Compromiso Intersectorial para enfrentar el reto de la infiltración ilegítima en el debate democrático

Algunos estudiosos del conflicto armado en Colombia (1), señalan que la acción de los grupos paramilitares surge como contestación a los movimientos de las guerrillas revolucionarias que llegan a consolidarse en la década de los setenta. Esta estrategia contrainsurgente fue dirigida a enfrentar, aunque de manera equivocada y con grandes costos sociales, el déficit de soberanía en extensos territorios y frenar el avance de la insurgencia armada. Semejante cesión del monopolio de la fuerza de manos para-estatales, llegó a permear e, incluso, sustituir la institucionalidad en algunas regiones de Colombia.

Por estas y otras razones, Colombia ha venido asistiendo a un creciente descrédito de sus instituciones públicas, debido en gran parte, a las prácticas reprochables en las que han incurrido algunos sectores para acceder a cargos de elección popular. Éstos, se han convertido en objeto de transacciones ilegítimas en las que los grupos al margen de la ley inciden negativamente a través de la presión violenta, el constreñimiento indebido o el ofrecimiento de recursos económicos de origen ilícito.

La misma institucionalidad que padeció y, no en pocas ocasiones, contribuyó a que el fenómeno del paramilitarismo infiltrara muchas esferas sociales, hoy debe encarar la situación que al respecto nos asiste. Para ello, estimamos que se deben considerar tres variables que, conjugadas, constituyen un punto de partida para abordar el reto de las elecciones regionales de octubre y el proceso electoral colombiano en adelante: (i) el escenario cultural, (ii) marco jurídico adecuado y (iii) acuerdo inter-institucional.

(i) Construcción cultural

Encarar el fenómeno paramilitar nos conduce, en primer lugar, a un cambio de ethos en el que la política sea interiorizada por todos los sectores sociales como un bien colectivo superior. Las reformas legales e institucionales serán poco efectivas si las mismas no son acompañadas del necesario cambio en la manera de hacer política, es decir, en la actitud, los valores y en el comportamiento mismo de los políticos para dejar de lado el modelo de “políticos de negocio”. También, por parte de los ciudadanos y de los grupos empresariales debe darse un cambio de actitud. Las instituciones deben fomentar un clima de seguridad para la denuncia, se debe contribuir a que los ciudadanos se organicen y participen cívicamente y se debe desarrollar un clima social que motive a las personas y a los grupos económicos a resistir los beneficios que pueda representar el hecho de ceder a los favores solicitados por los grupos ilegales. Según Jesús Bejarano (2) el papel de la sociedad civil debe ser el de promover una cultura de paz en todas las esferas de la vida social y más aun, creemos que para lograr erradicar de raíz esas viejas prácticas implantadas en la sociedad, ésta no se puede autoexcluir de la participación directa en los espacios políticos que conciernen a la resolución de conflictos. Lamentablemente Colombia y Latinoamérica en general, tradicionalmente, se han caracterizado por la ausencia de la sociedad civil en las negociaciones de paz y de otro tipo.

(ii) Marco jurídico

El papel de los partidos y movimientos políticos resulta fundamental en el ejercicio de la democracia. A través de éstos, las distintas corrientes políticas expresan su proyecto de construcción de lo público y, desde estas plataformas ideológicas y programáticas, los ciudadanos adhieren su confianza respaldando a los candidatos y a las listas inscritas. El manejo laxo en el respaldo de candidatos a corporaciones públicas por parte de los partidos y movimientos políticos constituye una debilidad inexcusable en el proceso electoral.

Por lo tanto, aunado a los cambios culturales anteriormente mencionados, de no tomarse las medidas normativas pertinentes, a corto plazo el ejercicio electoral y democrático quedaría reducido irremediablemente al intercambio de intereses privados y mezquinos de algunos grupos y personas. La reforma política del 2003 pretendió fortalecer a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, como células fundamentales del proceso electoral y del ejercicio democrático en general. El propósito de esta reforma, debe acompañarse de ciertos recursos legales y constitucionales por medio de los cuales se haga exigible el deber de los partidos de respaldar sólo a aquellos aspirantes con idoneidad profesional y ética que los haga merecedores del voto de confianza de la ciudadanía.

Así, la ley debe dotar de mejores herramientas legales para el fortalecimiento del proceso político. A este respecto el Partido Liberal ha venido trabajando en un paquete normativo que permita un marco jurídico adecuado para responsabilizar políticamente a los partidos y movimientos. La propuesta mencionada, por un lado, pretende aumentar el nivel de exigencia a los candidatos, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos al postular aspirantes para las corporaciones y cargos públicos. Y, por otro lado, pretende regular las condiciones mediante las cuales el Estado contribuirá a la financiación concurrente de campañas electorales.

A fin de disminuir las posibilidades de esta infiltración ilegítima, se deben proponer sanciones para aquellos partidos o movimientos políticos que no establezcan medidas efectivas para depurar sus listas y el otorgamiento de sus avales. Se trata entonces de establecer para los partidos y movimientos políticos una efectiva responsabilidad política cuya sanción mayor podría llegar incluso a la perdida de su personería jurídica.

En este mismo sentido, la reforma debe incluir el tema de la financiación de campañas electorales. Se apoya la financiación concurrente por parte del Estado para contribuir en una medida importante a crear las condiciones de equidad para que los distintos partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos expongan sus programas y proyectos.

Si se compara la financiación estatal con los topes de gastos, se concluirá que en contraste con la financiación privada, la estatal es sustancialmente menor, razón por la cual en el presente proyecto se propone un incremento importante de la financiación concurrente con recursos del Estado, por una parte, y por la otra se plantea también la idea de que dicha financiación se entregue en un porcentaje antes de la elección y el restante, como reposición al final de la misma. Toda legislación debe buscar un sano balance en materia de financiamiento dirigido a evitar, por un lado, la excesiva dependencia de los partidos respecto del Estado, y por tanto su consiguiente osificación y alejamiento de la sociedad; y, por otro lado, a impedir la influencia excesiva de sujetos o corporaciones sobre los partidos o candidatos a los que apoyan, así como el fenómeno del financiamiento ilegal y del narcofinanciamiento.

Con el mismo ánimo de profundizar la reforma política de 2003 consideramos oportuno elevar el umbral dispuesto para la elección de Senado de la República, en el entendido que sólo de esa manera los partidos y movimientos que inscriban listas para dicha corporación serán aquellos de presencia en todo el territorio nacional, con un ideario definido y su consecuente plataforma política. No obstante el esfuerzo del año 2003, la experiencia de elección parlamentaria del año 2006 demostró que aún subsisten en el escenario político partidos y movimientos políticos que sirvieron casi exclusivamente para amparar a quienes fueron excluidos, por información fundada de organismos de inteligencia del Estado, de las listas de otros partidos. De ellos no se conoce ideario político, ni mucho menos vocación histórica, razón para pensar que poco o nada se contribuye en el sentido de enseriar la política.

(iii) Acuerdo interinstitucional

El tercer aspecto en que resulta necesario enfrentar el problema de la infiltración de los grupos al margen de ley es el escenario inter-institucional. Un primer frente, de corte más político, consiste en generar un acuerdo entre el gobierno, la coalición de gobierno en el Congreso de la República y la oposición para desarrollar e impulsar una reforma de hondo calado que ataque las principales debilidades legales con las que cuenta nuestro sistema electoral. Esta iniciativa puede resultar viable, si se tiene en cuenta que existe afinidad en algunas propuestas de reforma constitucional y legal que han circulado en los medios de comunicación. En aras de capitalizar la principal afinidad de estas iniciativas, que convergen en disponer de medidas que exijan mayor responsabilidad política a los partidos, se propone un compromiso político de tal manera que sea factible sacar adelante las propuestas.

Este acuerdo tiene la ventaja de proyectar a los colombianos seguridad en cuanto a que sus representantes políticos tienen la plena conciencia y, además, el compromiso cabal de que las elecciones y el proceso democrático se encuentran amenazados por actores ilegales y que, por tanto, se deben poner en marcha todas las medidas posibles para evitar dicha infiltración.

Un segundo frente, de corte más técnico-institucional, consiste en hacer uso de los recursos legales e institucionales con los cuales se cuenta en la actualidad. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral, la Registraría General de la Nación, las veedurías ciudadanas y las delegaciones electorales en las regiones y municipios deben contar con las medidas y dispositivos pertinentes para adelantar un proceso de inscripción de cédulas; debate de candidatos y elecciones libres de la injerencia de los prácticas clientelistas y la presión y coacción a los electores. En este sentido, se podría pensar en un procedimiento por medio del cual la Registraduría pueda confrontar el aumento o la disminución en la inscripción de cédulas ciudadanas en comparación con elecciones anteriores, teniendo en cuenta las áreas de influencia de los grupos armados al margen de la ley. También, se puede contemplar la creación de un comité de examen de los directores y equipos de campaña en las distintas regiones y municipios que permita verificar su idoneidad técnica y moral y, así mismo, si existen candidaturas únicas indebidamente influenciadas.


Notas

1 SANGUINO PAEZ, Antonio. Paz y territorio en conflicto armado colombiano. Corporación Nuevo Arco Iris. Bogotá

2 BEJARANO Jesús Antonio. El Papel de la Sociedad Civil en el Proceso de paz. Capítulo 7, página 275. Francisco Leal Editor.

Guillermo Rivera Flórez
Representante a la Cámara

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 61

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