Honduras fue uno de los primeros países de Centroamérica en firmar el TLC con EE.UU., el año pasado. Actualmente es escenario de presiones internas en torno a las medidas y cambios legislativos, sea porque son parte de las condiciones impuestas por el Tratado, o bien porque son exigidos por los sectores que pueden ser afectados.

Al mismo tiempo, el haber sido designado por el G8 (grupo de países más poderosos del mundo) como beneficiario de la condonación de la deuda externa, está dando lugar a pugnas por acaparar los recursos liberados, que supuestamente deben destinarse a los sectores más pobres del país, pero que tradicionalmente han sido aquellos con menor capacidad de influencia en las decisiones.

En este contexto, las últimas semanas han visto nuevas acciones de protesta y reivindicación popular, que tienen como blanco principal a las políticas neoliberales y su impacto en la población de este país.

El 25 de julio, 20 mil personas agrupadas en la Alianza Cívica por la Democracia bloquearon las principales carreteras que unen al país con Guatemala y El Salvador, en defensa de una plataforma de 12 puntos, incluyendo reformas a la Ley de Minería. En la Alianza Cívica participan la Iglesia Católica, patronatos, grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por la explotación minera a cielo abierto.

La medida solo se levantó cuando el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales -que días antes había amenazado con reprimir a los manifestantes- se comprometió a abrir un diálogo a partir del 1 de agosto para discutir las demandas.

Por su parte, el Obispo de Copán, Luis Alfonso Santos, advirtió que si el gobierno no cumple con el diálogo, la Alianza Cívica se reunirá con la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular para preparar una nueva manifestación para el 22 del mismo mes.

Entre los compromisos logrados, el presidente ofreció decretar una veda a la explotación maderera en el departamento de Santa Bárbara.

El Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, por su parte, se comprometió a aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque sin fijar plazo. También prometió reformar el Artículo 22 del Presupuesto de la República, garantizando la descentralización inmediata de los recursos a las municipalidades, y confirmó que los 700 millones de lempiras destinados a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) serán manejados por las municipalidades más pobres del país.

En cambio, sobre el cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, previsto en el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Micheletti no se pronunció, porque desconocía su existencia.

La reforma a la Ley de Minería se anuncia más complicada. Micheletti ha expresado tajantemente que no derogarán esta Ley porque implica demandas internacionales y afectaría a la inversión extranjera. Según denuncias de los manifestantes, la minería ha derramado 29 millones de galones de agua contaminada con cianuro, provocando la muerte de miles de especies, y daños respiratorios y problemas de piel en los habitantes de las zonas afectadas.

Reforma agraria

Otro sector que está en pie de lucha son los campesinos, que exigen la titulación de tierras de 800 expedientes que se encuentran archivados desde hace varios años en el Instituto Nacional Agraria. Rigoberto Pérez, secretario general del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras - COCOCH-, informó a ALAI que le han advertido al presidente “que si no nos da una repuesta, vamos a hacer tomas masivas a nivel de todo el país”. De hecho, las tierras que están en manos del campesinado se han conseguido por la vía de la “recuperación”. “No hay una ley que nos apoye para conseguir una parcela de tierra. La recuperación significa que entramos a una parcela de tierras incultas; estamos recuperando algo que ha sido de nosotros y del cual la empresa privada se ha hecho dueño en el pasado”, afirma Pérez.

El sector agrícola sí ha logrado últimamente negociar créditos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, y que se limpie la cartera de morosidades. También firmó un convenio con la Secretaría de Agricultura y Ganadería para desarrollar proyectos en todo el país. Toda vez, el COCOCH -que agrupa a 10 organizaciones nacionales, con 320 mil afiliados-, denuncia que tanto las condonaciones de deudas, como los proyectos de desarrollo tienden a favorecer a los grandes productores individuales, incluso a funcionarios públicos y diputados, más que a los pequeños agricultores organizados.