poner en marcha planes sociales que permitan salir de la contingencia a los que ya casi no tienen que comer.
Foros públicos Los argentinos no despertaron repentinamente el 19 de diciembre. Ya en las elecciones legislativas de octubre habían manifestado su rechazo a la clase dirigente y a los planes del gobierno, en particular los económicos. En esa oportunidad, 4 millones de votantes en todo el país prefirieron poner fetas de salame, la foto de Bin Laden o dibujos con personajes de historieta en su voto antes que una lista de candidatos que para ellos significaba más de lo mismo. A mediados de diciembre, se vivió una consulta popular sin precedentes cuando algo más de 3 millones de personas, en el recuento definitivo, se presentó voluntariamente a votar a favor de la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza. En terminales de ómnibus, estaciones ferroviarias, plazas y esquinas céntricas, pusieron su voto en las urnas a favor de que el Frente gestione ante las autoridades un subsidio para los jefes y jefas de familia desempleados y una bonificación por cada hijo de estas familias, con el fin de que los padres se capacitaran, los hijos asistieran a la escuela y las familias pudieran contar con el dinero suficiente como para vivir con cierta dignidad. Pero el gobierno de De la Rúa no prestó atención a estas demandas y se llegó a la revuelta popular. Ahora las calles, las plazas e Internet se han convertido en foros abiertos de discusión, de protesta y de creación de nuevas propuestas. Como herramienta de comunicación de la clase media urbana, por Internet circulan todo tipo de mensajes y análisis de la situación, como así también proclamas, invitaciones a los cacerolazos, denuncias contra políticos y sindicalistas, y modelos de cartas de protesta para enviar a las autoridades. Se dieron a conocer las direcciones electrónicas de todos los senadores y diputados nacionales como también de la presidencia y la Corte Suprema para enviar los mensajes de protesta. También las discusiones públicas están cobrando importancia. El jueves 10, al regresar de Plaza de Mayo, varias decenas de vecinos se sentaron en círculo en la intersección de dos concurridas avenidas para debatir los pasos a seguir. Era ya entrada la madrugada cuando se celebró esta asamblea al aire libre, en claro ejercicio de una ciudadanía alerta y lista a monitorear cada acto de gobierno. A pesar de la intención de reclamo pacífico que tienen los manifestantes, las protestas han terminado en acciones violentas. Al retirarse el grueso de la gente de la Plaza de Mayo, quedan grupos de 200 a 300 jóvenes y adolescentes, en su mayoría, que expresan sus demandas con actos de vandalismo. La policía ha identificado a estos grupos con organizaciones minoritarias de ultraizquierda o de sectores derechistas y con bandas de delincuentes comunes. Pero también entre los que rompen vidrieras, atacan las sucursales bancarias, queman interiores de negocios y enfrentan con piedras a la policía hay jóvenes de clase media enfurecidos. A sus abuelos les han recortado las jubilaciones y pensiones, a sus padres les retienen los ahorros en los bancos y les bajan los salarios y ellos enfrentan un futuro incierto, sin trabajo y sin posibilidades de progreso. Junto a sus pares de los sectores empobrecidos, sufren las consecuencias de la aplicación de políticas que poco tuvieron que ver con los intereses y necesidades del pueblo y que ahora dejan al descubierto la angustia y la desesperación de los que no están dispuestos a quedar excluidos para siempre. Desarrollar políticas que tengan en cuenta a los jóvenes y canalizar esta furia en acciones constructivas es una tarea ardua, pero necesaria, si se quiere pensar en un país con futuro.