Con el crecimiento sustancial de la presencia económica de Europa en América Latina, durante los últimos 15 años, resulta que hoy, la Unión Europea (UE), como conjunto, tiene más inversiones que Norteamérica en la región. En este proceso, las transnacionales europeas han llegado a gravitar en áreas estratégicas de la economía latinoamericana, como finanzas, telecomunicaciones, energía, petróleo, distribución de agua potable y saneamiento. Ya en el año 2001, siete de las diez compañías más grandes y cinco de los diez bancos más importantes tenían su origen en la UE.

A fin de consolidar esta incursión, la UE está impulsando la negociación de acuerdos de libre comercio con los bloques subregionales de América Latina y el Caribe (ALC) -Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, Sistema de la Integración Centroamericana y Asociación de Estados del Caribe-, y espera crear un área de libre comercio con el conjunto de la región hasta el 2010.

La Cumbre UE-ALC, que reunió en Viena a unos 60 Jefes de Estado y de Gobierno de ambos continentes, el 11 y 12 de mayo, fue convocada para avanzar en el diálogo político biregional y, entre otros aspectos, discutir la agenda para las próximas negociaciones de los mencionados acuerdos: propósito, este último, que arrojo escuetos resultados, dado el clima político latinoamericano, donde las negociaciones comerciales han ido perdiendo credibilidad, bajo el modelo impuesto por las potencias del Norte.

Paralelamente, del 10 al 13 de mayo en la misma ciudad, organizaciones de la sociedad civil de ambos continentes se dieron cita en el foro Enlazando Alternativas 2 Este evento pasó revista a la actuación en ALC de las corporaciones transnacionales europeas (CTN); sus impactos directos y sus implicaciones para la soberanía y la propia democracia en esta región. Analizó las políticas estatales; destacó las expresiones de resistencia al neoliberalismo de los pueblos de ambos continentes y abordó propuestas de modelos alternativas de desarrollo e integración.

El evento central fue el Tribunal de los Pueblos a las Transnacionales Europeas, que escuchó testimonios sobre las actividades de las CTN en la región y sus impactos en aspectos como el medio ambiente, el empleo, el uso de la tierra y los servicios públicos.

España fue uno de los países más citados al banquillo de los acusados. Es el segundo país en monto de inversiones en América Latina y el Caribe, luego de EE.UU., y responde por la mitad de la inversión europea, teniendo una considerable presencia en servicios públicos, telecomunicaciones y finanzas, entre otros sectores, principalmente en México, Argentina, Chile y Brasil.

De hecho, España -al igual que Portugal- comenzó a ser una economía global a partir de las inversiones en América Latina de sus empresas estatales (que luego privatizó), acaparando importantes segmentos económicos en  el continente del sur. Portugal, Francia e Italia tienen una presencia significativa en los servicios públicos. Holanda, Inglaterra y Alemania, por su parte, tienen una trayectoria de muchas décadas de inversión, más diversificada, en áreas como supermercados, servicios financieros, seguros e hidrocarburos.

La Unión Europea fue denunciada por su política comercial aún más agresiva que EE.UU., la cual se traduce en fuertes presiones a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que abran sus economías a las inversiones y productos europeos. Susan George, miembro del jurado del Tribunal, afirmó en el acto inaugural del Foro que “la Europa oficial es la entidad más neoliberal en la Tierra”, y denunció que la Comisión Europea puede hacer lo que se le antoja, puesto que “no hay democracia en Europa a ese nivel”, si bien se ha iniciado una lucha ciudadana por cambiar esta situación.

Rechazo al “ALCA” europea

En Enlazando Alternativas 2, más de 1000 delegados/as -entre ellos un centenar que acudieron a Austria desde América Latina y el Caribe- participaron en más de 80 foros de debate, seminarios y talleres, organizados en torno a cinco ejes temáticos: el orden neoliberal, cooperación, militarización, derechos humanos, integración y el diálogo político interregional. Los intercambios buscaron profundizar en el entendimiento de la realidad y de las relaciones entre los dos continentes, a la vez que resaltaron las acciones de resistencia al modelo neliberal, y buscaron impulsar un diálogo político y social sobre formas alternativas de integración.

En el acto de clausura, -en presencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez-, fue presentada la Declaración Final de Enlazando Alternativas 2[1], elaborada con los aportes de las mesas de debate. Esta expresa el rechazo a la propuesta de “ALCA” europea, y particularmente a “la creación de cláusulas de seguridad y militares para defender los intereses del capital”, como también a la negociación de acuerdos de libre comercio con los bloques subregionales. Apoya la abolición de la deuda externa de América Latina y el Caribe con los países de la Unión Europea. Se pronuncia contra la Constitución Europea, la “Europa Fortaleza” y la represión de las y los migrantes, y se opone a la privatización de los servicios públicos en ambos continentes. Además, expresa preocupación por una profundización de los efectos negativos del modelo neoliberal con la implementación de “grandes proyectos de infraestructura, como la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA) y el Plan Puebla Panamá (PPP)”.

La Declaración destaca las acciones de resistencia a la política neoliberal, tanto en Europa, con el rechazo popular a la Constitución Europea, considerada “neoliberal y militarista”, por parte de los pueblos francés y holandés, y las acciones en diversos países frente al desmantelamiento de las conquistas sociales y los sistemas de protección  públicos. Asimismo, resalta el crecimiento de la resistencia popular en América Latina y el Caribe, particularmente frente a “la política agresiva y expoliadora de los Estados Unidos”. No se opone al establecimiento de relaciones comerciales entre ambos continentes; al contrario: “Queremos relaciones comerciales, y promover espacios de cooperación entre ambas regiones, que favorezcan el bienestar de nuestros pueblos, la soberanía de nuestros países, el respeto a la diversidad cultural y que no sean depredadores de nuestro entorno ambiental”, afirma.

No obstante, considera vacío el propuesto diálogo político entre gobiernos. “La confluencia de interés entre la mayoría de los gobiernos de América Latina y la Unión Europea y las transnacionales queda clara con la realización del foro empresarial que tuvo lugar durante la cumbre y las relaciones privilegiadas que allí se fijaron. No son los Gobiernos Europeos los más indicados para hablar de cohesión social en la etapa actual de Europa. Para hablar de diálogo político deben de crearse las condiciones de una participación real de los movimientos sociales, no puede restringirse simplemente a espacios de consulta”, señala.

La Declaración rechaza “la militarización y el complejo militar-industrial que sustentan el neoliberalismo”, y aboga por la desmilitarización de las relaciones internacionales. Afirma que “la seguridad en el mundo post guerra fría no se resuelve con la apelación vacía a la contraposición unipolarismo vs multipolarismo. La misma, oculta un juego perverso que combina la condescendencia implícita a las políticas guerreristas con el apoyo abierto o el rechazo pactado a las mismas”, dejando miles de víctimas en todo el mundo.

Desde la primera edición de Enlazando Alternativas, realizada en Guadalajara en mayo de 2004, se considera que se ha logrado fortalecer los enlaces bicontinentales y se ha avanzado en la definición de posicionamientos comunes. Así, la Declaración concluye que “Nuestro mayor logro¼ ha sido el de poner en evidencia la convergencia de nuestros análisis y acciones contra las políticas neoliberales y los gobiernos que las impulsan”, a la vez que llama a fortalecer más la unidad y confluencia de los movimientos sociales de ambos continentes.

Políticas similares, impactos diferenciados

Estos y otros temas fueron profundizados en las mesas de debate, que destacaron las similitudes en las políticas neoliberales en los dos continentes, a la vez que diferenciaron su impacto. En ambas regiones, han redundado en el desmantelamiento de los servicios públicos; pero en América Latina también en la desindustrialización. Estos factores han contribuido a colocar a esta región en una situación crónica de pobreza y exclusión social. Hay consenso en la importancia de seguir luchando para impedir la privatización de los servicios públicos (agua, educación y salud, en particular); incluso, la defensa de servicios públicos modernizados es visto como un posible vector de justicia e igualdad entre las personas. La creación de la  Red Europea sobre Servicios Públicos, en el reciente Foro Social Europeo realizado en Atenas, constituye un avance importante en esta dirección.

El proceso de desestructuración del Estado -sobre todo en su rol de proveedor de servicios públicos- ha ido de la mano con una reorganización del capital, expresada en más de 2000 tratados de protección a las inversiones firmados en el mundo desde 1994. Tales tratados establecen tribunales de arbitraje, que permiten a una empresa transnacional enjuiciar a un gobierno, incluso por adoptar leyes y reglamentos de protección del interés público que pueden lesionar sus intereses. Actualmente se ventilan más de 50 juicios de empresas transnacionales contra Estados nacionales de ALC, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial; lo cual implica ceder una parte de la soberanía de los pueblos a un organismo que no rinde cuentas a nadie, sino a las propias transnacionales.

Incluso el discurso que pretende que el Estado debe achicarse y ocuparse de lo mínimo, sería una estratagema ideológica, para justificar que el o la ciudadano/a solo cuenta como individuo, y ya no como colectivo, con lo cual queda desarmado socialmente. Eso sí, el rol del Estado ha cambiado: ahora, cada vez más, se encuentra al servicio de las grandes empresas nacionales y transnacionales. Pero ello no quiere decir que esté desmantelado; pues, son los estados los que crean las políticas neoliberales; los que subvencionan a sus grandes productores y exportadores; y los que están detrás de las políticas en el FMI, OMC, BM e instituciones similares. Esta constatación conlleva a la conclusión de que, no se puede combatir las políticas de estas instituciones financieras internacionales, sin interpelar también a los mismos Estados que votan estas políticas.

El evento analizó también el cambio que se ha producido en el concepto de la cooperación europea con América Latina, que ya no se destina principalmente al apoyo a iniciativas de los sectores populares, sino que se ha puesto al servicio de los objetivos comerciales y estratégicos de la UE. Se observa un enfoque diferenciado entre la política hacia los países más pobres, donde la prioridad son las Metas del Milenio, y hacia los países menos pobres, donde se trata de favorecer la inversión europea y el libre comercio. En este marco, la sociedad civil no tiene espacios para opinar. Por lo tanto, se ve necesario reclamar espacios democráticos para poder incidir sobre las orientaciones de la cooperación y participar en la evaluación de los proyectos de desarrollo, y reivindicar que ésta vuelva a vincularse a propuestas que surjan de los pueblos.

En la discusión sobre los subsidios agrícolas -donde participaron miembros de la Vía Campesina, entre otros-, se avanzó hacia un consenso entre actores de los dos continentes: de apoyo a los subsidios a los pequeños y medianos agricultores, mas no a la exportación. Quedó en  claro que los estados de Europa tienen el derecho y hasta la obligación de seguir subsidiando a los campesinos europeos, para el consumo interno. Lo cual no es lo mismo que subsidiar la exportación, que es lo que resulta en el dumping en América Latina. Similarmente, en Latinoamérica existen varios mecanismos que los gobiernos impulsan para subsidiar a las exportaciones agrícolas, como la exención de impuestos; pero hay carencia de subsidios para los campesinos. Se propone generar mecanismos de políticas públicas que apoyen y recuperen el ingreso de los campesinos.

La migración es otro tema de importancia en las relaciones biregionales, por la gran presencia de inmigrantes latinoamericanos en Europa. Dentro de las causas estructurales de la migración, se destaca la globalización, que no genera empleos, propicia total libertad para los mercados, a la vez que restringe derechos. Esta globalización no admite barreras para el capital financiero, pero erige muros para los migrantes y les impone leyes cada vez más restrictivas. Otros factores son la deuda externa y los subsidios europeos a la exportación agrícola a países pobres, que impide que éstos puedan competir. El surgimiento de movimientos de inmigrantes, en Europa y EEUU, que luchan por sus derechos, se resalta como una nueva expresión de resistencia al modelo.

El foro abarcó también las relaciones y el diálogo político entre movimientos sociales, partidos políticos, parlamentarios y gobiernos progresistas. Entre otros, se resaltaron las alianzas posibles, como el rol de los parlamentarios progresistas para hacer avanzar las reivindicaciones sociales. Al comentar este debate, Joao Pedro Stedile, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, afirmó que “fue posible avanzar en la comprensión común de que hay necesidad de mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los partidos. Es un tema muy duro aquí en Europa porque durante todo el siglo XX utilizaron la política al revés: los movimientos de masas, los sindicatos, fueron dirigidos por los partidos. Y cada pugna ideológica que hubo en los partidos se trasladaba a los movimientos, que se dividían”.

No cabe duda que los movimientos sociales latinoamericanos son vistos como un ejemplo por sus contrapartes europeas, que reconocen su mayor grado de articulación y protagonismo, y su rol en el impulso de la nueva configuración política en ALC. Esta idea está retomada en la Declaración Final: “Confiamos en que los nuevos aires que se expresan en un fuerte activismo y movilización de movimientos sociales en Europa y América Latina, en la irrupción de gobiernos transformadores como el de Venezuela y el de Bolivia, y otros gobiernos que en Latinoamérica se distancian de las políticas de libre comercio, contribuyan a profundizar las tendencias orientadas a revertir las actuales políticas neoliberales e iniciar el camino hacia un nuevo proceso de integración desde los pueblos”.

Empresas transnacionales enjuiciadas

El “Tribunal de los Pueblos a las Transnacionales Europeas y al sistema de poder de las corporaciones en América Latina y el Caribe” fue organizado por la Red Biregional Europa-América Latina y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Este último, instancia auspiciada por la Fundación Lelio Basso de Italia, goza de gran credibilidad internacional, por sus denuncias ante la opinión pública en los últimos 30 años, de hechos como los crímenes de guerra en Vietnam y aquellos de las dictaduras latinoamericanas.

El Tribunal de Viena se dedicó a investigar el rol crecientemente dominante de las compañías transnacionales (CTN) europeas en áreas estratégicas. Su mandato concierne “en particular el análisis de las amenazas referidas a la soberanía política, la política de desarrollo, la autonomía económica y la democratización en América Latina”. Durante dos días, realizó sesiones sobre diferentes áreas de actuación de las CTN: servicios públicos (agua y electricidad); recursos naturales (hidrocarburos, minería, turismo, forestación, celulosa); cadena agroalimentaria; el mundo laboral; y el sistema financiero.

Entre los casos denunciados, se destaca la privatización del agua, que socava el poder de decisión de los pueblos sobre sus territorios y sus vidas. Es particularmente el caso de la empresa francesa Suez, que en la última década se ha beneficiado de las privatizaciones en Argentina, Uruguay, Bolivia y Brasil, entre otros. Su comportamiento es similar en cada país: no invierte recursos propios, solamente asume la administración de los servicios existentes. Se empeora la calidad del servicio, hay escasez de agua en los barrios periféricos, aumentan los precios arrojando altos niveles de lucro; y cuando crecen las protestas populares, como se dio en Bolivia, o en Córdoba (Argentina), se va. Esta empresa sigue presente en Manaos, donde confluyen dos de los ríos más grandes de agua dulce del mundo: el Amazonas y el Rio Negro; y sin embargo, en diversos barrios a menudo falta agua potable.

Otro caso fue el de las papeleras. Cuatro empresas nórdico-españolas (Botnia, Ence, Lorentzen y Stora Enso), que controlan más del 80% de todo el mercado mundial de celulosa, imponen la plantación industrial de eucaliptos, particularmente en el Cono Sur del continente. Todas utilizan los mismos métodos: no invierten fondos propios, sino créditos locales. Establecen oligopolios, -o sea son socios en las mismas fábricas-, lo cual elimina la competencia entre ellas.

Estas empresas compran grandes extensiones de tierra. En Uruguay, ya son dueñas de 17% del territorio nacional. En Brasil poseen 200 mil hectáreas en Bahia, en las reservas de la selva atlántica, y más de 300 mil en las pampas de Rio Grande del Sur, zona de un frágil ecosistema. Estas grandes plantaciones alteran el ecosistema, secan las reservas de agua y hacen improductivas las tierras aledañas. Además, las fábricas papeleras son muy contaminantes. No obstante, compran la complicidad de las autoridades locales y la  prensa para poder operar sin inconvenientes. El argumento usado en su defensa de su utilidad social resulta siendo ficticio, pues cerca del 80% de la celulosa producida en el mundo se destina a embalajes industriales, y apenas el 2% a libros y periódicos.

Otra de las acusaciones fue dirigida a la empresa petrolera española-argentina Repsol YPF, multinacional que, según el ranking de la revista Fortune, ocupa el puesto 97 en la lista de las mayores multinacionales del planeta. En 2004, el 88% de su resultado operativo provino de Latinoamérica.

La acusación a Repsol YPF concierne principalmente a las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, Ecuador y Bolivia. Se demostró que en Colombia, sus actividades, en asociación con la empresa estadounidense Oxy, afectan al pueblo indígena U’wa, son corresponsables de la destrucción de la Laguna de Lipa, así como del desplazamiento del pueblo Guahibo. Además, existen evidencias de vínculos de la empresa con la financiación de grupos paramilitares.

En Ecuador, Repsol YPF participó, junto a otras seis empresas petroleras, en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), durante la cual se produjeron violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano. Se informó que ha contribuido a la devastación de la cuenca amazónica, que está afectando gravemente tanto a las poblaciones locales como al medio ambiente. Los indicadores de desarrollo humano en zonas petroleras son los más bajos en el país. Los contratos firmados con Repsol YPF aseguran un margen de ganancia para el Estado de solo el 18%, mientras que la mayor ganancia se la lleva la empresa.

Otras empresas enjuiciadas fueron la alemana Bayer, por el efecto de los agroquímicos en Perú; Cargill y Bunge (exportadores de soya brasileña, con fuerte impacto ambiental); la Telefónica de España, a propósito de los derechos laborales, y los bancos españoles Bilbao, y Santander.

Ataque masivo a los derechos sociales y económicos

En sus conclusiones[2], el Tribunal manifiesta que: “Hemos escuchado, en particular, de la complicidad de los gobiernos europeos que apoyan y sostienen a sus CTN, así como sobre el rol que asumen instituciones internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el Banco Europeo de Inversión, las agencias oficiales de crédito y las agencias nacionales de cooperación al desarrollo como catalizadores de las actividades explotadoras de las CTN”.

Afirmó haber recibido “suficientes evidencias sobre los abusos de las CTN europeas en relación a los derechos humanos, sociales, culturales y laborales, sobre sus acciones irresponsables y algunas veces irreversibles en torno al medio ambiente, y sobre la carencia total de interés en el bienestar de las comunidades locales”.

El Tribunal enumera una serie de amenazas resultantes de la actividad de las CTN, que ameritan proseguir el trabajo del mismo: amenazas al derecho al acceso a los servicios básicos esenciales, al derecho a la tierra, a la soberanía y seguridad alimentaria, a los derechos laborales con la “flexibilización”, a los derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales, políticos y civiles.

“Todas las amenazas antes expuestas, combinadas con el comportamiento errático de los mercados financieros, resultan en un ataque masivo a los derechos sociales y económicos al desarrollo, y por lo tanto representan un desafío significativo para el trabajo futuro del TPP”, afirma el documento, agregando que: “Las CTN no son las únicas responsables de esta situación. La responsabilidad también se extiende a los gobiernos anfitriones y a la UE, lo que permite a las empresas aplicar estándares inferiores a los observados en Europa¼ Con frecuencia, la ayuda económica está condicionada a la aceptación de los criterios de la UE, mientras que ésta negocia acuerdos de comercio y arreglos preferenciales con países concretos, incluso cuando los mismos violan las normas internacionales básicas de respeto a los derechos humanos, tales como las establecidas por la OIT”.

Se acordó que durante los próximos dos años, el Tribunal continuará las sesiones de consulta y profundización, en varios países donde hay problemas clave, hasta la próxima Cumbre bicontinental que tendrá lugar en Lima en 2008, donde emitirá un veredicto. (S.B).