El Oriente antioqueño se convirtió desde hace varios años en territorio de ejecuciones extrajudiciales que comprometen a miembros del Ejército adscritos a la IV Brigada. A partir de las denuncias realizadas por la comunidad de esa subregión del departamento, se pudo establecer que entre el 7 de agosto de 2002 y el 30 de junio de 2006 se reportaron 74 casos que dejaron un total de 110 víctimas, entre las que se cuentan menores de edad y personas con discapacidad física.

Las cifras y los relatos están incluidos en el informe Ejecuciones extrajudiciales: el caso del Oriente antioqueño, presentado este martes en Medellín y realizado por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad (Codehsel) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, con el propósito de documentar este tipo de delitos y exigirle al Gobierno nacional acciones concretas que eviten este tipo de comportamientos delictivos entre a fuerza pública.

Esta investigación se realizó a partir de las denuncias formuladas por los familiares de las víctimas y por los miembros de la comunidad del Oriente antioqueño,  así como de las denuncias públicas de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales con asiento en el departamento de Antioquia. Para la investigación se recurrió a los expedientes, tanto judiciales como disciplinarios, que reposan en la Fiscalía General de la Nación y en la Procuraduría General de la Nación.

Las 110 víctimas reportadas como ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño corresponden, según sexo, a 98 hombres y 12 mujeres (una de ellas en estado de embarazo); 12 de las víctimas son niñas y niños entre los 15 y 17 años. Tres eran personas con alguna discapacidad física o mental. La mayor parte de las víctimas se dedicaban a labores agrícolas en sus fincas o en parcelas vecinas.

Las cifras también indican que  más del 10% de los casos corresponden a mujeres, sin contar las agresiones que tuvieron que soportar las madres, hijas, hermanas y esposas de los hombres que también fueron asesinados por la fuerza pública. Además, Otro elemento caracterizador en los reportes es la muerte de varios miembros de una misma familia.

De los 38 casos reportados como ejecuciones extrajudiciales con información judicial, 14 fueron fallados por el Consejo Superior de Judicatura a favor de la justicia ordinaria; en 5 casos la Fiscalía ha remitido la investigación a la jurisdicción penal militar sin proponer conflicto de competencia, lo que se convierte en una renuncia al deber de investigar que le exige el artículo 250 de la Constitución Política colombiana. En los demás casos la Fiscalía ha continuado con la investigación a la par de la que adelanta la jurisdicción penal militar.

Para la recolección de casos se tomó como referencia el formulario de recolección de  información del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas con la siguiente información: hechos, actuación judicial y mecanismos de impunidad. El análisis de los casos permite sostener que en la mayoría de ellos, la respuesta institucional es muy débil y, por tanto, no se realizó una investigación eficaz que condujera al esclarecimiento de los hechos y a sancionar a los responsables.

Colombia ha soportado uno de los mayores índices de ejecuciones extrajudiciales en el mundo, lo que ha originado informes y visitas del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias a nuestro país. La mayor parte de estas ejecuciones han sido perpetradas por la fuerza pública, en especial el Ejército, o por grupos paramilitares con la aquiescencia de estos. En el caso del Oriente antioqueño, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales han venido en aumento, lo que coincide con la propuesta de “retomar” el control perdido en esta región antioqueña ante la presencia de organizaciones subversivas, a partir de las formulación de la política de “seguridad democrática”.

Los responsables

De acuerdo con las investigaciones realizadas, las 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional ocurrieron en desarrollo de las operaciones Marcial Norte (2003), Espartaco (2004), Ejemplar (2005) y Falange I (2006).

La mayoría de las denuncias son atribuidas al Batallón de Artillería N° 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes N° 4). Durante el año 2003, este Batallón fue comandado por el teniente coronel Iván Darío Pineda; durante el 2004, por el teniente coronel Juan Carlos Barrera, y durante el 2005, por el teniente coronel Luis Javier Pérez Orellanos. El 62% del total de los casos reportados (41 víctimas) fueron atribuidos a esa unidad militar.

Le sigue el Batallón de Caballería Mecanizada N° 4 Juan del Corral (GMJCO) con 21 casos reportados. A la Unidad Bombarda, al mando del subteniente Andrés Mauricio Rosero Bravo, se le imputan 4 de los 35 casos judicializados por la justicia ordinaria y la justicia castrense. Ambos batallones realizan operativos en la zona de Granada, San Luis y Cocorná, lo que explica el alto nivel de violaciones al derecho a la vida en esos municipios. De acuerdo con los casos reportados como ejecuciones extrajudiciales, el eje Cocorná-Granada San Luis, soporta el 74% con 55 casos y 84 víctimas. De esos municipios, Granada es el más golpeado por esta práctica. El 44% del total de casos registrados (33 casos y 49 víctimas) ocurrieron allí.

Por subregiones, Embalses (Granada, Guatapé, el Peñol, San Carlos y San Rafael) soporta el 48% de los casos denunciados (la mayor parte de estos en Granada). Le siguen la subregión Bosques (Cocorná, San Luis y San Francisco) con el 33%, y la subregión Páramo (Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño) con el 16%.

Los casos que expuestos en el informe Ejecuciones extrajudiciales: el caso del Oriente antioqueño demuestran de manera contundente que la Fuerza Pública cometió graves violaciones al derecho a la vida de la población campesina y de las organizaciones sociales de esta zona de Antioquia al perpetrar, de manera sistemática, ejecuciones extrajudiciales que involucran a la población civil.

Los miembros del Ejército involucrados reportan la muerte de los civiles como muertos en combate ante la necesidad de presentar resultados a sus superiores, lo que se denomina en el argot militar “positivos”, que sirven a las Fuerzas Militares y al gobierno para mostrar que la política de “seguridad democrática” sí ha dado resultados.

Luego de cada ejecución, el Ejército elabora un informe de operaciones en el cual las víctimas son reportadas como muertas en combate. Ese informe se respalda con una orden de operaciones emitida por el comandante del batallón o por el comando de la Cuarta Brigada con jurisdicción en estos municipios. Este procedimiento permite desviar las investigaciones y propicia que los casos sean asumidos por la jurisdicción penal militar. Concluye el informe que dejar las investigaciones relacionadas con ejecuciones extrajudiciales en la jurisdicción penal militar forma parte de una estrategia deliberada para mantener en la impunidad los crímenes cometidos por la Fuerza Pública.

Esa situación demuestra que el Estado colombiano no ha adoptado las recomendaciones del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales ni de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el tema realizadas durante los últimos años. Por tanto, es importante resaltar y exigir de parte del actual gobierno el cumplimiento de las mismas.

Fuente:  Agencia de Noticias IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co