La intervención militar de Estados Unidos en América Latina y las luchas populares
30/01/2007
- Opinión
La intervención militar de Estados Unidos, en sus diversas formas, es uno de los mecanismos del imperialismo, que tiene como objetivos la apropiación de recursos estratégicos, el control territorial, la explotación de la fuerza de trabajo, la expansión del modelo económico neoliberal.
Eso se verifica en todos los casos de intervención militar promovidos por el Pentágono, sea en América Latina, donde los principales focos actualmente son Colombia, Haití y Paraguay, o en otras regiones, como en Oriente Medio.
La estrategia militar del gobierno estadounidense incluye: implementación de bases militares, entrenamientos y presencia de tropas en territorio extranjero, inversiones en tecnologías de monitoreo, espionaje y proyectos de infraestructura. Esta estrategia está basada en diversos pilares, desde la intervención directa hasta campañas de propaganda y difamación, pasando por procesos de las llamadas “guerras de baja intensidad”, que promueven la opresión y estimulan la violencia contra poblaciones de baja renta, urbanas y rurales.
Guerra y negocios
La militarización sirve también para garantizar el lucro de grandes transnacionales. Además de beneficiar a empresas de armamentos, que tuvieron un crecimiento del 60% en sus ventas de 2000 a 2004, la “industria de la guerra” mueve cerca de 100 mil millones de dólares por año en proyectos de infraestructura, asistencia técnica, consultoría, entrenamiento, planificación estratégica, análisis operacional, logística y servicios de seguridad, vigilancia e inteligencia. El proceso de privatización de los servicios militares se ha intensificado en las últimas décadas. Desde 1994, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha firmado más de 3.000 contratos con empresas de guerra, que sobrepasan el valor de US$ 300 mil millones.
Estados Unidos mantienen bases militares (725 bases oficiales y otras secretas) en todos los continentes, con excepción de la Antártica. Ese aparato es fundamental para la industria en aquel país, que suministra desde armamentos hasta ropas, comida y los más variados servicios para los soldados. Por ejemplo, con el inicio de la guerra en Irak se encomendaron 273 mil frascos de protector solar de una empresa en Florida llamada Sun Fun Products (Productos Solares Divertidos).
Existen cerca de 500 mil soldados, espías, técnicos, profesores y asesores a servicio del Pentágono y de la CIA trabajando para Estados Unidos en otros países. En abril de 2006, el gobierno estadounidense reforzó la actuación de las tropas de elite del Comando de Operaciones Especiales (cuya sigla en inglés es Socom) en cerca de 20 países en Oriente Medio, África y América Latina. El número de funcionarios de este departamento subió de 40 mil a 53 mil. Desde 2003, el presupuesto del Socom aumentó 60% y debe llegar a US$ 8 mil millones en 2007. Según el periódico The Washington Post, estas misiones incluyen recoger informaciones para la planificación de eventuales acciones militares en países donde no hay guerra o conflicto directo.
Triple Frontera
En América Latina, uno de los principales focos de estas tropas es la Triple Frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina. La estrategia en esta región combina campañas de propaganda sobre una supuesta “amenaza terrorista”, con la presencia de militares estadounidenses, favorecida por el acuerdo militar bilateral de Estados Unidos con Paraguay. Para tratar de implicar a Brasil y Argentina en su estrategia, en julio de 2006, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución pidiendo que el presidente Bush formase una fuerza de tarea para actuar contra el “terrorismo en el Hemisferio Occidental, especialmente en la Triple Frontera”.
El Congreso propone además que Estados Unidos presione a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que clasifiquen a Hizbollah y Hamas como organizaciones terroristas. La resolución apunta principalmente a que el gobierno brasileño cambie su política externa, que tradicionalmente no acepta el concepto de “organizaciones terroristas”, aunque sí el de “actos terroristas”.
El embajador de Brasil en Estados Unidos, Roberto Abdenur, manifestó “profunda incomodidad” con la resolución y declaró que incluso la “Casa Blanca reconoce que no hay actividades de terrorismo operativo en la región”. El alcalde de la ciudad fronteriza de Foz do Iguaçu, Paulo Ghisi, afirmó “no aceptar más esa discriminación”. El presidente del Centro Cultural Islámico en Foz do Iguaçu, Zaki Moussa, concluye: “Ellos quieren la región, no los árabes. Todo el mundo sabe la importancia geopolítica de la Triple Frontera, inclusive por la concentración del agua dulce”.
El ejemplo de la Triple Frontera muestra la relación de una estrategia militar con el control de recursos estratégicos. En Paraguay, las elites locales apoyan acciones militares y paramilitares, sobre todo en áreas donde las organizaciones campesinas están más organizadas. El objetivo es expulsar los campesinos de sus tierras para abrir espacio para el latifundio, sobre todo para la producción de soja. Por lo tanto, la región combina intereses estratégicos de Estados Unidos en América del Sur, con la preservación del poder de las oligarquías rurales.
La CADA
El imperialismo norteamericano sirve tanto a los intereses de las elites extranjeras, cuando de las elites locales. Por eso, depende de la supervivencia de los gobiernos de países periféricos y también de la complicidad de países centrales, como los de la Unión Europea. A su vez, las principales luchas de resistencia contra el imperialismo también combinan estrategias de acción locales y articulación internacional.
En oposición al proceso de militarización en el Continente, fue creada la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA). Además de vigilar la presencia militar de Estados Unidos en América Latina, la CADA está contribuyendo a la articulación de luchas populares contra el imperialismo.
Las principales propuestas de la CADA son:
- Denunciar la dominación militar de Estados Unidos en América Latina y sus consecuencias, como las violaciones de derechos humanos, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y de la auto-determinación de los pueblos.
- Coordinar acciones solidarias y simultáneas, realizar movilizaciones, investigaciones y acciones jurídicas contra el aparato militar de Estados Unidos y en defensa de los derechos humanos.
- Apoyar los movimientos sociales de cada país, que luchan por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad.
- La construcción de un modelo económico basado en la justicia social y en la solidaridad entre los pueblos.
- La construcción de una alternativa igualitaria y sostenible para la integración latinoamericana.
Resistencias
Intensas luchas de resistencia, combinando movilización local con solidaridad internacional, lograron interrumpir operaciones militares en Vieques, Puerto Rico. Un plebiscito popular obtuvo más de 10 millones de votos en Brasil, impidiendo el control de la base de Alcântara por Estados Unidos. En Costa Rica, un fuerte movimiento popular impidió la presencia de la Academia para el Cumplimiento de La Ley (una versión de la Escuela de las Américas para policías latinoamericanos). Un fuerte movimiento de oposición en Argentina impidió la realización de una operación de entrenamiento liderada por militares estadounidenses para países latinoamericanos, llamada Águilas III.
En todo el Continente, desde México, con las luchas populares en Chiapas y Oaxaca, hasta la movilización de pueblos indígenas en Brasil, que ocuparon recientemente la Compañía Vale do Río Doce, una de las mayores mineras del mundo, reflejan el repudio a las políticas de dominación económica y militar. En 2007, movimientos sociales brasileños organizarán un plebiscito popular por la estatización de la Compañía Vale do Río Doce, privatizada en 1997 a través de una subasta fraudulenta.
La recuperación de fuentes de recursos estratégicos es fundamental. En Bolivia, la fuerte oposición a la política de privatización del agua y del gas natural causó la renuncia de dos presidentes y culminó en la elección de Evo Morales, que garantizó también mayor participación del Estado sobre la actuación de empresas petroleras en el país. En Venezuela, la recuperación del control de PDVSA por el presidente Hugo Chávez fue esencial para la continuidad de la revolución bolivariana.
Y, más recientemente, el pueblo ecuatoriano eligió al presidente Rafael Correa, que asumió el compromiso de no renovar el acuerdo que permite que los EE UU utilicen la base de Manta. Esta iniciativa fue saludada por una red de organizaciones ecuatorianas que está realizando diversas acciones de movilización contra la base. “Está comprobado que las principales actividades de los militares estadounidenses son el control migratorio, el trabajo de vigilancia y el apoyo logístico al ejército colombiano. Por otro lado, la militarización del puerto de Manta está provocando la expulsión de campesinos y pescadores, los cuales están impedidos de trabajar”, afirma una nota divulgada por la Coalición No Bases, de Ecuador.
En marzo de 2007, Ecuador será la sed de la Conferencia Mundial por la Abolición de Bases Militares Extranjeras, lo que vuelve la decisión de Rafael Correa todavía más significativa. El mandatario recibió también el apoyo de los movimientos sociales ecuatorianos por su compromiso de no firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En la lucha contra el imperialismo es importante unir estrategias de acción contra agentes que promueven una política económica articulada con la militar. Uno de ellos es el Banco Mundial, que funciona como una especie de “cerebro”, elaborando conceptos incorporados por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). EL liderazgo del Banco Mundial vuelve todavía más evidente la relación entre estrategias económicas y militares. Su actual presidente, Paul Wolfowitz, fue Vicesecretario de Defensa de Estados Unidos. EL presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (brazo del Banco Mundial para América Latina) es Luís Alberto Moreno, ex-embajador de Colombia en Washington y mentalizador del Plan Colombia.
En su libro “Confesiones de un asesino económico”, John Perkins revela que “desde la II Guerra Mundial, los asesinos económicos construyeron el primer imperio verdaderamente global. Eso fue hecho sobre todo por medios económicos, no militares”, explica. Los asesinos económicos son expertos en identificar países donde existen recursos estratégicos, adquirir préstamos del Banco Mundial o del FMI y, a partir del endeudamiento de estos países, chantajear para conseguir contratos de estos gobiernos con empresas estadounidenses para mega-proyectos como centrales de energía, carreteras, puertos, etc. Algunas de las empresas citadas en el libro son Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, Brown and Root, Nike, Monsanto, General Electric, y Chas T. Main, donde Perkins trabajó.
Perkins cita además la actuación de esos agentes para organizar la oposición social a gobiernos contrarios a los intereses de EE UU. Cuando los saboteadores fallan, entran en escena agentes conocidos como “chacales”, para derrumbar o asesinar gobernantes. Él revela que los chacales fueron enviados a Venezuela en 2002 para articular el golpe contra el presidente Chávez.
Militarismo y medios
Hay también una relación estrecha entre la política externa de Estados Unidos y los intereses de empresas de comunicación. Corporaciones de otra naturaleza (bancos, empresas bélicas, etc.) tienen control accionista de grandes medios de comunicación. Por ejemplo, la General Electric (que produce desde bombillas hasta material bélico y nuclear) controla la RCA y la red de TV NBC.
El gobierno de Estados Unidos invierte significativamente en los sectores de comunicación del Pentágono, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que poseen miles de funcionarios. Desde la I Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un sistema de comunicación íntimamente ligado a sus intereses militares. Así, una de las principales funciones de las radios, en su origen, fue a orientar y entretener soldados en los campos y batalla. Desde entonces, se han desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados de dominación ideológica a través de los mass media comerciales.
Los media no solamente influencian la opinión pública, sino que actúan principalmente estableciendo una agenda política. Eso significa establecer “lo que” el público debe pensar, pero también “sobre lo que” debemos pensar. La repetición de ideas y el contexto dado a determinados hechos tienen efectos poderosos. Las guerras promovidas por Estados Unidos no serían posibles sin el apoyo de los media.
El “humanitarismo” como pretexto
Un concepto ampliamente difundido, que garantizó apoyo de la sociedad estadounidense a una serie de invasiones militares fue la idea de “intervenciones humanitarias” o “guerras preventivas”, como ocurrió en Panamá, Somalia, Haití, Bosnia, Colombia, Afganistán e incluso en las dos guerras contra Irak, donde soldados norteamericanos pensaban que su misión era “liberar” aquel país. Esas intervenciones sirvieron para garantizar control territorial, recursos naturales, políticas económicas neoliberales y de “libre mercado”, aunque con el pretexto de asegurar la “estabilidad”, la “democracia” y la “seguridad” en aquellos países.
Ese discurso esconde las atrocidades cometidas por el ejército y por fuerzas paramilitares financiadas por Estados Unidos en todo el mundo. Bajo el discurso de los gobernantes estadounidenses, que pregonan la “democracia” y la “justicia”, una parte de la sociedad alimenta un sentimiento de superioridad. Otra parte sufre directamente con leyes que, en especial después de los ataques del 11 de septiembre, restringen derechos civiles y políticos, sobre todo de los inmigrantes. Por lo tanto, la preservación del imperio americano depende de la ignorancia y de la opresión de su propia población.
En la década de los ‘80, cuando Centroamérica vivía un duro proceso de enfrentamiento contra el imperialismo y muchas organizaciones estadounidenses buscaban solidarizarse con las luchas revolucionarias en la región, ya había un entendimiento de que la mejor forma de solidaridad con una revolución es estimular esas luchas en su propio país.
Nuestro Continente ha sido escenario de mucha lucha y no nos faltan ejemplos a seguir. En toda América Latina se están registrando movilizaciones que reflejan el repudio popular a las políticas de dominación económica y militar de Estados Unidos y de sus aliados. Hoy mismo, cada uno/una de nosotros está en proceso de lucha y sabemos que hacer. Cada día surgen nuevas formas de resistencia, a partir de la sabiduría popular. Como dice el pueblo de Oaxaca, “La Victoria no es de los poderosos sino de los mejor organizados”.
Maria Luisa Mendonça, periodista brasileña, es coordinadora de la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Eso se verifica en todos los casos de intervención militar promovidos por el Pentágono, sea en América Latina, donde los principales focos actualmente son Colombia, Haití y Paraguay, o en otras regiones, como en Oriente Medio.
La estrategia militar del gobierno estadounidense incluye: implementación de bases militares, entrenamientos y presencia de tropas en territorio extranjero, inversiones en tecnologías de monitoreo, espionaje y proyectos de infraestructura. Esta estrategia está basada en diversos pilares, desde la intervención directa hasta campañas de propaganda y difamación, pasando por procesos de las llamadas “guerras de baja intensidad”, que promueven la opresión y estimulan la violencia contra poblaciones de baja renta, urbanas y rurales.
Guerra y negocios
La militarización sirve también para garantizar el lucro de grandes transnacionales. Además de beneficiar a empresas de armamentos, que tuvieron un crecimiento del 60% en sus ventas de 2000 a 2004, la “industria de la guerra” mueve cerca de 100 mil millones de dólares por año en proyectos de infraestructura, asistencia técnica, consultoría, entrenamiento, planificación estratégica, análisis operacional, logística y servicios de seguridad, vigilancia e inteligencia. El proceso de privatización de los servicios militares se ha intensificado en las últimas décadas. Desde 1994, el Departamento de Defensa de EE. UU. ha firmado más de 3.000 contratos con empresas de guerra, que sobrepasan el valor de US$ 300 mil millones.
Estados Unidos mantienen bases militares (725 bases oficiales y otras secretas) en todos los continentes, con excepción de la Antártica. Ese aparato es fundamental para la industria en aquel país, que suministra desde armamentos hasta ropas, comida y los más variados servicios para los soldados. Por ejemplo, con el inicio de la guerra en Irak se encomendaron 273 mil frascos de protector solar de una empresa en Florida llamada Sun Fun Products (Productos Solares Divertidos).
Existen cerca de 500 mil soldados, espías, técnicos, profesores y asesores a servicio del Pentágono y de la CIA trabajando para Estados Unidos en otros países. En abril de 2006, el gobierno estadounidense reforzó la actuación de las tropas de elite del Comando de Operaciones Especiales (cuya sigla en inglés es Socom) en cerca de 20 países en Oriente Medio, África y América Latina. El número de funcionarios de este departamento subió de 40 mil a 53 mil. Desde 2003, el presupuesto del Socom aumentó 60% y debe llegar a US$ 8 mil millones en 2007. Según el periódico The Washington Post, estas misiones incluyen recoger informaciones para la planificación de eventuales acciones militares en países donde no hay guerra o conflicto directo.
Triple Frontera
En América Latina, uno de los principales focos de estas tropas es la Triple Frontera, entre Brasil, Paraguay y Argentina. La estrategia en esta región combina campañas de propaganda sobre una supuesta “amenaza terrorista”, con la presencia de militares estadounidenses, favorecida por el acuerdo militar bilateral de Estados Unidos con Paraguay. Para tratar de implicar a Brasil y Argentina en su estrategia, en julio de 2006, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución pidiendo que el presidente Bush formase una fuerza de tarea para actuar contra el “terrorismo en el Hemisferio Occidental, especialmente en la Triple Frontera”.
El Congreso propone además que Estados Unidos presione a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que clasifiquen a Hizbollah y Hamas como organizaciones terroristas. La resolución apunta principalmente a que el gobierno brasileño cambie su política externa, que tradicionalmente no acepta el concepto de “organizaciones terroristas”, aunque sí el de “actos terroristas”.
El embajador de Brasil en Estados Unidos, Roberto Abdenur, manifestó “profunda incomodidad” con la resolución y declaró que incluso la “Casa Blanca reconoce que no hay actividades de terrorismo operativo en la región”. El alcalde de la ciudad fronteriza de Foz do Iguaçu, Paulo Ghisi, afirmó “no aceptar más esa discriminación”. El presidente del Centro Cultural Islámico en Foz do Iguaçu, Zaki Moussa, concluye: “Ellos quieren la región, no los árabes. Todo el mundo sabe la importancia geopolítica de la Triple Frontera, inclusive por la concentración del agua dulce”.
El ejemplo de la Triple Frontera muestra la relación de una estrategia militar con el control de recursos estratégicos. En Paraguay, las elites locales apoyan acciones militares y paramilitares, sobre todo en áreas donde las organizaciones campesinas están más organizadas. El objetivo es expulsar los campesinos de sus tierras para abrir espacio para el latifundio, sobre todo para la producción de soja. Por lo tanto, la región combina intereses estratégicos de Estados Unidos en América del Sur, con la preservación del poder de las oligarquías rurales.
La CADA
El imperialismo norteamericano sirve tanto a los intereses de las elites extranjeras, cuando de las elites locales. Por eso, depende de la supervivencia de los gobiernos de países periféricos y también de la complicidad de países centrales, como los de la Unión Europea. A su vez, las principales luchas de resistencia contra el imperialismo también combinan estrategias de acción locales y articulación internacional.
En oposición al proceso de militarización en el Continente, fue creada la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA). Además de vigilar la presencia militar de Estados Unidos en América Latina, la CADA está contribuyendo a la articulación de luchas populares contra el imperialismo.
Las principales propuestas de la CADA son:
- Denunciar la dominación militar de Estados Unidos en América Latina y sus consecuencias, como las violaciones de derechos humanos, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía y de la auto-determinación de los pueblos.
- Coordinar acciones solidarias y simultáneas, realizar movilizaciones, investigaciones y acciones jurídicas contra el aparato militar de Estados Unidos y en defensa de los derechos humanos.
- Apoyar los movimientos sociales de cada país, que luchan por su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad.
- La construcción de un modelo económico basado en la justicia social y en la solidaridad entre los pueblos.
- La construcción de una alternativa igualitaria y sostenible para la integración latinoamericana.
Resistencias
Intensas luchas de resistencia, combinando movilización local con solidaridad internacional, lograron interrumpir operaciones militares en Vieques, Puerto Rico. Un plebiscito popular obtuvo más de 10 millones de votos en Brasil, impidiendo el control de la base de Alcântara por Estados Unidos. En Costa Rica, un fuerte movimiento popular impidió la presencia de la Academia para el Cumplimiento de La Ley (una versión de la Escuela de las Américas para policías latinoamericanos). Un fuerte movimiento de oposición en Argentina impidió la realización de una operación de entrenamiento liderada por militares estadounidenses para países latinoamericanos, llamada Águilas III.
En todo el Continente, desde México, con las luchas populares en Chiapas y Oaxaca, hasta la movilización de pueblos indígenas en Brasil, que ocuparon recientemente la Compañía Vale do Río Doce, una de las mayores mineras del mundo, reflejan el repudio a las políticas de dominación económica y militar. En 2007, movimientos sociales brasileños organizarán un plebiscito popular por la estatización de la Compañía Vale do Río Doce, privatizada en 1997 a través de una subasta fraudulenta.
La recuperación de fuentes de recursos estratégicos es fundamental. En Bolivia, la fuerte oposición a la política de privatización del agua y del gas natural causó la renuncia de dos presidentes y culminó en la elección de Evo Morales, que garantizó también mayor participación del Estado sobre la actuación de empresas petroleras en el país. En Venezuela, la recuperación del control de PDVSA por el presidente Hugo Chávez fue esencial para la continuidad de la revolución bolivariana.
Y, más recientemente, el pueblo ecuatoriano eligió al presidente Rafael Correa, que asumió el compromiso de no renovar el acuerdo que permite que los EE UU utilicen la base de Manta. Esta iniciativa fue saludada por una red de organizaciones ecuatorianas que está realizando diversas acciones de movilización contra la base. “Está comprobado que las principales actividades de los militares estadounidenses son el control migratorio, el trabajo de vigilancia y el apoyo logístico al ejército colombiano. Por otro lado, la militarización del puerto de Manta está provocando la expulsión de campesinos y pescadores, los cuales están impedidos de trabajar”, afirma una nota divulgada por la Coalición No Bases, de Ecuador.
En marzo de 2007, Ecuador será la sed de la Conferencia Mundial por la Abolición de Bases Militares Extranjeras, lo que vuelve la decisión de Rafael Correa todavía más significativa. El mandatario recibió también el apoyo de los movimientos sociales ecuatorianos por su compromiso de no firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En la lucha contra el imperialismo es importante unir estrategias de acción contra agentes que promueven una política económica articulada con la militar. Uno de ellos es el Banco Mundial, que funciona como una especie de “cerebro”, elaborando conceptos incorporados por otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). EL liderazgo del Banco Mundial vuelve todavía más evidente la relación entre estrategias económicas y militares. Su actual presidente, Paul Wolfowitz, fue Vicesecretario de Defensa de Estados Unidos. EL presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (brazo del Banco Mundial para América Latina) es Luís Alberto Moreno, ex-embajador de Colombia en Washington y mentalizador del Plan Colombia.
En su libro “Confesiones de un asesino económico”, John Perkins revela que “desde la II Guerra Mundial, los asesinos económicos construyeron el primer imperio verdaderamente global. Eso fue hecho sobre todo por medios económicos, no militares”, explica. Los asesinos económicos son expertos en identificar países donde existen recursos estratégicos, adquirir préstamos del Banco Mundial o del FMI y, a partir del endeudamiento de estos países, chantajear para conseguir contratos de estos gobiernos con empresas estadounidenses para mega-proyectos como centrales de energía, carreteras, puertos, etc. Algunas de las empresas citadas en el libro son Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, Brown and Root, Nike, Monsanto, General Electric, y Chas T. Main, donde Perkins trabajó.
Perkins cita además la actuación de esos agentes para organizar la oposición social a gobiernos contrarios a los intereses de EE UU. Cuando los saboteadores fallan, entran en escena agentes conocidos como “chacales”, para derrumbar o asesinar gobernantes. Él revela que los chacales fueron enviados a Venezuela en 2002 para articular el golpe contra el presidente Chávez.
Militarismo y medios
Hay también una relación estrecha entre la política externa de Estados Unidos y los intereses de empresas de comunicación. Corporaciones de otra naturaleza (bancos, empresas bélicas, etc.) tienen control accionista de grandes medios de comunicación. Por ejemplo, la General Electric (que produce desde bombillas hasta material bélico y nuclear) controla la RCA y la red de TV NBC.
El gobierno de Estados Unidos invierte significativamente en los sectores de comunicación del Pentágono, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que poseen miles de funcionarios. Desde la I Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló un sistema de comunicación íntimamente ligado a sus intereses militares. Así, una de las principales funciones de las radios, en su origen, fue a orientar y entretener soldados en los campos y batalla. Desde entonces, se han desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados de dominación ideológica a través de los mass media comerciales.
Los media no solamente influencian la opinión pública, sino que actúan principalmente estableciendo una agenda política. Eso significa establecer “lo que” el público debe pensar, pero también “sobre lo que” debemos pensar. La repetición de ideas y el contexto dado a determinados hechos tienen efectos poderosos. Las guerras promovidas por Estados Unidos no serían posibles sin el apoyo de los media.
El “humanitarismo” como pretexto
Un concepto ampliamente difundido, que garantizó apoyo de la sociedad estadounidense a una serie de invasiones militares fue la idea de “intervenciones humanitarias” o “guerras preventivas”, como ocurrió en Panamá, Somalia, Haití, Bosnia, Colombia, Afganistán e incluso en las dos guerras contra Irak, donde soldados norteamericanos pensaban que su misión era “liberar” aquel país. Esas intervenciones sirvieron para garantizar control territorial, recursos naturales, políticas económicas neoliberales y de “libre mercado”, aunque con el pretexto de asegurar la “estabilidad”, la “democracia” y la “seguridad” en aquellos países.
Ese discurso esconde las atrocidades cometidas por el ejército y por fuerzas paramilitares financiadas por Estados Unidos en todo el mundo. Bajo el discurso de los gobernantes estadounidenses, que pregonan la “democracia” y la “justicia”, una parte de la sociedad alimenta un sentimiento de superioridad. Otra parte sufre directamente con leyes que, en especial después de los ataques del 11 de septiembre, restringen derechos civiles y políticos, sobre todo de los inmigrantes. Por lo tanto, la preservación del imperio americano depende de la ignorancia y de la opresión de su propia población.
En la década de los ‘80, cuando Centroamérica vivía un duro proceso de enfrentamiento contra el imperialismo y muchas organizaciones estadounidenses buscaban solidarizarse con las luchas revolucionarias en la región, ya había un entendimiento de que la mejor forma de solidaridad con una revolución es estimular esas luchas en su propio país.
Nuestro Continente ha sido escenario de mucha lucha y no nos faltan ejemplos a seguir. En toda América Latina se están registrando movilizaciones que reflejan el repudio popular a las políticas de dominación económica y militar de Estados Unidos y de sus aliados. Hoy mismo, cada uno/una de nosotros está en proceso de lucha y sabemos que hacer. Cada día surgen nuevas formas de resistencia, a partir de la sabiduría popular. Como dice el pueblo de Oaxaca, “La Victoria no es de los poderosos sino de los mejor organizados”.
Maria Luisa Mendonça, periodista brasileña, es coordinadora de la Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
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