Salta

¿Por qué y para qué, una nueva ley de educación? Estas preguntas que para algunos pueden parecer en cierto sentido, obvias, nos habilitan la posibilidad de analizar y evaluar la urgencia, pertinencia o necesidad de generar un acontecimiento de esta magnitud.

Las razones que llevan a proponer este cambio, no están explicitadas en los documentos ofrecidos desde el Ministerio de Educación, para la información y el debate, aunque pueden ser deducidas de las problemáticas señaladas como interrogantes en esos documentos, como así también de los trabajos elaborados por quienes ocupan, en la actualidad, algunos de los cargos de conducción en ese ministerio y de los cuestionamientos y críticas provenientes de los distintos niveles del Poder Ejecutivo en relación a las políticas aplicadas en la década de los ’90, etapa histórica en la que se sancionó e instrumentó la actual Ley Federal de Educación.

Si se toma en consideración el hecho de que el actual gobierno se presenta en sociedad como una antítesis, en términos económicos, políticos y sociales, del modelo instrumentado en aquella época, es posible interpretar que su proyecto educativo está concebido como una de las herramientas políticas, destinado a instalar y estabilizar un nuevo modelo de desarrollo económico y social, y este puede ser el contexto que se tome como referencia, para el análisis de la propuesta.

Efectos de las políticas neoliberales

Por otro lado y para poder ubicar el lugar desde el cual se concibe la crítica, es necesario dejar en claro cómo se evalúan los efectos, que en la educación, tuvieron las políticas neoliberales, haciendo referencia en algunas de las consecuencias sobre la sociedad toda. Esto es necesario por el hecho de que, para algunos grupos de poder la reforma se encuentra aún inacabada y por ello no muestra sus mejores resultados, mientras que para otros sectores de la sociedad, los resultados de la aplicación de la LFE sirvió para profundizar y agravar la crisis de la educación Argentina.

El punto de partida adoptado para el presente análisis y que coincide con la segunda perspectiva crítica, identifica como un componente central de las estrategias políticas del neoliberalismo, el principio, elevado a la categoría de dogma, que las sociedades sólo pueden generar un desarrollo económico cuando reducen y limitan los grados de intervención del Estado en la economía y en la atención de las políticas sociales. Ello supone la transferencia, de esa responsabilidad al ámbito de la actividad privada.

Las propuestas de políticas educativas basadas en esta premisa se expresaron a través de diferentes proyectos: la idea de los “bonos educativos”, las “escuelas charter” o las iniciativas para promover “escuelas de autogestión”, constituyeron algunos de las formas como se buscó transferir del Estado al ámbito privado las responsabilidades de proveer educación. La “eficiencia en la gestión” fue destacada como la principal herramienta para superar los problemas de la educación, utilizando para ello la lógica de la empresa comercial.

Una estrategia, ejecutada dentro de esta misma línea de argumentación, se puso de manifiesto en la flexibilización de las normas que establecen las condiciones exigibles a las instituciones privadas que brindan actividades educativas. Estas decisiones facilitaron la creación de instituciones (principalmente en los niveles superiores del sistema) dedicadas al “negocio de la educación” en las que se otorgan certificaciones que, desafiando la más prolífica imaginación por sus denominaciones, se ofrecen como destinadas a satisfacer supuestas demandas laborales. La desaparición o flexibilización del Estado de los sistemas de supervisión y control, favoreció la mercantilización de la educación en desmedro de aquellas instituciones, la mayoría de ellas públicas, que no se encuentran regidas por esa dinámica.

Otro principio, expresado también como un dogma, se manifestó en la afirmación de que el mercado es el mecanismo que opera con mayor justicia en el reparto de los bienes generados y producidos por la sociedad y en consecuencia debe ser considerado como la mayor expresión de la democracia. Las acciones derivadas de este supuesto se pusieron de manifiesto en la búsqueda por introducir la competencia entre las instituciones educativas para captar la “clientela”, como así también se intentó incorporar en el salario docente la variable de la “productividad”. La eficiencia del trabajo docente, medido desde el cálculo de costo – beneficio, ejemplifica la forma como se concretiza un razonamiento mercantilista en educación.

La culminación del proceso de transferencia de las instituciones educativas a las provincias, fue otra de las acciones en la que se reflejaba la influencia del ideario neoliberal, dado que las mismas derivan de una idea básica en esta filosofía y que es la que afirma que los individuos sólo se interesan por aquello en lo que se sienten involucrados de manera directa. En ese sentido y suponiendo un efecto cascada, las transferencias de responsabilidades se iniciaba desarmando el sistema educativo estatal centralizado para que lo asuman las provincias, luego los municipios, para culminar en las propuestas de modelos institucionales en los que la participación de los sectores involucrados en la educación (padres, docentes, instituciones sociales, etc.) paulatinamente reemplazarían al Estado en la responsabilidad de sostener el Sistema y al que finalmente le quedaría la tarea de atender, de manera focalizada, a los sectores sociales que no podían acceder a esas ofertas privadas.

La fragmentación y atomización del sistema fue la consecuencia final de estas políticas, ya que en un país con regiones que presentan marcados desequilibrios económicos y en muchas de las cuales superviven relaciones políticas con características caudillescas y clientelares, la educación, a la que históricamente se desatendió, continuó ocupando un lugar subordinado en algunas agendas gubernamentales, aunque lógicamente, en el terreno de los discursos políticos, la educación nunca dejó de ser la “ principal preocupación” y “un objetivo prioritario”.

Estos ejemplos ponen de manifiesto, algunos de los efectos derivados de la aplicación de políticas neoliberales en educación, a las que se le sumaron un profundo deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad como resultado de la utilización de esa orientación política en todas las áreas de las políticas públicas.

Algunos propuestas

Volviendo a la pregunta originaria (¿por qué una nueva Ley de Educación?) creemos que las respuestas deberían contener algunas de las premisas que no podrían dejar de estar en esa nueva ley, si se pretende realizar un verdadero cambio destinado a introducir una mayor justicia redistributiva.

Destacamos algunas de ellas:

· Recuperar el papel del Estado como principal responsable de garantizar un sistema educativo, que atienda los múltiples requerimientos de formación en los diferentes niveles del Sistema, partiendo del hecho de que nos encontramos frente a una sociedad compleja y que ha vivido, en las últimas décadas, intensos procesos de desintegración.

· Democratizar las instituciones educativas para conformar una comunidad integrada que colabore en la búsqueda de respuestas, desde el ámbito de la educación, a los requerimientos del actual momento histórico sin que ello implique una privatización encubierta.

· Concertar con las fuerzas políticas, sociales, gremiales, etc. un proyecto de educación que pueda establecer objetivos de mediano y largo plazo, para trasladar de los discursos a los hechos, la formulación de la Educación como política de Estado.

· Garantizar un sistema racional e integrado para la formación docente el que permita una actualización permanente, sin convertirlo en una sobrecarga en sus actividades.

· Revalorizar, en todas sus dimensiones, el trabajo de la docencia proveyendo además, los recursos didácticos necesarios para una práctica pedagógica que responda a los actuales desafíos de la ciencia.

· Ejercer desde el Estado, pero a través de Instituciones en las que participen universidades, organizaciones gremiales y sociales, la función de supervisión de los proyectos educativos ofrecidos desde el ámbito privado, para evitar la mercantilización de la educación.

· Concertar acuerdos entre las Jurisdicciones, que garanticen la unidad del sistema nacional, creando mecanismos de seguimiento de los acuerdos alcanzados.

· Garantizar los recursos financieros necesarios para concretar los objetivos formulados en los documentos entregados para el debate, ya que una nueva frustración en el traslado “del papel a la acción”, traería aparejada una grave profundización de la crisis que vive nuestro sistema, en todas sus dimensiones.

Una nueva pregunta podemos formular para el cierre ¿Habrá llegado el momento de un verdadero cambio en la educación? La política, la sociedad y la historia nos van a ofrecer la respuesta.

Mgs. R. Gerardo Bianchetti, catedrático de la Universidad Nacional de Salta.