Bolivia:
Hacia la distribución equitativa de la tierra
27/06/2006
- Opinión
Santa Cruz
A inicios de junio, ante una multitudinaria concurrencia conformada por indígenas, campesinos, trabajadores del campo –hombres y mujeres- de todas las latitudes del país, fiel reflejo de la diversidad de culturas y pueblos de Bolivia, el presidente Evo Morales emitió 7 decretos supremos que son el inicio de lo que él llamó de Revolución Agraria.
Este acto tuvo lugar en Santa Cruz, una de las ciudades más “conservadoras” del país, que concentra a grupos de poder económico ligados principalmente a la agro-exportación y a la banca que vienen acogiendo a latifundistas, concesionarios madereros, empresas petroleras transnacionales, promotores de la agroindustria para la exportación y los transgénicos; sectores que se autodefinen como el paradigma del desarrollo, la prosperidad y la pujanza que aporta con divisas al país y por tanto son sujetos de privilegios –privilegios que siempre han tenido desde tiempos de las dictaduras militares hasta los gobiernos fieles a las recetas económicas neoliberales que cerraron su ciclo en el 2005-.
En ese contexto, el actual gobierno nacional, coherente con el cambio y en cumplimiento de sus ofertas electorales, ha mostrado que con voluntad política y en democracia es posible trabajar para el pueblo que, en el tema agrario, se trata de indígenas, campesinos y empresarios productivos que vienen demandando desde al menos hace dos décadas seguridad jurídica de la tierra, pero con distribución, acceso y tenencia equitativos y con justicia social; situación que no se daba, sino más bien los acaparadores de la tierra y los bosques, en coordinación con los gobiernos de turno a los cuales se habían incrustado, venían distorsionando las leyes y cometiendo una serie de irregularidades a fin de facilitar la concentración de la tierra en pocas poderosas manos.
El alcance de la reforma
Los decretos recientemente lanzados, no hacen más que corregir esas distorsiones y acelerar el cumplimiento de la ley respecto a la distribución justa de las tierras, dando prioridad a indígenas y campesinos, hombres y mujeres. Apuntan, en principio, a distribuir las 3,1 millones de hectáreas de tierras fiscales detectadas hasta el momento mediante el proceso de saneamiento de tierras –mecanismo creado por ley para esclarecer la estructura de la tierra en Bolivia y su estado de tenencia legal o ilegal por parte de los diferentes actores-, cantidad que los anteriores gobiernos mantenían en el oscurantismo y estaban lejos de distribuirlas. Estas tierras favorecerán a 35.295 familias indígenas y campesinas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Asimismo, uno de los decretos condiciona, a quienes se beneficien de dichas tierras, a realizar un manejo sostenible y productivo de las mismas, caso contrario tendrán sanciones y serán sujetos de reversión.
Otro decreto incorpora el control social de las partes interesadas al proceso de saneamiento, esto garantiza transparencia y participación democrática. Otro decreto a destacar es el que declara emergencia nacional la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, pues la historia ha demostrado que los retrasos han favorecido la consolidación latifundios e impedido la distribución de tierras a indígenas y campesinos, es más, ese manejo cupular y reservado del saneamiento, ha propiciado la invasión de terceros -muchos ligados a los grupos de poder, con afanes de especulación de la tierra y los recursos naturales o de explotación irracional- sobre las Tierras Comunitarias de Origen de los pueblos indígenas que llevan ya 10 años tratando de consolidar sus territorios demandados. Por último, la histórica demanda de las mujeres campesinas ha sido recogida en los decretos que ahora obligan a que los títulos de la propiedad agraria salgan tanto a nombre de la mujer como del hombre y ya no sólo a nombre del esposo.
Proceso participativo
Por otra parte, el cambio no sólo radica en el contenido mismo de los decretos, sino también en la forma en cómo se los ha diseñado. Dichas disposiciones no son producto de un trabajo de gabinete del ministerio del área, son el resultado de un largo proceso de consulta en el que participaron todas las organizaciones indígenas y campesinas del país en el que tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones, levantar un diagnóstico de la realidad agraria nacional y elaborar, previa concertación, las políticas que fueron plenamente asumidas por el gobierno nacional. Es la primera vez, desde la promulgación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996, que estos sectores son consultados por las autoridades. Anteriormente, las políticas agrarias se las diseñaba e implementaba entre los gobiernos de turno y el sector empresarial y agroexportador, cuyos resultados dieron las escasas cifras sobre el avance en la titulación de tierras de tan solo el 18% del total de las tierras bajo objeto de saneamiento en el país (107,47 millones de hectáreas), el 30% llegó a entrar al proceso de saneamiento y a un restante 52% no se las había tocado aún. Estos resultados se alcanzaron en cerca de 10 años y significó una inversión de 100 millones de dólares estadounidenses.
Las transformaciones recién empiezan, el gobierno nacional ha anticipado que en los siguientes nueve meses se distribuirán otras 4,7 millones de hectáreas bajo los mismos principios. Luego se vienen medidas de fomento a la producción y generación de mercados para dignificar el trabajo empobrecido de los trabajadores del campo que muy pocas veces han conocido políticas solidarias y pensadas en ellos.
Reacción
Estos cambios de visión, obviamente han desencadenado conflictos provocados por las reacciones de quienes sienten perder sus privilegios y por tanto sus latifundios y el acceso discrecional a los recursos naturales. Las reacciones han sido duras y violentas, han arremetido contra las políticas del gobierno con mentiras y/o medias verdades que, mediante una meticulosa estrategia de manipulación en “sus” medios de comunicación, han logrado convencer a la opinión pública a su favor y lo que es peor, han avivado sentimientos racistas y regionalistas contra indígenas y campesinos / as, confrontando los pueblos andinos del país contra los pueblos de tierras bajas; han creado innecesarios enfrentamientos sangrientos y disputas artificiales por la tierra, acarreando a grupos indígenas a los que les pagan “jornales” para mostrar que las políticas gubernamentales son malas y finalmente han conformado grupos de autodefensa de la tierra.
Actualmente, las organizaciones indígenas y campesinas están coordinando para que la distribución de las tierras, es decir la aplicación de los decretos y políticas gubernamentales, se haga de manera ordenada y planificada, para que las tierras lleguen realmente a quienes las necesitan.
Leila Corteza es parte del Programa de Comunicación del CIPCA-Santa Cruz
A inicios de junio, ante una multitudinaria concurrencia conformada por indígenas, campesinos, trabajadores del campo –hombres y mujeres- de todas las latitudes del país, fiel reflejo de la diversidad de culturas y pueblos de Bolivia, el presidente Evo Morales emitió 7 decretos supremos que son el inicio de lo que él llamó de Revolución Agraria.
Este acto tuvo lugar en Santa Cruz, una de las ciudades más “conservadoras” del país, que concentra a grupos de poder económico ligados principalmente a la agro-exportación y a la banca que vienen acogiendo a latifundistas, concesionarios madereros, empresas petroleras transnacionales, promotores de la agroindustria para la exportación y los transgénicos; sectores que se autodefinen como el paradigma del desarrollo, la prosperidad y la pujanza que aporta con divisas al país y por tanto son sujetos de privilegios –privilegios que siempre han tenido desde tiempos de las dictaduras militares hasta los gobiernos fieles a las recetas económicas neoliberales que cerraron su ciclo en el 2005-.
En ese contexto, el actual gobierno nacional, coherente con el cambio y en cumplimiento de sus ofertas electorales, ha mostrado que con voluntad política y en democracia es posible trabajar para el pueblo que, en el tema agrario, se trata de indígenas, campesinos y empresarios productivos que vienen demandando desde al menos hace dos décadas seguridad jurídica de la tierra, pero con distribución, acceso y tenencia equitativos y con justicia social; situación que no se daba, sino más bien los acaparadores de la tierra y los bosques, en coordinación con los gobiernos de turno a los cuales se habían incrustado, venían distorsionando las leyes y cometiendo una serie de irregularidades a fin de facilitar la concentración de la tierra en pocas poderosas manos.
El alcance de la reforma
Los decretos recientemente lanzados, no hacen más que corregir esas distorsiones y acelerar el cumplimiento de la ley respecto a la distribución justa de las tierras, dando prioridad a indígenas y campesinos, hombres y mujeres. Apuntan, en principio, a distribuir las 3,1 millones de hectáreas de tierras fiscales detectadas hasta el momento mediante el proceso de saneamiento de tierras –mecanismo creado por ley para esclarecer la estructura de la tierra en Bolivia y su estado de tenencia legal o ilegal por parte de los diferentes actores-, cantidad que los anteriores gobiernos mantenían en el oscurantismo y estaban lejos de distribuirlas. Estas tierras favorecerán a 35.295 familias indígenas y campesinas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí. Asimismo, uno de los decretos condiciona, a quienes se beneficien de dichas tierras, a realizar un manejo sostenible y productivo de las mismas, caso contrario tendrán sanciones y serán sujetos de reversión.
Otro decreto incorpora el control social de las partes interesadas al proceso de saneamiento, esto garantiza transparencia y participación democrática. Otro decreto a destacar es el que declara emergencia nacional la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, pues la historia ha demostrado que los retrasos han favorecido la consolidación latifundios e impedido la distribución de tierras a indígenas y campesinos, es más, ese manejo cupular y reservado del saneamiento, ha propiciado la invasión de terceros -muchos ligados a los grupos de poder, con afanes de especulación de la tierra y los recursos naturales o de explotación irracional- sobre las Tierras Comunitarias de Origen de los pueblos indígenas que llevan ya 10 años tratando de consolidar sus territorios demandados. Por último, la histórica demanda de las mujeres campesinas ha sido recogida en los decretos que ahora obligan a que los títulos de la propiedad agraria salgan tanto a nombre de la mujer como del hombre y ya no sólo a nombre del esposo.
Proceso participativo
Por otra parte, el cambio no sólo radica en el contenido mismo de los decretos, sino también en la forma en cómo se los ha diseñado. Dichas disposiciones no son producto de un trabajo de gabinete del ministerio del área, son el resultado de un largo proceso de consulta en el que participaron todas las organizaciones indígenas y campesinas del país en el que tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones, levantar un diagnóstico de la realidad agraria nacional y elaborar, previa concertación, las políticas que fueron plenamente asumidas por el gobierno nacional. Es la primera vez, desde la promulgación de la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996, que estos sectores son consultados por las autoridades. Anteriormente, las políticas agrarias se las diseñaba e implementaba entre los gobiernos de turno y el sector empresarial y agroexportador, cuyos resultados dieron las escasas cifras sobre el avance en la titulación de tierras de tan solo el 18% del total de las tierras bajo objeto de saneamiento en el país (107,47 millones de hectáreas), el 30% llegó a entrar al proceso de saneamiento y a un restante 52% no se las había tocado aún. Estos resultados se alcanzaron en cerca de 10 años y significó una inversión de 100 millones de dólares estadounidenses.
Las transformaciones recién empiezan, el gobierno nacional ha anticipado que en los siguientes nueve meses se distribuirán otras 4,7 millones de hectáreas bajo los mismos principios. Luego se vienen medidas de fomento a la producción y generación de mercados para dignificar el trabajo empobrecido de los trabajadores del campo que muy pocas veces han conocido políticas solidarias y pensadas en ellos.
Reacción
Estos cambios de visión, obviamente han desencadenado conflictos provocados por las reacciones de quienes sienten perder sus privilegios y por tanto sus latifundios y el acceso discrecional a los recursos naturales. Las reacciones han sido duras y violentas, han arremetido contra las políticas del gobierno con mentiras y/o medias verdades que, mediante una meticulosa estrategia de manipulación en “sus” medios de comunicación, han logrado convencer a la opinión pública a su favor y lo que es peor, han avivado sentimientos racistas y regionalistas contra indígenas y campesinos / as, confrontando los pueblos andinos del país contra los pueblos de tierras bajas; han creado innecesarios enfrentamientos sangrientos y disputas artificiales por la tierra, acarreando a grupos indígenas a los que les pagan “jornales” para mostrar que las políticas gubernamentales son malas y finalmente han conformado grupos de autodefensa de la tierra.
Actualmente, las organizaciones indígenas y campesinas están coordinando para que la distribución de las tierras, es decir la aplicación de los decretos y políticas gubernamentales, se haga de manera ordenada y planificada, para que las tierras lleguen realmente a quienes las necesitan.
Leila Corteza es parte del Programa de Comunicación del CIPCA-Santa Cruz
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