Cumpliendo una de sus promesas electorales, el pasado 1ro de mayo el presidente Evo Morales Aima emitió el Decreto Supremo 28701 que establece la “nacionalización de los hidrocarburos bolivianos”.  Esta medida, que en el plano interno fue recibida con satisfacción -por hacer efectiva la voluntad mayoritaria de la población expresada hace 22 meses en el referéndum vinculante-, ha dado paso a un intenso movimiento de fichas en el escenario regional e internacional.  

La demanda por la recuperación de los hidrocarburos pasó a constituirse en uno de los puntos centrales (junto con la oposición al ALCA y la convocatoria a una Asamblea Constituyente) de la plataforma que se articuló al calor de las movilizaciones sociales registradas en el curso de 2003, en la denominada “Guerra del Gas”, que culminaron con la salida (17 de octubre) del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, quien, en su anterior mandato (1993-97), fue el artífice de la transferencia a las empresas petroleras de la propiedad de la producción en boca de pozo del gas y petróleo bolivianos, estableciendo un reparto que asigna el 82% para las empresas y el 18% para el Estado.

En tales circunstancias, el mando pasó al vicepresidente Carlos Mesa.  Para calmar la presión social, realiza el referéndum vinculante (18 julio 2004) con cinco preguntas, pero la más importante fue la que dice: ¿Está Ud.  de acuerdo con recuperar la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo?” 98% de la población se pronunció positivamente.  Haciéndose eco de este mandato, el entonces parlamentario Evo Morales y su partido (el Movimiento Al Socialismo, MAS), con presión popular mediante, lograron que se apruebe su proyecto para una Nueve Ley de hidrocarburos.  Pero como el presidente Mesa se negó a promulgar la disposición del Congreso, nuevamente la población se levanta y como secuela tiene lugar la sucesión constitucional que coloca en la presidencia a Eduardo Rodríguez, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el compromiso explícito de adelantar las elecciones.

Durante la campaña electoral, el actual mandatario presentó una plataforma que recoge el conjunto de demandas levantadas en las luchas sociales registradas en los últimos tiempos.  Y alcanzó un triunfo incuestionable, el 54% de votos, una mayoría absoluta inédita en el país.  Por lo mismo, a Evo no lo quedaba más opción –si eventualmente habría buscado otra salida- que ser consecuente con sus compromisos.

El tenor del decreto, en su primer articulo, justamente señala: “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004, y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos hidrocarburíferos del país.  El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total  y absoluto de estos recursos”.

Con esta medida, el régimen ante todo busca recuperar la soberanía sobre los recursos y, a la vez, volver a integrar toda la cadena productiva de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que fue desmantelada en el gobierno de Sánchez de Losada con el proceso de capitalización, como se dio en llamar a la privatización de la empresa estatal que incluyó su división en cuatro partes.  Hasta entonces, YPFB se ocupaba de la exploración, la producción, la refinación y el reparto de la gasolina a los surtidores del consumidor interno.

El decreto contempla un período de transición de 180 días para realizar una auditoria, empresa por empresa, a fin de establecer sus inversiones, costos, gastos de operación, rentabilidad, cuyos resultados servirán de base para fijar los nuevos ingresos entre las partes.  Para los campos con mayores reservas fija una reparto del 82% para el Estado y 18% para las transnacionales.  Los campos menores tendrán como base de negociación 50-50.

Así mismo, dispone que la empresa estatal “no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayan sido individualmente autorizados y aprobados por el Poder Legislativo”.  De esta manera, se apunta a que se trasparenten las negociaciones y, consecuentemente, que la ciudadanía pueda saber cuál es la retribución que recibe cada empresa, cuáles son los contratos bajo este régimen general, cómo se pronuncia el Parlamento en cada uno de los casos, etc.

Repercusiones

La reacción inmediata de las empresas transnacionales fue para señalar sus dudas sobre la legalidad del decreto 28701 y anticipar que interpondrán acciones para salvaguardar sus derechos.  De manera particular se han referido al tema de la seguridad jurídica.  Al respecto, Ximena Centellas, del equipo de hidrocarburos del MAS, sostiene: “las empresas reclaman mucho la seguridad jurídica, pero en realidad lo que está haciendo el gobierno boliviano es hacer respetar la soberanía jurídica, porque la Constitución Política del Estado boliviano dice que las empresas extranjeras que operan en el país se consideran nacionales y se someten a las autoridades y leyes de la república.  En segundo lugar, porque nuestra Constitución dice que los contratos que ellas han realizado se deben aprobar uno por uno en el Parlamento y ninguno de los contratos que habían firmado las empresas tenían esa aprobación parlamentaria, porque lo hicieron entre gallos y media noche.  Entonces, no tienen basamento jurídico en contra del Estado.  El artículo 24 de nuestra Constitución dice que ellos no pueden apelar a reclamación política alguna”.

Es más, acota, “el país ha sido víctima de una serie de irregularidades y abusos que desbordan dichos marcos jurídicos.  Por decir algo, las empresas recibían nuestro gas a boca de pozo prácticamente a precios de nada, pero luego nos vendían el gas y el petróleo a precio internacional, y como los gobiernos no querían tener  conflictos sociales empezaron a subvencionar esos precios, con préstamos a las propias petroleras, con intereses muy por encima de lo permitido, o sea, en términos de usura.  Por todo esto, las empresas multinacionales se han llevado en realidad utilidades muy fuertes, muy grandes, además nunca sabíamos cuanto producían, pues eran ellas las que informaban lo que producían, sin que medie control alguno”.

Las repercusiones de la medida en los países vecinos, particularmente Brasil y Argentina, principales beneficiarios de los recursos energéticos bolivianos, han abierto una fase de intensas consultas diplomáticas, que comenzó a los cuatro días de la emisión del decreto, con una primera reunión de los presidentes de estos tres países, también con la presencia de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en la cual establecieron que las negociaciones se entablarán de manera bilateral, pero además oficializaron la incorporación de Bolivia al megaproyecto del Gasoducto del Sur.  Esta iniciativa que viene promoviendo Venezuela, estimada en 20 mil millones de dólares, prevé transportar gas desde este país a Brasil y Argentina a través de un tendido de tuberías de 9 mil kilómetros.

Sin embargo, esto no impidió que en la bilateral con Brasil comience a subir el tono, en buena parte exacerbado por los grandes medios de difusión que cerraron filas para “defender patrióticamente” a Petrobrás.  Bolivia, que posee la segunda reserva de hidrocarburos de la región después de Venezuela, vende diariamente a ese país unos 26 millones de metros cúbicos de gas, más de la mitad de la demanda interna brasileña.  Una situación similar se ha registrado con España, donde también los medios han sido la punta de lanza para “defender” a la empresa REPSOL, en nombre de los intereses de ese país.

En el marco del ALBA

Reuniones van, reuniones vienen, el gobierno boliviano hacia fines de mayo parecía haber logrado consolidar la nacionalización en el frente externo, tras el entendimiento con Brasil, si bien tiene por delante complejas negociaciones con sus contrapartes.  En este sentido, cuenta también la profundización de acuerdos con Venezuela y Cuba en el marco de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), que promueve el propio presidente Morales en contraposición a los Tratados de Libre Comercio.

El viernes 26 de mayo, los presidentes Chávez y Morales, en presencia de vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, suscribieron en La Paz un conjunto de convenios, acuerdos y memorandos de entendimiento, en materia de educación, ciencia, tecnología y comunicaciones, turismo, financiera, hidrocarburos, etc.  En este último rubro destaca el acuerdo entre Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que incluye la capacitación de técnicos bolivianos en Venezuela, la carta de entendimiento para crear la empresa mixta Petroandina, con una inversión inicial de 1.500 millones de dólares por parte del país llanero, la construcción de dos  plantas procesadoras de gas, entre otros.  Se contempla igualmente instalar la empresa Fertisur, para la producción de fertilizantes nitrogenados en Bolivia.

La siguiente pulseada se perfila en el camino a la elección para la Asamblea Constituyente (2 de julio), que plantea refundar Bolivia y poner un sello lacado a la reformas hasta hoy implementadas.  Para el mandatario, el proceso que actualmente vive su país, al ser resultado de las luchas sociales, está íntimamente ligado a la participación de los sectores populares.  Quienes me acompañan en hacer la transformación de Bolivia -ha dicho Morales-, son los movimientos sindical y sociales, no así algunos partidos de izquierda, incluso, en ocasiones, su propia organización, el MAS, en el cual, después de las elecciones, han surgido “otras ambiciones, otros intereses de los dirigentes departamentales del movimiento político, aunque no es así con las bases”.