El gobierno del presidente demócrata cristiano Jamil Mahuad adoptó duras medidas económicas con las que aspira a arreglar la crisis fiscal, agravada por factores internacionales como la baja del petróleo (principal producto de exportación) y el fenómeno El Niño.

 El paquete incluye la eliminación de los subsidios del gas, la energía eléctrica y el diesel. Esto significa un incremento del 410% en el gas de uso doméstico, de un 360% en la electricidad, y un 39% en el diesel. Adicionalmente se devaluó el sucre en un 15% en relación al dólar, subió la gasolina en 12% y se incrementó el transporte público. Como consecuencia inmediata, los precios se dispararon previéndose que a fin de año la inflación se situará entre el 42 y el 45%, según previsiones oficiales.

Este plan económico, considerado el más fuerte de los últimos 25 años, se enmarca en la línea de los programas de ajuste fondomonetaristas que se vienen aplicando desde 1982. En esta ocasión, el gobierno está enviando señales de buena conducta tanto para atraer al capital extranjero como para obtener nuevos préstamos del FMI.

El gobierno ha pasado la factura nuevamente a la mayoría de ecuatorianos que ya no resisten más ajustes, y poco o casi nada exige a los grupos de mayores ingresos. Al contrario, el paquete beneficia a los exportadores que, según el dirigente sindical José Chávez, están recibiendo su "compensación" por haber invertido en la millonaria campaña electoral de Mahuad.

Las medidas tienen un corte fiscalista y no toman en cuenta otros elementos de carácter productivo, tributario o ambiental. Su objetivo es recaudar unos 325 millones de dólares para cubrir una tercera parte del déficit fiscal estimado en un 7%. Aunque el presidente Mahuad ha hablado de la necesidad de renegociar la deuda externa que asciende a 15.0000 millones de dólares y absorbe la mitad del presupuesto nacional, todavía no se conoce la propuesta que presentará a los acreedores externos e internos.

Bono de pobreza

 Como medida compensatoria, el régimen focalizó los subsidios en los sectores más pobres de la población. Para ello, creó un bono dirigido a las madres de bajos ingresos que tengan uno o más hijos/as menores de 18 años, las que recibirán 17 dólares mensuales, y a los mayores de 65 años que obtendrán 8.5 dólares. Para viabilizar este bono funcionará una trilogía compuesta por el gobierno, las iglesias (católica y evangélica) y la banca. Las primeras deberán hacer un registro de los/as pobres que servirá de base para que los bancos repartan el dinero en contante y sonante.

 La creación del "bono de pobreza" que empezará a ser pagado en el mes de noviembre despertó encendidas polémicas. El gobierno argumentó que se trata de una política "creativa", pero los detractores señalaron que es insuficiente y limitada pues no llegará a toda la población pobre (que abarca el 70% de la población), además de que constituye un insulto y una bofetada para los ecuatorianos.

En la Iglesia católica, igualmente, se expresaron posiciones divergentes en relación al tema. Aunque la jerarquía mostró su disposición a apoyar la entrega del bono, 17 párrocos de la Curia de Cuenca, ubicada al sur del país, declararon que "los obispos se comportan como recaderos de un gobierno que no pensó dos veces en aplicar un brutal garrotazo económico".

Los empresarios de las cámaras de la producción y sectores de la gran prensa aplaudieron las medidas de Mahuad, en tanto que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Coordinadora de Movimientos Sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, organizaciones de mujeres y pequeños empresarios, exigieron su derogatoria, para lo cual efectuarán medidas de hecho.

Las protestas se iniciaron con manifestaciones estudiantiles y marchas de ollas vacías. La CONAIE anunció para el 29 de septiembre un levantamiento indígena y popular que contemplará la suspensión del abastecimiento de alimentos a las ciudades y el cierre de carreteras. Los indígenas piden a las iglesias abstenerse de participar en la entrega del bono de pobreza.

Las centrales sindicales y otras fuerzas sociales llevarán a cabo un paro cívico el 1ro. de octubre. Como alternativas para enfrentar la crisis, proponen, entre otras medidas, el cobro de impuestos a las grandes empresas y a las transnacionales petroleras, la eliminación de los escudos fiscales que permite que los bancos no paguen impuestos, crédito para artesanos y pequeños empresarios y productores. Todo esto permitiría al Estado recaudar 4.061 millones de dólares, cantidad que cubriría buena parte del déficit fiscal.

Publicado en el Servicio Informativo # 280, ALAI, 30-09-1998, Quito