Ginebra.- El séptimo período de sesiones del Grupo de trabajo encargado de discutir un proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas concluyó sin consensos sobre aspectos importantes como derechos colectivos, tierra, recursos naturales, protección de lugares sagrados, prevención del etnocidio y genocidio cultural, desplazamientos forzados e indemnizaciones.

“Yo veo que en muchos Estados no hay disposición para aprobar la resolución tal y conforme fue aprobada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en 1994, proyecto respaldado por los indígenas y que sirve de base para las discusiones”, dice el dirigente indígena mexicano Marcelino Díaz, representante de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA.

 “Los Estados objetan todos los artículos y nosotros nos hemos cansado de decir que hace falta voluntad política”, agrega Díaz.

En los últimos siete años se han acordado solo dos de los 45 artículos del proyecto de Declaración. Si ésta llega a aprobarse, no sería jurídicamente obligatoria para los Estados, pero en cambio tendría una fuerza ética considerable y constituiría un marco internacional favorable para impulsar las demandas de los pueblos indígenas del mundo que sufren formas extremas de discriminación y pobreza.

En el séptimo período de sesiones, llevado a cabo del 28 de enero hasta el 8 de febrero, participaron 339 personas que representaban a 44 gobiernos, 3 organismos especializados y 78 organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales.

La delegación del gobierno de México, por presión de las organizaciones indígenas, se pronunció abiertamente por la adopción del texto de 1994. Guatemala mantuvo también una posición favorable a los indígenas, junto con los países nórdicos. Sin embargo, poderosos países pusieron objeciones al Proyecto, entre ellos Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá, China, India y Japón.

Durante la primera semana, que estuvo presidida por el presidente- relator del Grupo, el peruano Luis Enrique Chávez, hubo una situación tensa entre Estados y representantes indígenas debido a una reunión unilateral celebrada por los Estados en octubre de 2001 en la que estos últimos, sin participación indígena, elaboraron un documento alternativo a los artículos 6,7,8, 9 y 10 del Proyecto de declaración.

Varios indígenas señalaron que este procedimiento es poco democrático, agregando que el documento producido por los gobiernos dificulta las negociaciones ya que no identifica a los países responsables de los textos.

La última semana de trabajos, presidida por el vicepresidente del Grupo, el ecuatoriano José Valencia, se discutieron los temas en sesiones plenarias, colocando fuera del horario de trabajo las sesiones informales de los gobiernos.

“Aunque ha sido menos tensa la relación entre los Estados y las organizaciones indígenas, lo triste es que no hemos llegado a consensos y no hemos concretado nada”, señaló la indígena peruana Tarzila Rivera, co-presidenta del Caucus indígena, quien, por otro lado, lamentó la ausencia de representaciones indígenas de Ecuador, Chile, Argentina y Brasil.

Los derechos colectivos

Durante las reuniones, entre otros, se debatió el artículo 6 del Proyecto de Declaración que señala: “los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y a gozar de plenas garantías contra el genocidio o cualquier otro acto de violencia, comprendida la separación de los niños indígenas de sus familias y comunidades, con cualquier pretexto. Además tienen derechos individuales a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de las personas”.

Mientras unos gobiernos se mostraron partidarios de adoptar el artículo como está redactado actualmente, otros cuestionaron los “nuevos” derechos humanos, en particular “los derechos colectivos”, como “el derecho colectivo” a vivir en libertad, paz y seguridad.

No faltaron tampoco Estados que señalaron que la expresión “pueblos distintos” es poco clara y manifestaron que la expresión “integridad mental” no es un término definido en el derecho internacional.

Los representantes indígenas apoyaron firmemente el artículo 6, indicando que el documento presentado por los Estados constituye “una compilación arbitraria y poco sistemática de los instrumentos de los derechos humanos ya existentes”. Agregaron que todos los Estados deben “reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que la Declaración pretende ser un antídoto a la realidad pasada en la que los pueblos indígenas fueron sometidos a asimilación forzada, integración y negación de sus derechos a determinar su propia forma de vida y su destino como naciones / pueblos”.

El indígena mexicano Marcelino Díaz manifestó a ALAI que los Estados quieren reconocer siempre derechos individuales y no colectivos, pero “los derechos individuales ya están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que estamos buscando con esta Declaración son los derechos específicos de los pueblos indígenas”.

 Tierra y recursos naturales

Otro de los temas que abordó el Grupo de Trabajo, en sesiones informales, fue el de la tierra, los territorios y los recursos naturales, aspectos fundamentales para la supervivencia y desarrollo de los 5000 pueblos indígenas del mundo.

A diferencia del mundo Occidental que considera a la tierra como un recurso económico, una propiedad inmobiliaria o una mercancía, para los pueblos indígenas la tierra posee un significado espiritual, social, cultural, económico y político. Por ello es frecuente escuchar en el mundo indígena que la tierra no es algo que se hereda de los antepasados, sino que se toma prestado de los hijos.

El despojo de las tierras indígenas ha traído y trae como consecuencia graves problemas sociales como la extrema pobreza, la violencia doméstica y hasta el suicidio.

Los representantes indígenas expusieron varios casos y experiencias de la lucha por la tierra y demandaron de los Estados la inmediata adopción del Proyecto de Declaración. En varios artículos del Proyecto se menciona el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su particular relación espiritual y material con la tierra, los territorios, el agua y los mares costeros. Se reconoce su derecho a tener en propiedad, desarrollar, controlar y usar sus tierras y territorios y se estipula la restitución cuando sus tierras sean confiscadas, ocupadas, usadas o dañadas sin su consentimiento libre y fundamentado.

 Finalmente, se establece que los pueblos indígenas tienen derecho de conservar, restablecer y proteger todo el entorno y la capacidad productiva de sus tierras territorios y recursos.

La indígena aymara Gladis Vásquez Poma, de la comunidad Ancomarca situada en el territorio tripartito de Perú, Bolivia y Chile, considera que con la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas estará en mejores condiciones para defender su derecho a seguir viviendo en su territorio ancestral “sin ser perturbados por los Estados que sustraen nuestras aguas para fines adversos a la conservación y uso racional de nuestros sistemas acuáticos”.

Gladis Vásquez es una pastora de llamas y alpacas que vive a 4000 metros de altura en las tierras comprendidas entre el volcán Tacora y la Cordillera Real, una zona cercana al lago Titikaka, rodeada de humedales y ríos. “Nuestras tierras las usamos y cuidamos para el pastoreo de auquedinos, y a través de miles de años hemos hecho productiva las tierras y a la vez hemos conservado la riqueza de los valiosos ecosistemas existentes. Sin embargo, en las dos últimas décadas los gobiernos de Perú y Bolivia han creado una Autoridad Autónoma de nuestro lago Titikaka, organismo bilateral que nos ha excluido al no permitir nuestra participación del lago, principal recurso para nuestra sobrevivencia”.

 Para defender sus derechos y amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, algunas comunidades indígenas de Perú, Chile, Bolivia y Argentina formaron la organización “Wiñaya suyu aymara marka apu ulaka”.

En la última asamblea de esta organización llevada a cabo el año pasado en Puno, Perú, se pronunciaron por la defensa intransigente de sus tierras y en contra de los gigantes proyectos de captación y trasvase del agua hacia la costa del Pacífico por parte de los gobiernos de Perú y Chile, que se ejecutan sin haber consultado a las comunidades aymaras de la región.

 “No se puede justificar hoy en día en nombre del desarrollo nacional y el denominado libre comercio la destrucción de los pueblos indígenas, sus tierras, territorios y sus recursos naturales”, señala Estebancio Castro, representante internacional del Movimiento Juventud Kuna de Panamá y miembro directivo del Consejo Internacional de Tratados Indios.

 Las tierras de los pueblos indígenas atesoran grandes recursos naturales como petróleo, gas, minerales, madera, etc que son codiciadas por los Estados nacionales, empresarios y transnacionales. Por eso, muchos Estados no están dispuestos a ceder y frecuentemente atropellan los derechos de los indígenas a ejercer su autonomía y su derecho al desarrollo.

Varios Estados todavía mantienen en vigencia legislaciones discriminatorias, heredadas de la conquista y la época colonial, que les permite extinguir los tratados firmados con los pueblos indígenas. “En muchas partes del mundo hay países que desconocen el hecho de que existen comunidades, tribus o naciones indígenas que habitan y utilizan tierras y zonas marinas y que, en muchos casos, lo han hecho desde tiempos inmemoriales (...) Aunque los pueblos indígenas interesados se consideran, con todo fundamento, poseedores de las tierras y los recursos que ocupan y utilizan, el propio país suele disponer de las tierras y recursos como si no estuviesen presentes esos pueblos indígenas”, dice la relatora especial sobre pueblos indígenas, Sra. Erica-Irene A. Daes, en un documento dedicado a analizar las poblaciones indígenas y su relación con la tierra.

Las cosas, sin embargo, de alguna manera comienzan a cambiar. Cuando no son escuchados en los ámbitos nacionales, ahora los indígenas trasladan sus demandas al ámbito internacional con buenos resultados. Este es el caso de los Awas Tingni, una comunidad indígena del pueblo Mayanga, de la Costa Atlántica de Nicaragua.

En 1995, el gobierno nicaragüense se disponía a entregar a una compañía coreana una licencia para talar los bosques de sus tierras tradicionales. Los indígenas no se quedaron con los brazos cruzados y entablaron una demanda ante las Cortes de justicia de Nicaragua, pero éstas no abordaron los derechos de propiedad de la Comunidad. Entonces, los Awas Tingni presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Nicaragua hizo caso omiso del fallo de la Comisión. Entonces la causa pasó a manos de las Corte Interamericana de Derechos Humanos que aceptó el caso y el 31 de agosto del 2001 falló a favor de la Comunidad Awas Tingni, creando un precedente de reconocimiento internacional del derecho colectivo a la propiedad de la tierra.

La tierra, los territorios y los recursos naturales son fundamentales para la subsistencia y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, pero ninguno de estos derechos serán posibles de ejercer a plenitud sin el reconocimiento expreso de la existencia de los pueblos indígenas y de su derecho a la libre determinación, manifestó, Saúl Vicente Vásquez de la Coalición Campesina e Indígena del Istmo, COCEI, del estado de Oaxaca, México. Para el dirigente indígena mexicano es fundamental el reconocimiento de los derechos colectivos al territorio, entendido éste como el hábitat en donde un pueblo se manifiesta, se desarrolla y fortalece sus formas de vida material y espiritual.