Con sólo el 30 por ciento del voto favorable, el gobierno panameño se proclamó triunfador en el referéndum celebrado el domingo, 22 de octubre, convocado para decidir si se acepta una propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El 60 por ciento de la población electoral se abstuvo de participar en el referéndum convocado por el gobierno.

Más de 1.2 millones de panameños castigó la propuesta absteniéndose de concurrir a las urnas. El padrón electoral lo forma un total de 2.1 millones de ciudadanos. De ese total,  705 mil panameños apoyaron la propuesta de ampliación del Canal de Panamá que les presentó el gobierno del presidente Martín Torrijos. Otros 201 mil rechazaron la propuesta.

Resultados extraoficiales del Referéndum celebrado el 22 de octubre de 2006

Fuente: Tribunal Electoral de Panamá (http://201.227.244.69/Referendum2006/WebAppElections/wfPresConsultaProvi...)

En los últimos referéndum celebrados en Panamá en 1992 y 1998, el 40 y el 30 por ciento, respectivamente, de la población electoral se abstuvo. En elecciones generales realizadas en 1999 y 2004 el 25 por ciento de la población electoral se abstuvo.

La alta abstención electoral en el referéndum del  22 de octubre de 2006 es un mensaje que el pueblo panameño le está enviando al gobierno. Se quiere impedir que el gobierno interprete su triunfo como un mandato del pueblo para proceder a ejecutar la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. El gobierno deberá revisar todos los detalles técnicos y económicos de su propuesta que fueron duramente criticados durante la campaña que precedió el referéndum. Igualmente, tendrá que hacer realidad un plan de desarrollo nacional para enmarcar la propuesta de ampliación de la vía acuática.

Los grupos que formaron las fuerzas políticas detrás del No tendrán que continuar presionando al gobierno a nombre del pueblo panameño para evitar que la propuesta de ampliación del Canal endeude el país y, a la vez, la corrupción se adueñe de su ejecución poniendo en peligro la economía del país.

La propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno y aprobada en el referéndum, ha sido muy criticada por subestimar los costos de la construcción del tercer juego de esclusas. Igualmente, sobreestima los ingresos provenientes de los peajes que le cobra a los usuarios de la vía acuática.

El financiamiento de la obra también tiene serias fallas. El gobierno nacional calcula que la ampliación del Canal, que durará 7 años (entre 2007 y 2013), costará US$5.25 millones y se pagará con el incremento anual de los peajes. Sin embargo, al introducir correctivos a los planos conceptuales de las esclusas aumentarán los costos que no podrán ser cubiertos por el incremento de los peajes. Estos últimos tampoco son muy seguros ya que muchas navieras se han mostrado poco anuentes a pagar más.

Se ha denunciado la posibilidad de que ante la falta de recursos para pagar la obra, el gobierno nacional tenga que endeudarse para cubrir las inversiones necesarias. En la actualidad, la deuda del gobierno panameño supera los US$10 mil millones (para un país de 3 millones de habitantes). Los nuevos compromisos podrían incrementar la deuda a US$15 mil millones y las amortizaciones anuales a US$1,500 millones para un presupuesto que apenas supera los US$7 mil millones.

El gobierno nacional también desistió de exagerar en torno al número de empleos que supuestamente iba a generar la construcción del tercer juego de esclusas. En su campaña de promoción de la obra mencionó  que se crearían 250 mil empleos. Al final aceptó que  serían un promedio anual de 3 mil empleos.  La obra también presenta serios riesgos ambientales  para el agua que consume la población urbana que rodea el Canal y también no toma en cuenta el deterioro que puede representar para las ciudades terminales de Panamá y Colón.

El referéndum del domingo, 22 de octubre, se destacó por las múltiples denuncias contra los abusos cometidos por los grupos gubernamentales que promovían la aprobación de la propuesta de ampliación del Canal. En todos los centros de votación, grupos entrenados se tomaban los locales, tanto  adentro como afuera para garantizar su control de las entradas y los movimientos de todos los ciudadanos. Las autoridades encargadas de hacer cumplir los reglamentos, así la como la Fuerza Pública (Policía Nacional), no intervinieron ante las protestas de quienes se sentían amedrentados por los abusos.
Sectores vinculados a aquellos que rechazaron la propuesta de ampliación anunciaron en una conferencia de prensa posterior al referéndum la posibilidad de organizar un Movimiento por el Rescate del Canal de Panamá que enfatizará la necesidad de poner los recursos que genera la vía acuática al servicio del país y de la población panameña.

Marco A. Gandásegui, hijo. Universidad de Panamá / CELA