Las organizaciones integrantes de la Plataforma Uruguaya de Derechos Humanos creen necesario plantear a la sociedad su opinión ante los nuevos acontecimientos políticos.

Nos referimos al proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre reparación en manera conjunta, equiparando desaparecidos con civiles, militares y policías muertos en un contexto de “guerra contra la sedición” que nunca existió.

Así como hemos reconocido los avances en su momento por el gobierno en materia de derechos humanos, dejamos en claro nuestro total rechazo al proyecto, pues este se apoya en una interpretación histórica equívoca de lo que vivió el país y que se fundamenta en los pretextos utilizados para dar el golpe de estado por las fuerzas más conservadoras de nuestro país. Discrepamos con la consideración de una guerra, considerando que lo que se presencio fue la acción de un Estado que violo los DDHH de la población. Las víctimas de la represión, torturados/as, muertos/as y desaparecidos/as son víctimas porque Naciones Unidas los/as reconoce como tal

Pretendemos dejar en claro que un tema tan sensible a la sociedad, no tuvo el tratamiento que se merecía, exponiendo la intención del gobierno de resolver esta situación de una manera arbitraria, sin tener en cuenta que el camino hacia el “nunca más”, pasa obligatoriamente, por la verdad, la justicia y la reparación integral de las victimas.

Pero fundamentalmente la memoria, la verdad y la justicia no deben ser patrimonio exclusivo de las víctimas, sino de la sociedad en su conjunto.

Aun se está a tiempo:

Más allá de las repercusiones, esta iniciativa del Poder Ejecutivo demostró que había un vacío en esta materia.

La muerte, la desaparición, el encarcelamiento y el exilio llevó a un desangre en nuestra sociedad, pues las víctimas eran profesionales, obreros, estudiantes y muchos de ellos con familias, las cuales, de un día para el otro, se encontraron a la deriva en todos los aspectos, (afectivos, sociales y económicos) y en lo que corresponde a la sociedad por el esfuerzo de darles formación como individuos, también fue afectada .Por lo tanto, no sólo repercutió en esa generación en particular, sino en las venideras.

Por eso queda en claro que la reparación presentada por el gobierno -que no compartimos- es una medida parcial, quedando afuera elementos que hacen a la persona humana, como es lo referente a lo ético, moral, social y jurídico.

Por la reparación integral:

Apoyándonos en las resoluciones de las Naciones Unidas, (A/RES/60/147 del 16 de diciembre del 2005), que aprueba “Los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” sobre las cuales se pronunció y aprobó nuestro país es que entendemos a la reparación integral de las victimas como algo que va mas allá de lo económico y que engloba a los siguientes aspectos:

I. Jurídico y legal: La obligación de investigar todos los casos; juzgar y enjuiciar a los responsables de las violaciones de DDHH y promocionar medidas preventivas contra todos estos hechos deplorables: art. 4 “En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables”.

II. Ético y moral: La constante búsqueda de los desaparecidos/as ; el conocer de cómo y porque murieron; por una disculpa publica en cual contenga el repudio por los hechos y personas que violaron los Derechos Humanos y a la vez el reconocimiento moral a los afectados restableciendo su dignidad

III. Social y cultural: Promover la reconstrucción de los hechos vividos con el conjunto de la sociedad por intermedio de la memoria colectiva y así elevar el papel de los derechos humanos.

IV. Rehabilitación: Un programa de salud, en donde se atienda a los afectados a nivel físico y psicológico: art. 10 “Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma”

V. Indemnización: Por los perjuicios morales; los daños provocados a nivel físico y mental; la pérdida de oportunidades y los daños materiales.

La reparación integral debe ser la multiplicidad de estos elementos que interaccionen y permitan a las víctimas (sobrevivientes y a las familias perjudicadas) con toda su complejidad vivida, a mejorar la calidad de vida en todos sus aspectos.
A la vez debe ser una base de enseñanza para la sociedad en su conjunto, en cual se resalte los valores de la verdad, la justicia y la memoria colectiva.

Consideramos que con la misma celeridad con que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el proyecto de ley sobre reparación económica a civiles y militares, esperamos que la Ley 18033 para la reparación provisional a los presos, exiliados y perseguidos por el terrorismo de Estado, se instrumente rápida y efectivamente sin ningún tipo de exclusiones.

Montevideo 25 de abril de 2007

Contra la impunidad , por verdad, justicia, memoria y nunca mas terrorismo de Estado

Plataforma Uruguaya de DDHH