Al enterarnos cada semana de los nuevos acontecimientos y revelaciones del llamado escándalo de la parapolítica, no podemos dejar de evocar la sensación que sentíamos cuando niños al entrar en el tren fantasma, una de las más visitadas y al mismo tiempo temidas atracciones de los antiguos parques de diversiones. Al recorrer su sinuosa trayectoria, agarrados con toda nuestra fuerza a las manijas de seguridad, sentíamos una angustiosa sensación que en gran parte se debía al hecho de tener que enfrentar una secuencia de horrores en un muy corto período de tiempo. No habíamos terminado de reponernos del susto que nos causaba la aparición de un hombre sin cabeza, cuando en la otra curva aparecía un monstruoso Frankestein…

Algo similar nos ocurre hoy en Colombia; no terminamos de aterrorizarnos con la cínica confesión de un jefe paramilitar sobre su rosario de asesinatos y masacres, cuando aparece una nueva foto o una nueva carta reveladora de otro de los pactos entre paramilitares y políticos que proliferaron hace cuatro años con el “patriótico” propósito de distribuirse el botín electoral y el de la contratación pública departamental y municipal.

Ahora bien, existen dos inmensas diferencias entre estas dos situaciones y las sensaciones que de ellas derivamos. Por un lado, las fosas comunes llenas de cadáveres mutilados y el espantoso Frankestein de la parapolítica no son creaciones de latón y papel maché, sino terribles realidades que han dejado una estela de dolor y sangre a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y del otro lado, y tal vez sea esto lo más inquietante; mientras al subirnos en el tren fantasma teníamos siempre la certeza de que pasados unos minutos veríamos la luz al final del túnel, el curso de los acontecimientos nacionales no nos da muchas esperanzas sobre un desenlace alentador en el corto plazo. Si tomamos solamente los hechos de las últimas semanas, estos nos ponen de presente dos elementos que profundizan la crítica dinámica que caracteriza este proceso; en primer lugar, ya es un hecho que tanto por el lado de la acción de la justicia, como por el de los debates parlamentarios, el ojo del huracán se desplaza a otros departamentos, sacudiendo ahora con fuerza a las tierras antioqueñas, el bastión originario del proyecto uribista. El segundo elemento que entró recientemente en juego, fueron las dos nuevas pretensiones que se hicieron conocer desde Itagüí: el permiso para que los jefes paras pudieran intervenir políticamente en “sus territorios de influencia” y el anuncio del proyecto de medios de comunicación que vienen estructurando algunos de los jefes detenidos. La ampliación geográfica de la crisis y la insistencia de los jefes en mantener su protagonismo, caldean aún más el clima político, de cara a unas elecciones regionales que adquieren en ese contexto una relevancia histórica.

Estas circunstancias explican la persistencia por parte del Ejecutivo en su táctica de enfrentar las acusaciones y debates, con la ya manida fuga argumentativa centrada en descalificar a sus contradictores por sus nexos pasados con proyectos armados o por su supuesta debilidad en criticar a los otros actores del conflicto. En lugar de responder las preguntas concretas que se derivan de los hechos que están inundando los despachos judiciales y que implican a caracterizados dirigentes regionales afectos al gobierno, los escuderos del Presidente se extienden en buscar justificaciones en la ausencia de Estado y de autoridad que se vivió en las regiones antes de la llegada de la seguridad democrática y en mostrar videos y testimonios sobre los desmanes de la guerrilla y los violentos de la izquierda.

Es inevitable comparar este tipo de comportamiento al de muchos violadores que cuando son sorprendidos in fraganti, recurren como estrategia de defensa en los estrados judiciales a contar la historia de abusos de la que fueron objeto en la infancia y a tratar de demostrar el comportamiento supuestamente provocador y licencioso de su víctima.

Pretender justificar o aminorar lo sucedido, con argumentos simplistas que diluyen las responsabilidades en las denominadas matrices sociales del paramilitarismo o con actitudes macartizadoras contra los denunciantes, constituye una burla a las decenas de miles de familias y los centenares de comunidades que reclaman ser reparadas o al menos tener el derecho a conocer lo que pasó.

Ante el curso actual de la situación es necesario persistir en la movilización y vigilancia ciudadana. Y esto pasa por prestar atención y respaldar los tres flancos que hoy alimentan el proceso: el judicial, acompañando y ejerciendo presión democrática hacia las actuaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia; el político, apoyando los debates de control que se desarrollan en el parlamento y el de los análisis académicos y políticos, multiplicando los estudios que profundizan sobre las causas y las consecuencias de estos fenómenos. Uno de los riesgos que corremos en la actual coyuntura, es que ante tal avalancha de noticias y sucesos, comencemos a experimentar una actitud que es común cuando como seres humanos somos sometidos, individual o colectivamente, a cargas muy altas de dolor o maltrato físico o psicológico. La recurrencia de los golpes o la sobrecarga de noticias negativas, nos hace quedar en gran medida anestesiados y con poca capacidad de reacción. De allí la necesidad de mantener la guardia en alto, impulsando acciones convergentes que permitan la construcción, durante una coyuntura en gran medida signada por la disputa electoral de octubre próximo, de un gran frente por la Verdad, la Verdad y toda la Verdad que sirva de muro de contención a los intentos de preservar la vigencia de los siniestros pactos regionales, a través de la sustitución de sus dirigentes políticos procesados por sus “nuevas generaciones”. Sólo así podremos vislumbrar una luz al final de este tenebroso túnel.

- Fernando Patiño Millán es presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 58
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org