Ginebra.- Luego de que el parlamento suizo rechazó a fines del 2001 una regularización general de los indocumentados, una serie de arrestos y expulsiones se han producido en el país que preocupa tanto a los directamente implicados como a las organizaciones solidarias que les apoyan.

El colectivo de Ginebra "papeles para todos" denunció que los arrestos se han multiplicado en los últimos tiempos llegando a una decena por día.

"Las personas arrestadas son tratadas como delincuentes por la Policía", señala el colectivo. Una joven sudamericana embarazada testimonió ante la prensa que fue arrestada frente a un almacén. Fue mantenida durante cuatro horas en un puesto de policía sin haber tenido la posibilidad de alimentarse o de calmar su sed. Los agentes le habrían incluso negado un vaso de agua para tomar un medicamento. También se citó el caso de una colombiana que fue incomunicada y luego reenviada a Bogotá sin dinero y sin haberle dado la oportunidad de recuperar sus pertenencias.

Por su lado, el periódico Le Courrier de Ginebra dio a conocer otro caso que reviste las mismas características: un trabajador ecuatoriano, luego de haber sido mantenido incomunicado por cuatro días, fue expulsado con el overol puesto hacia una ciudad del Ecuador.

La policía procede de esta manera cuando los "sin papeles" se niegan a dar su dirección para proteger a sus familiares y evitar con ello que corran su misma suerte. Cuando informan su dirección, en cambio, la policía se encarga de recoger sus efectos personales y de recuperar los salarios que les adeudan los empleadores que los contratan, según versiones oficiales.

Otro caso que llama la atención, así mismo, es la detención en Lausana por unas horas de una madre ecuatoriana y sus dos hijos...incluido un bebé de 10 días. A esta familia, que vive desde hace 6 años en Suiza, la policía le dio un plazo de un mes para abandonar el país.

Comentando este caso, Nelson Serathiuk, del Centro Social Protestante, declaró que Suiza está en camino de convertirse en un país del Tercer Mundo al mejor ejemplo de las dictaduras militares latinoamericanas de los años setenta.

 No se conoce el número exacto de "sin papeles" en Suiza, sin embargo, se estima que son entre 200.000 y 300.000. Provienen de países afectados por la guerra o las crisis económicas como la ex Yugoslavia, de países asiáticos y africanos, y últimamente de Ecuador y Colombia.

"Además de su extrema precariedad y de su falta de derechos, la mayor parte de sin papeles subsisten en condiciones de vida y de trabajo inimaginables: salarios miserables, horarios interminables, protección social inexistente, viviendas insalubres. Estas personas y particularmente los niños viven con el miedo constante de transitar por la calle y ser sometido repentinamente a un control policial", señala el Movimiento de apoyo a los sin papeles.

A menudo son explotados por empleadores que les pagan salarios más bajos que los normales y les imponen duras condiciones de trabajo. Durante el año pasado el movimiento de los "sin papeles" salió a la luz con la toma de iglesias y movilizaciones efectuadas en Lausana, Basilea, Friburgo, Nauchatel, Ginebra, Zurich y Berna, logrando la adhesión de decenas de organizaciones suizas solidarias.

El movimiento logró colocar este tema en la agenda pública siendo tratado por el Parlamento el 10 de diciembre del 2001.  La mayoría de este organismo, sin embargo, rechazó las propuestas de los diputados verdes, socialistas y comunistas de una regularización colectiva, y adhirió a la propuesta del Consejo Federal (Ejecutivo) de abordar el problema caso por caso, tomando en consideración aspectos humanitarios. Estas medidas no han solucionado los problemas.

El colectivo "En cuatro años echamos raíces", compuesto por 170 kosovares, este primero de marzo volvió a tomarse la iglesia de Bellevaux en la ciudad de Lausana reclamando la concesión de permisos de residencia. El pasado año, por estos mismos motivos, ocupó la misma iglesia durante cuatro meses.

"Los sin papeles han salido de la sombra y no han conseguido nada. La política del caso por caso tomada por las autoridades para quitarse de encima el tema de los sin papeles nunca podrá desembocar en soluciones equitativas y racionales", señala un comentario del Le Courrier.

Y a continuación menciona la arbitrariedad y ambigüedad con la que es y puede ser aplicada la medida: mientras a una familia ecuatoriana que vive en Lausana desde hace 11 años se le concedió un permiso de residencia, a otra, de la misma región y con las mismas características, se le arrestó y se amenaza con expulsarla. Los trabajadores emigrantes encuentran grandes dificultades para regularizarse debido a la legislación vigente.

El ecuatoriano Byron Allauca, que vive y trabaja en Suiza desde hace casi 10 años, y paga sus impuestos, no ha conseguido su residencia pese a sus reiteradas peticiones. Él se considera discriminado por ser ecuatoriano y no europeo, y ha emprendido una demanda por discriminación racial contra Suiza (apoyado por la Asociación romana contra el racismo, SOS- racismo) ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

 Suiza, que ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en 1994, mantiene una compleja política migratoria, denominada de los "tres círculos" que hace distinciones de nacionalidad (países de la Comunidad Europea y países en desarrollo), de competencias (cuadros profesionales, estudiantes y personas poco calificadas) y de posesión de bienes (ricos y pobres). El CERD, en 1998, formuló recomendaciones a Suiza, expresando su inquietud por la política de los "tres círculos", calificando sus efectos como "degradantes y discriminatorios".

 La demanda de Allauca puede tener un carácter simbólico, pero pretende llamar la atención sobre la actual política migratoria que impide conceder permisos de residencia a trabajadores poco calificados no europeos.