La Confederación de maestros urbanos y rurales exige la aprobación de la ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez", que reemplaza a la ley 1565. El punto central es lograr la igualdad de oportunidades.

El Día del Maestro en Bolivia, celebrado ayer, estuvo marcado por el reclamo de la Confederación de maestros urbanos y rurales que repudia la conservación de la Ley 1565 de Reforma Educativa, originaria en 1994, y demanda su reemplazo a la Cámara de Diputados por la Ley de la Nueva Educación Boliviana "Avelino Siñani y Elizardo Pérez".

Esta ley fue planteada durante el Congreso Nacional de Educación que se realizó en la cuidad de Sucre, en julio de 2006, y reivindica la educación fiscal y gratuita en el país. Según expresó el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana, Porfirio Roque, es un documento coherente e inclusivo que respeta la diversidad cultural y lingüística.

Dicho anteproyecto fue experimentado durante cuatro meses en diez ciudades del país y tiene tres ejes cardinales, el primero de ellos la descolonización, que significa igualdad de oportunidades. También se prevé una educación productiva, orientada al trabajo y desarrollo sostenible en los territorios. Por último incluye la enseñanza tecnológica y cultural.

El nombre de Avelino Siñani hace homenaje a un indígena que se enfrentó a finales del siglo XIX en el altiplano paceño a los terratenientes y de manera clandestina levantó una pequeña escuela. Más tarde se encontró con el educador Elizardo Pérez, con quien impulsó la idea de liberación del indio boliviano a través de la cultura y de la educación.

La ley espera en el Parlamento, mientras es observada por el magisterio urbano, la Iglesia Católica, el sistema de universidades públicas y privadas, normalistas y colegios privados, desde el 25 de abril pasado. Para los maestros su aprobación significa terminar con trece años de normativas neoliberales, encarnadas en una ley que fue creada sin la participación del magisterio boliviano y propagador de un diseño curricular basado en competencias.

Mientras tanto los docentes salen a las calles y mantienen su preocupación respecto a las declaraciones del presidente Evo Morales. El 31 de mayo pasado en Chuquisaca, Morales y la banca de Constituyentes del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestaron que la nueva Carta Magna respetará la educación privada y de convenio. Esto mismo fue aseverado el pasado fin de semana en la localidad paceña de Achocalla, donde asistió a la inauguración del campus de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

En esa oportunidad afirmó que en la Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez “cualquier padre de familia tiene derecho a escoger la educación que mejor le parezca para sus hijos, y estamos proponiendo también que la nueva Ley de Educación debe respetar la educación privada". Además sostuvo que el gran deseo de su administración es que haya universidades públicas o privadas con excelencia académica que respeten las leyes, aunque no estén de acuerdo con ellas.

Estas palabras abrieron el debate y alarmaron a los maestros aglutinados en la Confederación que bregan por una educación laica y no privatizada. El secretario de Conflictos de la Confederación de maestros urbanos y rurales, Fermín Valencia, afirmó que la nueva educación boliviana debe ser trabajada y redactada por los actores principales que deben evaluar a la educación, y no como en los gobiernos neoliberales donde se aprueban las leyes por voto y consigna política.

Sostuvo que existen pretensiones oscuras por parte de la oposición en la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados, en mantener el espíritu de dicha ley mal llamada Reforma Educativa. Además advirtió que no permitirán la descentralización administrativa de la educación, la destrucción del Reglamento del Escalafón o que el magisterio sea declarado profesión libre.

El panorama educacional en Bolivia muestra el manejo de los gobiernos municipales, que ejercen un derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles del servicio de educación pública, una administración delegada a las prefecturas de cada departamento, quienes amparan su función a través de los Servicios Departamentales de Educación.

Según datos del Ministerio de Educación y Culturas, de los 9,2 millones de habitantes bolivianos 1,2 millones no saben leer ni escribir. Representan a mayores de 15 años con escasos recursos económicos que viven en comunidades campesinas y barrios periféricos de las ciudades. Muchos de ellos son migrantes que ni siquiera tienen acceso a los servicios de luz, agua potable y alcantarillado.

El actual gobierno está poniendo el ojo en la política educativa, base del crecimiento. El programa educativo “Yo sí puedo” avanza, y sin ir más lejos el 4 de junio pasado el ministro de Educación, Víctor Cáceres Rodríguez, en una reunión que se realizó en Cochabamba pidió a los directores de los servicios departamentales de Educación (Seducas) un informe sobre su trabajo en alfabetización y las tareas administrativas que cumplieron en su jurisdicción.

El objetivo es declarar a Bolivia libre de analfabetismo a fines de este año, y si bien esto está en manos de una gestión gubernamental, nada puede prosperar sin el aporte directo de los trabajadores de la educación en la discusión de proyectos y programas educativos. El recinto de la Legislatura no puede ignorar a los protagonistas, los docentes en la eterna lucha.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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