En México hay dos fechas para no olvidar. El pasado primero de enero se cumplieron 13 años del surgimiento público del Ejército Zapatista del Liberación Nacional (EZLN). El 9 de febrero, de otro lado, se cumplirán 12 años de lo que en México conocemos como “la traición de febrero” (9 de febrero 1995). El gobierno mexicano y el EZLN, como se recordará, habían acordado un encuentro entre el Secretario de Gobernación y la Comandancia General zapatista, los mandos zapatistas llegaron, el Secretario de Gobernación no, en su lugar llegaron las Fuerzas Armadas (la Fuerza Aérea, Marina y el Ejército). Desde entonces, los pueblos indígenas de Chiapas son pueblos militarmente ocupados y en situación de despojo por parte de las tropas federales.

Desde el surgimiento del EZLN, los pueblos indígenas zapatistas han visto pasar tres presidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Ahora ha entrado un cuarto presidente que, al igual que el primero (Salinas), es un presidente impuesto, esto es, no ganó la contienda electoral, lo impusieron. Su nombre: Felipe Calderón Hinojosa.

Los militares nunca se fueron

Tanto el gobierno saliente como el presente, han manejado el discurso, hacia el interior y particularmente al exterior del país, de que la presencia del Ejército mexicano ha permitido una supuesta distensión y desmilitarización de la denominada “zona de conflicto”.

Entre el discurso y el hecho, la verdad dista de extremo a extremo. Trece años después, en términos reales, el Ejército y la Fuerza Aérea nunca se fueron del territorio indígena, se reubicaron, se capacitaron, se tecnificaron y, en el caso de la zona de Selva del estado de Chiapas, su despliegue táctico-militar corresponde no sólo a una lógica de guerra irregular, sino también regular.

Hoy en día, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) identifica 71 posiciones militares permanentes georeferenciadas sólo en territorio indígena, esto es, en las zonas Altos, Norte y Selva del estado de Chiapas, distribuidas de la siguiente manera:

I- Se identifican 21 instalaciones militares en la 31ª. Zona Militar (toda la zona Altos y parte de la zona Centro y Norte).
II- Se identifican 19 instalaciones militares en la 38ª. Zona Militar (región fronteriza, región colindante con Tabasco y parte de zonas Selva).
III- Se identifican 31 instalaciones militares en la 39ª. Zona Militar (zonas Selva y Norte) -Ver mapa en la página 50-

Los tipos de unidades militares en las posiciones castrenses permanentes, con relevos de tropa o de unidad militar cada 4 meses identificados in situ son:

1) Batallones de Infantería (BI).
2) Regimientos de Caballería Motorizada (RCM).
3) Regimientos de Artillería (RA).
4) Batallones de Ingenieros de Combate (BIC).
5) Compañías de Ingenieros de Combate (CIC).
6) Batallón de Transportes (BT).
7) Compañías de Infantería No Encuadrada (CINE).
8) Fuerzas Especiales (FE), que incluyen:
- Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFEs).
- 1er. Cuerpo del Ejército (ICE).
- Brigada de Policía Militar (BPM).

Cuando hablamos de posiciones militares, nos referimos a campamentos permanentes, esto es, no nos referimos a retenes o campamentos militares intermitentes o temporales. Un retén militar forma parte de una unidad militar, por ejemplo, el 10º. Batallón de Infantería destacamentado en determinada comunidad indígena, es una unidad militar que pretende controlar militar y políticamente parte de un territorio a través de la aplicación de “programas sociales”, patrullajes, instalaciones temporales, retenes militares, espionaje y, a través de la interacción e inducción con las poblaciones indígenas.

Comunidades afectadas

Indudablemente, el Derecho al Territorio representa un derecho fundamental para los pueblos indígenas de cualquier parte del mundo. En una sociedad pluricultural, como la mexicana, el territorio de un pueblo indígena es su historia, su presente y su futuro. Este derecho garantiza que estos pueblos puedan beneficiarse y reproducirse cultural, social, política y económicamente con carácter y en forma colectiva dentro de un espacio-territorio con todo lo que éste incluye: sus recursos naturales, sus recursos bióticos, su tierra, su agua, sus ruinas arqueológicas, su espacio aéreo, etc.

Las afectaciones por la presencia, vinculación y relación de las poblaciones indígenas con efectivos de la institución castrense son, en la mayoría de los casos, desastrosas. La permeabilidad de soldados y mandos de un destacamento militar en los accesos e interiores de una comunidad se manifiestan de distintas formas.

71 posiciones militares es un dato frío y concreto, más frío aún es un ejemplo ilustrativo que retrata los impactos por la presencia del Ejército mexicano en los pueblos indígenas. La instalación de un campamento militar en terrenos civiles conlleva, en lo inmediato, a dos primeros factores que generan paulatina y gradualmente una descomposición del tejido social, político, cultural y moral de las poblaciones indígenas. La introducción de alcohol y la llegada de prostitutas son automáticas. El reglamento interno de las instalaciones militares prohíbe la internación de civiles en los campamentos, así como la introducción de bebidas alcohólicas, por lo tanto, es en las comunidades donde se introduce el alcohol y las prostitutas. Esos pueblos, sus mujeres y niños, aprenden a convivir y a relacionarse con soldados y con prostitutas importadas de las ciudades de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etc.

Los pueblos zapatistas no están blindados a estos impactos, pero es en ellos donde el Ejército mexicano encuentra una férrea resistencia política, no siendo pocos los casos en que se han visto obligados a abandonar algunas comunidades por acuerdo de toda la población zapatista y no zapatista.

La masiva presencia y ocupación del Ejército mexicano de los territorios tradicionales indígenas de Chiapas, realizados, en la mayoría de los casos, sin previa consulta y aprobación de las comunidades afectadas, y la instalación de los campamentos militares en áreas ejidales o de tradicional posesión indígena, constituyen violaciones a los compromisos adquiridos por México frente al derecho internacional, en particular del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Convenio 169 de la OIT y de los artículos 1, 2 y 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

El escenario político post electoral en México y la integración de un gabinete de gobierno de ultra derecha y de historial represivo, avisa y perfila lo que se avecina en materia de justicia, libertad y democracia.

Fundamentar y dimensionar los niveles de ilegalidad, ilegitimidad y el marco de total impunidad en la operatividad de la ocupación militar contra los pueblos indígenas de Chiapas, o la brutal represión contra los pueblos de San Salvador Atenco, Oaxaca y Guerrero explican porqué los pueblos indígenas zapatistas han decidido desconocer estos gobiernos, llevar a cabo en los hechos la construcción de su libre determinación como pueblos indígenas, a la vez, que nos invitan a conformar juntos la Otra Campaña, abajo, a la izquierda y juntos, a conformar un gran movimiento nacional e internacional que no pretenda sólo cambiar el presidente de un país, sino “algo mayor”: cambiar un sistema, sólo eso, un sistema.

Ernesto Ledesma Arronte es integrante del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE), San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.