Un Congreso manchado por graves denuncias que comprometen a cerca de una tercera parte de sus miembros con grupos paramilitares que practicaron el exterminio contra líderes sociales y de oposición durante más de dos décadas y que en reciente informe del diario El Tiempo calcula entre 10 y 30 mil desaparecidos, perpetradores de cientos de masacres en la cual murieron miles y miles de colombianos con prácticas de sevicia y alevosía contra sus víctimas. Un tercio de este Congreso, esto es, cerca de 35 Senadores y más de 50 representantes a la Cámara están señalados de haber realizado alianzas con grupos paramilitares que a su vez son los mayores narcotraficantes del país. ¹

Estos cerca de 35 senadores y más de 50 representantes a la Cámara vienen votando proyectos de ley como el que recorta las transferencias destinadas a educación, salud y saneamiento básico para municipios y departamentos. Este recorte esta calculado en 49 billones de pesos que dejarán de invertirse en municipios y departamentos durante los próximos años hasta 2016 en que cesa el acto legislativo. Pero son los mismos parlamentarios que votaron la reelección presidencial, que aprobaron exención en el pago de impuestos para los terratenientes cultivadores de azúcar, palma africana, caucho, etc, es decir los llamados cultivos de rendimiento tardío. Fueron ellos también los que aprobaron la ley forestal que estaba tan burdamente presentada que tuvo que ser enmendada por el propio Uribe que la objetó, ante la protesta de todos los ex ministros del medio ambiente y de las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas. Pero aún con los niveles de ilegitimidad que derivan de su origen mafioso, el Congreso sigue adelante intentando aprobar, por ejemplo, una ley que reduce la antigüedad de los títulos de propiedad y de posesión de los campesinos a apenas cinco años –actualmente está en veinte años. Otras muchas leyes han sido aprobadas y la comunidad académica en Colombia debería iniciar un proceso serio de balance de las leyes que han sido aprobadas desde 2002 cuando se comprobó por parte de la Procuraduría, del Consejo de Estado y ahora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la existencia de un fraude masivo que se dio en las elecciones para Congreso de la República y luego en las elecciones presidenciales.

También las Organizaciones no Gubernamentales han probado que este Congreso legisló en beneficio de los grupos paramilitares con la aprobación de la ley 975 de 2005 que fue elaborada en la Casa de Nariño bajo la directa responsabilidad del presidente Uribe y que contó con la participación del entonces Vicefiscal General de la Nación Luís Alberto Santana, del entonces viceministro de Justicia Mario Iguarán Arana, actual Fiscal General de la Nación y del ex procurador Jaime Bernal Cuellar. Esta ley tal como salió del Congreso garantizaba la impunidad total de los grupos paramilitares así lo entendió la Honorable Corte Constitucional que en fallo del 18 de mayo de 2006 estableció serias enmiendas jurisprudenciales que obligan a los jefes paramilitares a la confesión plena de la verdad, la entrega de todos sus bienes a cambio de penas blandas de entre cinco y ocho años.

Desde entonces el gobierno del presidente Uribe se ha dado a la tarea de incumplir aspectos esenciales del fallo mediante la expedición de decretos reglamentarios que abiertamente lo desconocen. En el decreto 3391 de 2006 en contra de la sentencia de la Corte Constitucional decretó que el Estado no será responsable de la reparación a las víctimas y que solo habrá reparación si hay dinero y la reparación será principalmente colectiva y simbólica. La Corte había dicho en su fallo que deberían concurrir a la reparación en primer lugar el sujeto penalmente responsable, en segundo lugar los otros miembros de la organización ilegal y en tercer lugar el Estado. Así la Corte pretendió garantizar que los recursos económicos respondieran a la necesidad de la reparación y no al contrario.² Mediante el decreto 3391 de 2005 reconoce como parte de la pena los 18 meses que estuvieron los jefes paramilitares en Santafé Ralito en contra de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 31 de la ley que concedía este beneficio a los paramilitares. Este mismo decreto permite la reclusión de los jefes paramilitares en lugar de establecimientos carcelarios, el decreto 315 de 2007 y las resoluciones 0387 de 2006 y 3998 de 2006 restringe la participación de las víctimas en los procesos judiciales contra los jefes paramilitares. Pero lo más insólito ha consistido en lo que contiene el decreto 4436 de 2006, el gobierno pretendiendo reglamentar la ley 782 de 2002, señaló que debido a que la sentencia de la Corte Constitucional tiene efectos hacía el futuro, todas las personas que se hubieren desmovilizado antes del 18 de mayo de 2006 (fecha del fallo de la Corte), podrían seguir siendo considerados delincuentes políticos –sediciosos- y, por consiguiente, si al momento de su desmovilización no tenían cargos o condenas por delitos de derechos humanos, podrían conservar su beneficio de indulto que a su vez les fue concedido por el decreto 128 de 2003 reglamentario de la ley 782 de 2002. Sobra recordar que aproximadamente el 98% de los desmovilizados paramilitares no irían a la ley 975 porque están gozando del beneficio del indulto.³

El gobierno en el nivel nacional e internacional se ufana que gracias a sus actuaciones “transparentes” la ley de Justicia y Paz viene funcionando. Lo que demuestra la realidad es que la ley en lo poco que funciona no se debe al gobierno, sino a la actuación de la Corte Constitucional que salió en defensa de las víctimas y de la verdad, y de la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema que viene destapando los nexos entre los políticos y las mafias de paramilitares. Aún no sabemos en donde va a parar toda esta investigación, pues con el reciente auto de la sala penal que traslada las investigaciones a la Fiscalía, por lo menos en el caso de Jairo Merlano y Álvaro Araujo Castro, no dudamos en calificar esta decisión como muy grave porque atenta contra las posibilidades de éstas investigaciones y debilita el rol de la Corte Suprema de Justicia.

La reforma política propuesta

En medio de esta cruda realidad, el gobierno ha presentado una propuesta de reforma Constitucional que tendría como propósito fundamental blindar el proceso electoral de los fenómenos de infiltración, de coacción violenta al elector, en suma, buscaría superar el fenómeno de la parapolítica. En esencia el proyecto plantea una reforma con los siguientes contenidos principales:

1.      Una reforma al artículo 179 de la Constitución Política que agrega un numeral que dice que no podrán ser congresistas “Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente o de parentesco hasta en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con quienes siendo Congresistas hayan sido condenados por comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción, o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico”. Esta inhabilidad aplicará únicamente para los dos períodos constitucionales siguientes a la fecha de la condena.

2.      Varios agregados al artículo 107 de la Constitución que señala “Todo ciudadano que resulte elegido por un partido o movimiento político con personería jurídica vigente, deberá actuar a nombre de esa colectividad hasta la terminación del período constitucional para el que resultó electo. Ello no obsta para que pueda inscribirse a nombre de otro partido o movimiento para el período siguiente, previa renuncia a la colectividad de la cual venía haciendo parte.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Tal conducta se conocerá como doble militancia. Todo ciudadano que incurra en ella, y llegare a ejercer o estuviere ejerciendo cargo de elección popular será sancionado con la pérdida de la curul o cargo respectivo. Dicha vacante será suplida conforme a lo señalado en la Constitución Nacional por faltas absolutas.

Será causal de pérdida de investidura la doble militancia de miembros de corporaciones públicas de elección popular. (Los destacados en negrilla son los nuevos contenidos).

Quien participe en las consultas ú otro modo de selección interna de candidatos de un partido o movimiento político, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso. En caso de ser inscrito, en contra de lo aquí previsto, la inscripción será inexistente.

Quien habiendo sido elegido a un cargo o Corporación Pública en representación de un partido o movimiento político, y durante su ejercicio se retire del mismo sin cumplir los procedimientos establecidos en los estatutos de su partido para afiliarse a otro, será sancionado con pérdida de la curul o cargo respectivo. Dicha vacante será suplida de acuerdo con lo señalado en la Constitución Nacional para faltas absolutas.

A quien se le niegue la inscripción como candidato por un partido o movimiento o se le expulse del mismo por las causales previstas en el artículo 108, no podrá ser inscrito por otro partido o movimiento político como candidato para la siguiente elección.

Previo cumplimiento de sus estatutos, dos o más partidos podrán presentar candidatos de coalición en las elecciones uninominales. Deberán acordar y presentar ante el Consejo Nacional Electoral el procedimiento interpartidista que aplicarán para escoger el candidato y su reemplazo, en caso de falta absoluta del elegido; los logos y símbolos que utilizarán en la campaña y en el tarjetón electoral, y la distribución de los gastos de campaña y de la votación para determinar el valor de funcionamiento de cada partido durante los años subsiguientes.

La candidatura por coalición no configurará doble militancia ni para el candidato ni para quienes lo apoyen.

En el evento en que los partidos acordaren acoger el candidato de coalición por medio de consulta interpartidista en la que uno o varios presenten su respectivo candidato para, entre ellos, escoger el de coalición, el Consejo Nacional Electoral la autorizará y la Registraduría Nacional del Estado Civil colaborará en su realización”.

3.      El artículo 108 de la Constitución Política también tiene importantes modificaciones en el proyecto. La primera es la de elevar el umbral del 2% del total de votos emitidos validamente al 3%. Como se sabe sólo los partidos que superen este umbral mantendrán su personería jurídica y para el reparto de las curules.

Además el artículo 108 tiene varios agregados que destacamos en negrilla.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos, así como las responsabilidades que a los partidos y movimientos políticos les pueda corresponder.

Los partidos, movimientos políticos, o grupos significativos de ciudadanos que hayan avalado la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas de elección popular, condenados por comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción, o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, o por delitos contra el patrimonio público, serán sancionados con:

1.      Pérdida de la curul del elegido. La curul quedará vacante hasta el final del período. Si se trata de cargos uninominales, el partido o movimiento político, no podrá postular candidatos para la siguiente elección, ni enviar terna para designar reemplazo, caso en el cual el nominador proveerá discrecionalmente la vacante;

2.      Los votos obtenidos por el candidato serán excluidos del resultado obtenido por la lista a la que pertenezca. Si luego de esta exclusión el resultado obtenido no supera el umbral establecido para la correspondiente elección, el Partido o el Movimiento Político perderá la personería jurídica y las curules perdidas serán distribuidas nuevamente entre las listas que superen el umbral.

3.      Si el partido pierde más del 50% de sus miembros en el Senado de la República o la Cámara de Representantes, perderá la personería jurídica. Si lo anterior tiene lugar en Corporaciones de nivel departamental o municipal, el partido o movimiento perderá la posibilidad de presentar candidatos en las elecciones siguientes de la respectiva circunscripción.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos con el cumplimiento de los requisitos que establezca la ley.

4.      El artículo 164 de la Constitución Nacional también sería reformado “Las faltas absolutas o temporales de los miembros de las Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, a menos que hayan sido objeto de las sanciones previstas por el artículo 108 de la Constitución Política, caso en el cual se aplicará el procedimiento establecido.

5.      Al artículo 183 de la Constitución Política se le agrega un numeral que señala una nueva causal para la pérdida de investidura de los Congresistas. “6. Por incurrir en doble militancia o transfuguismo, según lo previsto en el artículo 107.”

6.      También se adiciona el artículo 303 de la Constitución Nacional en cuanto a la designación de gobernadores departamentales que como ya vimos podrán ser nombrados directamente por el nominador, es decir por el Presidente de la República cuando los titulares sean condenados por delitos relacionados con la conformación de grupos armados ilegales o por sectores de narcotraficantes.

7.      También se modifica el artículo 314 de la Constitución Política con relación a la designación de los Alcaldes Municipales condenados por la conformación de grupos armados ilegales o por complicidad con los mismos o con organizaciones de narcotraficantes. En este caso y si faltaren 18 meses del periodo institucional deberán ser designados por los gobernadores departamentales.

8.      El artículo 258 también será reformado estableciendo el voto obligatorio.

Una reforma política incompleta

Hay tres fenómenos que hay que entrecruzar para acercarnos al debate sobre la superación de la parapolítica en las circunstancias actuales del país. En primer término hay que referirnos a los desequilibrios en la arquitectura constitucional derivados de la reforma que estableció la reelección presidencial inmediata en Colombia. En un segundo aspecto tenemos que referirnos a los aspectos de la legislación electoral que favorecen la presencia de actores mafiosos y actores ilegales en las corporaciones públicas de elección popular y, finalmente, señalaremos los problemas relacionados con el desigual desarrollo territorial, la premodernidad cultural y política, y los nexos entre la vida local y regional con la vida nacional. Aquí no nos vamos a referir en detalle a todos estos aspectos, solo lo haremos parcialmente con el primer y el tercer tema. Sobre estos aspectos hemos escrito recientemente un texto que está publicado en otro lugar. ⁴

Aquí me voy a referir sucintamente al primer y tercer fenómeno. Con respecto a la figura constitucional de la reelección inmediata, es ya un lugar común, excepto entre los furibistas que se niegan a pensar en el país en el largo plazo y que ven como enemigos a todos aquellos que criticamos aspectos fundamentales del régimen político bajo la reelección inmediata, hay repito, consensos básicos sobre la necesidad de medidas en la arquitectura constitucional que deberían ser modificadas para que el Estado Social y Democrático de Derecho, nacido en la Constitución de 1991 no se vea afectado en el equilibrio de poderes.

Digamos, así sea brevemente, que con la figura de la reelección inmediata están en peligro logros fundamentales de la división de poderes que fueron piezas y logros importantes en la Constitución de 1991. En primer lugar, la independencia del poder de la rama judicial está quebrantada por el hecho de que por primera vez el Presidente de la República podrá postular y nombrar de manera indirecta a un tercio de la Corte Constitucional.⁵ Aquí valga anotar que del conjunto de los organismos del Estado durante los 16 años de vigencia de la Carta Política quien ha reivindicado la independencia de poderes interpretando los derechos de los ciudadanos ha sido precisamente la Corte Constitucional.

También se afectarán otros organismos que están en vías de caer bajo la figura del autocrático presidencialismo como son la Junta Directiva del Banco de la República, la Defensoría del Pueblo que ha sido ya tomada por dentro con un defensor casi plegado completamente a los designios del ejecutivo y un Procurador que no muestra independencia de manera contundente. Aquí hay que abrir una gran discusión sobre el período de los magistrados de las altas cortes y sobre su forma de elección. Una propuesta como la de aumentar el período de los magistrados a diez años podría ser interesante siempre y cuando también cobijara a los que actualmente ocupan estos cargos o por lo menos a quienes los estén ocupando cuando sea aprobada una reforma constitucional.

Los organismos de control en Colombia podrían cumplir un papel destacado en la protección de la democracia y en el ejercicio de la real división de poderes. Sin embargo, y desde la Constitución de 1991, hemos planteado que los organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación deberían estar en manos de la oposición o por lo menos en manos de partidos distintos a la coalición de gobierno. Esto supone avanzar en la creencia de que estos organismos son organismos de Estado y no de gobierno. La oposición está dentro del Estado y, por ello, legítimamente puede aspirar a que por lo menos sean partidos independientes de la coalición de gobierno quienes accedan a los organismos de control. El dominio paramilitar podría haber sido debilitado en muchos lugares del país si organismos como la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República hubiesen estado al lado de las víctimas de manera decisiva, al lado de cientos de veedores ciudadanos que por denunciar alianzas y corruptelas fueron asesinados sin que los organismos de control hubiesen asumido seriamente las investigaciones por las denuncias realizadas.

Una reforma de estos organismos en su conformación, en su nominación y nombramiento así como en el conjunto de la rama judicial profundizaría la democracia, única forma de superar la parapolítica y la coacción de actores violentos. En esta misma dirección podría pensarse de la elección del Fiscal General de la Nación. Una propuesta originalmente planteada en el proyecto del Partido Liberal para el restablecimiento de los poderes podría ser considerada y nos parece que se orienta en la dirección acertada. Nos referimos al cambio en la forma como se elige actualmente al Fiscal y que conlleva demasiados riesgos para garantizar la independencia de la rama judicial. Actualmente es el Presidente de la República quien postula una terna para que sea la Corte Suprema de Justicia quien elija al Fiscal General. Podría, incluso, invertirse el procedimiento y propone por ejemplo que sean la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los que postulen cada uno un candidato y que sea el Presidente de la República quien nombre de esta terna al Fiscal General de la Nación. Con ello se garantizaría un mínimo de independencia en la escogencia del máximo investigador judicial del país.

En cuanto a la reforma política presentada es bueno señalar que en algunos aspectos se orienta en la dirección adecuada, pero también hay que indicar que es incompleta. Una reforma política que no contemple los mecanismos para restablecer el equilibrio de poderes quebrantado por la reelección inmediata es incompleta en el país. La reelección no fue sólo la reforma de un articulito, sino la modificación de una estructura constitucional que fue pensada y aprobada sin reelección inmediata y que modificó, como lo hemos demostrado en las líneas anteriores, la división de poderes. La reforma debe restablecer la división de poderes manteniendo y profundizando la independencia de la rama judicial del poder público y principalmente la independencia de la Corte Constitucional, los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación.

En cuanto al contenido de la reforma política y sin desmedro de un comentario más amplio que haremos en un próximo número me permito presentar consideraciones que creo importantes para la superación del fenómeno de la parapolítica. En primer lugar hay temas cruciales que no se encuentran en el proyecto de reforma constitucional y que no han sido incluidos hasta donde tengo información en la ponencia presentada y aprobada ya en la Comisión Primera del Senado de la República. Primero está el tema del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. Este financiamiento debe ser totalmente público y como en la ley de garantías para las pasadas elecciones presidenciales deben contemplarse mecanismos como anticipos con base en garantías reales, giro sobre las tesorerías de los partidos o coaliciones y cuentas auditadas por firmas especializadas y competentes. Sobre ellas deberá hacer un seguimiento el Consejo Nacional Electoral que, a propósito, debería ser reformado de verdad sin entregarlo como en la reforma de 2003 a los partidos políticos. Ellos mismos no pueden vigilarse así mismos. Hay que crear un verdadero Tribunal Electoral perteneciente a la rama judicial del poder público. La reforma de 2003 es un fiasco total como ya se pudo comprobar en la elección del actual Consejo en el que hubo denuncias por transfuguismo y compra de votos para su elección.

Un segundo tema es que la reforma al artículo 179 que hemos descrito en líneas atrás y que en teoría busca acabar con los clanes familiares en el ejercicio de la política, esto es loable pero inconstitucional. Diversos constitucionalistas han advertido que así sea una medida transitoria este artículo viola el principio de igualdad y no resistirá un análisis de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Habría que pensar en mecanismos que lleven efectivamente a la superación de los clanes y formas asociadas al clientelismo y a la formación ciudadana. Debemos recordar que en estas materias las normas ayudan a lograr transformaciones, pero, al mismo tiempo, hay que emprender cambios profundos en la cultura política y en la educación ciudadana que es en donde realmente anidan los cambios democráticos de largo aliento. En este terreno sería mucho más útil que la propuesta inconstitucional de inhabilitar a familiares de políticos corruptos se acudiera a normas sancionatorias de prácticas clientelistas que están detrás de los clanes electorales. Drásticas medidas en contra de la compra de votos, del cambio de puestos y obras financiadas por el erario público a cambio de votos, etc. Aquí habría que dar real poder a las Misiones de Observación Electoral y a los organismos de veeduría y control ciudadano para retirar candidatos que estén promoviendo sus candidaturas a cambio de bultos de cemento, de trasteo de electores, de retención de cédulas. Si estas conductas se pueden probar debería impedirse que estos candidatos concurran a las elecciones. Estas medidas resultarían mucho más eficaces que el anuncio de inhabilidades para familiares que además de ser inconstitucional no ataca el problema de fondo del clientelismo y la corrupción.

En cambio nos parece acertada la propuesta de elevar el umbral hasta un cinco por ciento para lo cual podría acudirse a un artículo transitorio que lo haga de manera progresiva. Hoy el umbral está en el dos por ciento y ya produjo un reagrupamiento que dejó en diez el total de partidos nacionales reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Podría acordarse que en las elecciones de 2010 el umbral fuera del 4% y en el 2014 del cinco por ciento para ir conduciendo a la reorganización de la sociedad política. Hay que dar un último impulso para que desaparezcan las microempresas electorales que era un mal presente en la política colombiana y a lo cual la Constitución de 1991 contribuyó en la creencia de que el pluralismo se garantizaría sobre la base de la laxitud en los mecanismos para el reconocimiento de las personerías jurídicas de los partidos políticos.⁶

Fortalecimiento de bancadas y castigo al transfuguismo

También van en un camino acertado las propuestas que buscan la pérdida de la investidura para los parlamentarios que practican el lentejismo y el transfuguismo político que consiste en hacerse elegir por un partido y por unas posturas políticas y una vez elegido abandonar al partido y cambiarse de bando. En Colombia esta práctica fue línea de conducta de los partidos tradicionales hasta épocas muy recientes. Por ello pienso que son acertadas las reformas que castigan con la pérdida de investidura al transfuguismo político así como la prohibición de la doble militancia y los límites a quienes se presenten como precandidatos y luego de ser derrotados van a otros partidos para conseguir su aval. Esto impone unas normas de conducta partidista que son importantes para quienes aspiran a un cargo público de elección popular.

También son acertadas las propuestas que permiten la conformación de coaliciones electorales, la escogencia de sus candidatos con el concurso del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

No obstante, el meollo de la reforma propuesta lo constituye la pérdida de la curul para los partidos que hayan avalado candidatos que resultaren condenados por comisión de delitos relacionados con la pertenencia, promoción, o financiación de grupos armados ilegales o actividades del narcotráfico o por delitos contra el erario público. Estas sanciones serían la pérdida de la curul del elegido para todo el período si se trata de corporaciones públicas (Junta Administradora Local, Concejo, Asamblea, Cámara y Senado) y si se trata de un cargo de elección uninominal (Alcalde o Gobernador) el partido o movimiento político pierde el derecho a postular la terna para designar su reemplazo y entonces el Presidente de la República (para los gobernadores) o el Gobernador (para los alcaldes) procederá a designarlos. Aquí se presenta una incongruencia total puesto que el Presidente o el gobernador podrán terminar nombrando alcaldes o gobernadores afectos a su coalición de gobierno o cercanos a los grupos que perdieron el cargo si son de su propia coalición. Habría que establecer una real sanción que consistiría en que si los gobernadores son de la misma coalición que el Presidente de la República debería ser un organismo independiente (una de las Cortes o el Tribunal Judicial del Departamento el que postule la terna para que formalmente el Presidente o el gobernador si se tratare de un Alcalde lo nombre. Esto sería realmente un castigo y un mecanismo preventivo para evitar el aval de aliados de grupos armados ilegales. El resto se puede convertir en un rey de burlas como lo que está sucediendo en Magdalena en donde el clan Vives ha postulado la terna para reemplazar a Trino Luna, cobijado con medida de aseguramiento por sus presuntos nexos con los grupos paramilitares que lo habrían elegido. La propuesta habría que mejorarla pero va en una línea adecuada.

Lo propio en la segunda sanción prevista en la reforma que dispone que se descontarán los votos que haya obtenido el elegido de la lista a la que pertenezca y si con esta sustracción el partido o movimiento no supera el umbral establecido para la correspondiente elección el Partido o Movimiento perderá la personería jurídica y las cúrules pérdidas serán distribuidas nuevamente entre las listas que superen el umbral. Esta medida también es justa y va en la dirección acertada de obligar a los partidos y movimientos a cuidar y vigilar el otorgamiento de los avales. Una medida complementaria es la que propone la reforma cuando señala que si el Partido o Movimiento Político pierde más del cincuenta por ciento de sus miembros en el Senado o en la Cámara de Representantes, perderá la personería jurídica. Solo una observación. Todo esto será letra muerta si los procesos judiciales son en exceso demorados. En el Consejo de Estado que tiene el record un proceso como la denuncia por fraude en el año 2002 demoró hasta finales de 2005 para ser fallado, con lo cual las sanciones se convierten en simbólicas. Vamos a ver cuánto tiempo se demoran la Corte Suprema y la Fiscalía para decidir la suerte de los hasta ahora nueve parlamentarios detenidos por la parapolítica.

Finalmente con respecto al voto obligatorio. Este de ser establecido debería serlo de manera transitoria por un lapso de unos ocho o doce años que permita evaluar sus resultados. Siempre he pensado que no hay que temer a medidas que estimulen la participación electoral en un país en el cual hay una abstención de cerca de la mitad o más de la población. Pero tampoco he temido al voto obligatorio que funciona en otras democracias de América Latina como la brasilera. Lo que pasa es que no creo que la coalición uribista mantenga esta propuesta hasta el final.

Un colofón final. Falta una verdadera reforma al sistema electoral colombiano que no requiere de reforma constitucional. Ella puede ser adoptada mediante una ley estatutaria que reemplace el viejo código electoral de 1986 que es anterior a la Constitución. Esta reforma debe comenzar por elementos simples pero fundamentales: depuración del censo electoral, documento único de identidad (en la actualidad hay tres que no garantizan ninguna seguridad al sistema electoral colombiano), verdaderos cubículos que permitan el carácter secreto del voto, pluralización de los jurados de votación, estimulo a la formación por parte de los partidos de testigos electorales, normas sobre el carácter gratuito de medios de comunicación públicos, normas únicas para el financiamiento de partidos y campañas, y mecanismos para la rendición pública de cuentas de dichos partidos. También debería incluirse un capítulo que reconozca la observación electoral como un derecho de la sociedad a la vigilancia electoral, pero al mismo tiempo debería pensarse en serio en mecanismos de control como los programas de software electoral y poner en marcha el voto electrónico con mecanismos de seguridad incluidos. Todo esto debería ser normado en una ley electoral moderna y acorde a la Constitución Política de 1991.

1 El Tiempo 24 abril de 2007. Colombia busca sus muertos. Páginas 1-5 a 1-10.

2 Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. Graves obstáculos para el cumplimiento de la sentencia C-370 de 2006 sobre justicia y paz. Bogotá mayo de 2007.

4 Santana Rodríguez, Pedro. Responsabilidad Política y Superación de la Parapolítica. Revista Foro No 61, Bogotá mayo de 2007.

5 En efecto el Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez postulará tres ternas de candidatos para elegir a tres Magistrados de la Corte Constitucional, comenzando en junio de 2007 cuando deberá postular una terna para que el Senado de la República elija el reemplazo del Magistrado Álvaro Tafur Galvis. Igual lo hará para reemplazar a otros dos magistrados en el primer semestre de 2009. Ya sabemos que el presidente Uribe postula ternas que tienen una sola característica: candidatos incondicionales del ejecutivo.

6 Santana Rodríguez, Pedro. Colombia necesita una reforma Política. Revista Foro No 47, Bogotá Mayo de 2003. p. p. 13- 31.