Guatemala es un país en el cual sus actuales dirigentes, actores sociales y políticos han dejado la aspiración de convertirse en un país con una sociedad plena, con todo lo que implica serlo.

Si bien es cierto que esta sociedad es responsabilidad de todos quienes formamos parte de ella, hay tareas que sólo quienes dirigen al país, a las instituciones, los actores sociales y políticos pueden hacer o incidir para que se hagan o no dejen de hacerse.
Ahora bien, hay compromisos que el Estado no puede ignorar, ni dejar que se cumplan por salir del paso o sentar las bases para que encuentren una serie de obstáculos para su concreción. Estamos hablando del resarcimiento por los hechos de violencia extrema en los que el Estado fue responsable durante varias décadas.

El Estado no puede ver reducida la reparación a una solicitud de perdón, ni mucho menos como ya dijimos, a sentar las bases, con institucionalidad, decretos, leyes etcétera, (importante sí), pensados con muy buenas intenciones pero que vuelven inoperante sus acciones.

El tema del resarcimiento a los sobrevivientes de la guerra, va desde la reparación económica, la restitución material, las medidas de reparación psicosocial y espiritual y medidas de dignificación de las víctimas, en esta última se considera la recuperación y entierro digno de las víctimas mortales que permanecen enterradas y/o escondidos en fosas clandestinas.

Desde el año pasado, las diferentes organizaciones que han venido trabajando en temáticas relacionadas con el resarcimiento lo han hecho bajo el Programa Nacional de Resarcimiento, ente surgido como recomendación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Después de buenaventuras por su puesta en marcha, una intervención y diferentes reclamos, el Programa ha venido trabajando en dar cumplimiento a las distintas medidas de reparaciones que se contemplan.

Sin embargo, en este momento, algunas organizaciones que dependen financieramente del PNR han debido parar, a la espera de que éste les de luz verde para continuar después de haber cumplido con una serie de requisitos y para algunas instituciones difíciles de cumplir, mientras tanto personal y programas se encuentran sin fondos para vivir y para ejecutar. Un hecho lamentable por todo lo que ello implica en ambas situaciones.

Se tiene conocimiento de organizaciones que después de venir trabajando en las comunidades, han debido rescindir de su personal y cerrar sus programas, dejando inconclusos procesos iniciados; otras instituciones esperan, buscando los mecanismos más adecuados y menos dañinos para los procesos y para el personal que los desarrolla.
Para nadie es desconocido que el Estado, por todo el tema de la transparencia, deba seguir ciertas normas para la asignación de fondos, pero también es real que las instituciones que hasta el momento han realizado las diferentes tareas en el tema del resarcimiento en las comunidades, tienen la experiencia de años, de tiempo mucho mayor al de la implementación del PNR. Tiempo que proporciona no solo la experiencia, sino sobretodo la confianza de hombres y mujeres con los que se ha venido trabajando.

Se celebran los mecanismos de monitoreo, evaluación, transparencia, de suma importancia para la salud y credibilidad, que debe existir siempre en las instituciones. Pero se aboga también por la razón, por el compromiso y por la naturaleza de los procesos en nuestro país.

No se trata de ajustarse a las situaciones, sino a su comprensión en su justa dimensión, los proyectos desarrollados alrededor de todas las medidas de resarcimiento, son necesarios y de gran importancia para la Guatemala que se desea construir, la de todas y todos.

Por la memoria, por la dignidad de los cientos de miles de mujeres y hombres de todas las edades que murieron, que fueron asesinados y por quienes hoy viven con toda esa historia, cualquier esfuerzo que se realiza en pos de ello, tiene un valor incalculable, lamentablemente sólo quienes trabajan directamente en las comunidades han podido ver y sentir la satisfacción y tranquilidad de los hombres y mujeres que ven atendidas esas necesidades tan humanas de hablar, de contar, de retomar de nuevo sus historias de sanar heridas, de recuperar esa dignidad que como mujeres y hombres les fue arrebatada.

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
http://www.i-dem.org