El panorama económico en Argentina no podría ser más desalentador. Según cálculos estimativos, el desempleo estaría llegando al 30% en algunos puntos claves del país, como la región que rodea a la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país. El índice de pobreza, esta vez con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) abarca a 14 millones de personas, alrededor del 40% de la población total, cuando en 1996 sólo alcanzaba al 20%. En la zona que rodea a la ciudad de Buenos Aires, según proyecciones de la consultora Equis, 863.697 personas que pertenecían a la clase media baja se agregaron al sector pobre durante 2001. Mientras tanto, 563.714 pasaron a la indigencia en esa misma región. El gobierno del presidente Duhalde se debate ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y las provenientes de una población que no logra satisfacer sus necesidades básicas. La caída del empleo ha afectado en gran manera a la clase media y las demandas sobre el sistema educativo y de salud públicos se han acrecentado enormemente. Son muchos los colegios privados que, a pocas semanas de comenzar el año escolar, no tienen inscripción suficiente de alumnos y los hospitales públicos ya no dan abasto para atender a miles de personas que antes contaban con servicios de salud privados, que se brindaban a través de las empresas empleadoras o por las obras sociales de los sindicatos. A ello debe agregarse que la declaración del default ha provocado la falta de medicamentos o de elementos para fabricarlos y un aumento de precios importante que afecta seriamente los magros presupuestos de los hospitales públicos. Como nunca se había visto antes, Argentina está siendo objeto de donaciones de alimentos y de medicinas por parte de otros países. En España se está realizando una colecta masiva a través de Caritas y de otras entidades de bien público y un primer cargamento ya partió del puerto de Valencia con 280 toneladas de comida y medicamentos. Dueños de la extensa y rica pampa húmeda, una de las regiones más fértiles y productivas del mundo, los argentinos no pueden creer lo que está ocurriendo. La debacle provocada por los programas económicos neoliberales, aplicados con suma ortodoxia en la última década, han dejado al país en la ruina. También haber privilegiado políticas monetaristas y de especulación financiera, en lugar de programas industriales y productivos, provocó la destrucción de la industria nacional en muchos rubros, como el téxtil, en el cual Argentina podría haber descollado con los incentivos apropiados aplicados a tiempo. El gobierno ya está hablando de que no podrá pagar los sueldos de los empleados nacionales en la fecha habitual ni en su totalidad. La recaudación de impuestos ha caído notablemente y los sectores que se beneficiaron con importantes ganancias durante los últimos diez años, como las empresas de servicios públicos privatizadas, los productores de petróleo y sus derivados y los productores agrícolas y ganaderos que ahora comienzan a tener importantes ingresos con la devaluación del peso y el aumento de las exportaciones, pugnan por no tener que aportar con retenciones o impuestos al tesoro nacional. La falta de ingresos a las arcas públicas aumentará la crisis, que podrá agravarse si se produce la tan temida caída de algunos bancos, como el Galicia, ya intervenido en el Uruguay. Este banco privado, de capitales argentinos, podría cerrar, haciendo desaparecer los ahorros de alrededor de 1.800.000 personas, dejando en la calle a unos 6 mil empleados y sin operar a las 225 sucursales que tiene en todo el país. Semejante caída, no haría más que agravar la delicada situación económica y social reinante. En busca de la transformación política Algunos analistas políticos comienzan a decir que el presidente Duhalde tendría los días contados y se vería obligado a llamar a elecciones generales anticipadas. La cuestión es quién lo sucedería. Hasta el momento no han surgido candidatos que tengan un apoyo considerable y el discurso que impera en la población es "que se vayan todos", refiriéndose a la necesidad de que exista una renovación total de representantes en todas las instancias. Hay quienes mencionan a la diputada Elisa Carrió, socialdemócrata, y el diputado Luis Zamora, de izquierda independiente, como posibles candidatos. Algunos gobernadores pertenecientes al justicialismo también se creen con posibilidades y otros alientan a empresarios como Mauricio Macri, actual presidente del Club Boca Júniors, el cuadro de fútbol más popular del país, y amigo personal de Carlos Menem. Pero desde las asambleas barriales, el movimiento de piqueteros y los movimientos sociales y de derechos humanos que han cobrado fuerza por su protagonismo en las protestas y cacerolazos de los últimos dos meses, se busca una transformación radical del modo de hacer política en Argentina, con instancias mucho más participativas y que permitan el ejercicio de una democracia más directa que la que existe en la actualidad. El plebiscito; la consulta popular; la revocatoria de mandatos; el voto por candidato y no por listas "sábana", como hasta ahora; el monitoreo ciudadano de la aplicación del presupuesto público; la transparencia de todos los actos públicos; el fin a las jubilaciones de privilegio y al sistema clientelista que se mueve alrededor de diputados y senadores y sus huestes de asesores, son algunos de los reclamos básicos. También se solicita la remoción de los jueces acusados de corrupción, incluso los miembros de la Corte Suprema; y el fin de la corrupción administrativa, con juicio y castigo a los culpables. Además, se proponen políticas económicas que permitan la reactivación y medidas sociales que den respuesta a las necesidades más acuciantes. El Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que llevó a cabo la consulta popular de diciembre último en favor de un seguro de empleo y capacitación para los jefes y jefas de hogar desocupados, tendrá su primer asamblea nacional a comienzos de marzo, y allí planea desarrollar con fuerza las propuestas que viene recogiendo en las actividades barriales. Los reclamos y las propuestas de cambio sustanciales también se han canalizado a través del Diálogo Nacional, que convocó Duhalde a poco de asumir, y en el cual la Iglesia Católica brinda el espacio de discusión y las Naciones Unidas, su tarea mediadora. Decenas de interlocutores representando a distintos sectores del ámbito político, económico y social del país se han reunido con representantes del gobierno, de la ICR y de Naciones Unidas para llevar sus preocupaciones y propuestas. Pero nada es sencillo. Los obispos católicos que participan de esta instancia se quejan porque los sectores que todavía detentan poder económico o político parecen no estar dispuestos a ceder privilegios ni a favorecer cambios de fondo. No quieren darse cuenta de que la ciudadanía está exigiendo modificar las relaciones de poder y establecer nuevas normas que generen una gestión pública distinta y una distribución de la riqueza más justa, que termine con el hambre y la pobreza en el país.