Ginebra.- Luego de una semana de reuniones del Grupo de trabajo encargado de elaborar una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas reina un ambiente de pesimismo debido al estancamiento en que se encuentran las deliberaciones entre gobiernos e indígenas.

Al Grupo de Trabajo, que comenzó 28 de enero y se extenderá hasta el 8 de febrero de 2002, asisten 25 gobiernos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 17 gobiernos observadores y más de 60 representantes de ONGs y organizaciones indígenas.

El peruano Luis Enrique Chávez fue reelecto como presidente-relator del mismo, quien, sin embargo, por pedido de su gobierno, tuvo que ausentarse el 1 de febrero, dejando encargada la función al vicepresidente del Grupo, el ecuatoriano José Valencia.

Una propuesta de México intentó romper el estancamiento en el que se encuentran las deliberaciones. En concreto, este país planteó su apoyo al proyecto de Declaración aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en 1994, que es respaldado por los indígenas y que sirve de base para las discusiones.

En cuanto a los procedimientos, propuso la conformación de una mesa ampliada compuesta por el presidente-relator, el vicepresidente gubernamental y dos coordinadores de las organizaciones de pueblos indígenas.

El cambio de la posición mexicana, según dirigentes indígenas de esta nacionalidad, se debe a que la delegación gubernamental aceptó llevar al seno del Grupo de Trabajo la posición concertada de una mesa de diálogo entre gobiernos y organizaciones indígenas llevada a cabo el año pasado. En este contexto, México incluyó, como parte de su delegación oficial, al dirigente indígena Oscar Banda González.

La posición de México fue recibida con cierta satisfacción por los delegados indígenas que esperaban que, de esta forma, el Grupo de Trabajo salga del inmovilismo en el que se encuentra. Pero la mayoría de delegados gubernamentales no pensaban igual, y, de hecho, la propuesta mexicana fue descartada. Sin embargo, tras largas deliberaciones que los gobiernos realizan en forma privada -que en la jerga diplomática denominan “consultas oficiosas”-, éstos invitaron a un representante del “caucus indígena” a estar presente en sus conversaciones.

El “caucus indígena” respondió que “no podemos aceptar esta invitación porque no queremos utilizar el tiempo, la energía y los recursos asignados a las sesiones plenarias en las que podemos desarrollar una manera de trabajar en conjunto, expresar nuestros puntos de vista e intentar allanar las diferencias que puedan surgir”.

Pese a que en forma repetida se ha señalado que la Declaración debe ser discutida y aprobada con “amplia participación indígena”, esto muchas veces no se cumple. Los indígenas, en forma reiterada, criticaron las reuniones informales y privadas que realizan los gobiernos. Por ejemplo, desde el 15 al 17 de octubre del año pasado, presuntamente convocados por Canadá, se reunieron los delegados gubernamentales sin participación de representantes indígenas. Esta reunión tuvo el objetivo de elaborar un texto alternativo al de los indígenas, en lo que se refiere a los artículos 6,7,8,9,10 y 11 del Proyecto de Declaración, que son materia de discusión en este período de sesiones del Grupo de Trabajo.

 Las discrepancias

Los indígenas insisten en que se deben adoptar 45 artículos aprobados por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en el que incluyen el derecho a la libre determinación, el reconocimiento de sus tierras y territorios, el derecho a practicar y revitalizar su identidad, sus tradiciones y costumbres culturales, el derecho a desarrollar sus propios sistemas de salud y educación, entre otros.

Solo unos pocos Estados, en los que se encuentran Ecuador, Guatemala y ahora México, estarían dispuestos a apoyar la declaración tal y conforme plantean los indígenas. La mayoría de Estados han hecho reparos a casi todos los artículos del proyecto, pero principalmente ponen objeciones en los temas relativos a la libre determinación, el uso del término pueblos indígenas, los derechos colectivos, el reconocimiento de los territorios indígenas, el control y utilización de los recursos naturales.

El tema de la libre determinación es tan espinoso que el presidente- relator del Grupo de Trabajo, Luis Enrique Chávez, planteó que es mejor aplazar su discusión para el siguiente año y que se puede avanzar con otros temas menos polémicos. Muchos delegados gubernamentales, dijo, no tienen el mandato de sus gobiernos para tratar un tema de esta índole.

Los indígenas consideran que la libre determinación es un derecho no negociable pues encierra la esencia de sus reivindicaciones y aspiraciones como pueblos.

El presidente-relator Luis Enrique Chávez, sometió a discusión el artículo 13 del Proyecto de Declaración, que señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar los objetos de culto, y a obtener la repatriación de restos humanos.

 Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas interesados, para que se mantengan, respeten y protejan los lugares sagrados de los pueblos indígenas, en particular sus cementerios”.  Mientras los indígenas apoyan la adopción de este artículo tal y como está redactado en la Declaración, la posición de los Estados está dividida. Unas lo aceptan, pero otros pretenden limitarlo sometiendo este derecho al marco de las legislaciones nacionales e incluso invocando los “derechos de terceros”. ¿Quiénes son los terceros? ¿Acaso las empresas privadas, los ganaderos, los colonos, las transnacionales?, interrogan los indígenas. Cabe indicar que muchas veces los lugares considerados sagrados por los indígenas no se respetan o han sido objeto de saqueos por parte de traficantes de objetos antiguos a constructores privados.

Tras siete años de duras y a veces tensas deliberaciones entre pueblos indígenas y gobiernos, éstas se encuentran en un punto muerto, a juzgar por los resultados. Desde 1995, se han aprobado solo dos de los 45 artículos.

 Aunque se conoce que los períodos y los procedimientos para la adopción de instrumentos jurídicos internacionales en Naciones Unidas suelen ser largos y complejos, en el caso de esta Declaración hay un elemento a considerar: la presión pública hacia los gobiernos para que la Década de los Pueblos Indígenas concluya en el 2004 con resultados concretos: uno de ellos sería la adopción de la mencionada Declaración. Sin embargo, muchos Estados no se dan ni por enterados, en tanto que los indígenas no están dispuestos a esperar otros 500 años para que sus derechos como pueblos y como seres humanos sean respetados.