Tengo una duda entre miles y gracias a este medio de prensa plural la puedo hacer pública.

La existencia de los clubes militares hoy día, cuando a las claras funcionan casi exclusivamente para reivindicar hechos y proteger protagonistas de la pasada dictadura. ¿Es lícita? ¿Es legal? ¿Es conveniente a los intereses democráticos del país? ¿Colabora con la pacificación de los estados de ánimo colectivos? Cuando deliberada y sistemáticamente cuestionan la aplicación de los criterios de Derechos Humanos en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. ¿Actúan de acuerdo a las leyes o son meros antros de conspiración?

Los llamados batallones simbólicos y por ende las distintas especies de centros sociales militares de alguna manera están en la mira. Tal vez no por su amenaza puntual, sí por su nociva influencia ideológica en la formación de degeneraciones castrenses venideras.

Dije “degeneraciones”.

En febrero pasado el Presidente Tabaré Vázquez ordenó a la Ministra de Defensa, Azucena Berrutti, que fueran desalojados de los locales que utilizaban en Unidades Militares los \'Batallones Simbólicos\' que reúnen a oficiales activos y retirados de las distintas Armas del Ejército, cosa que sería interesante saber si se está cumpliendo.

De todas formas siguen adelante y el lugar físico -si bien puede ser importante para su psiquis miliquera- es factor meramente circunstancial. Lo grave es el contenido de esas reuniones, los obvios objetivos desestabilizadores que persiguen.

El derecho a la libre asociación se da de frente con la intención manifiesta de reivindicar hechos punibles internacionalmente como es el terrorismo de Estado. En circunstancias en que tal libertad se usa abierta y notoriamente para lo que se usa, es como intocar a vista y paciencia la “liga en defensa del nazismo” o la “asociación pro fomento del homicidio” o la “escuela de hurtos y rapiñas”. Y aún el nombre no importa si el fin es archiconocido. Prueba suficiente son las declaraciones a prensa o los comunicados a favor de los golpistas y asesinos de las otrora fuerzas conjuntas cívico-militares-policiales que actualmente están siendo enjuiciados con abrumadoras evidencias de autoría de delitos aberrantes.

Derecho a asociarse sí, pero derecho a incidir políticamente promoviendo actitudes contrarias al orden constitucional no. Son casi una treintena de grupos de esta especie que así se transforman en ligas de apoyo al delito, entes de intriga militar camuflados de clubes de esparcimiento.

Si opinar políticamente está vedado a los integrantes de las Fuerzas Armadas en actividad, tampoco deberían hacerlo los retirados valiéndose de su aparente civilidad -los galones los llevan en el alma- para alimentar el obcecado fundamentalismo que les caracteriza. Sembrando peligrosamente en las mentes de los nuevos oficiales sus ideas golpistas. Actuando como grupos de presión dentro de sus acólitos, de-formando voluntades de servicio con su permanente e insano mensaje de desprecio a la democracia. Para los nuevos son eminentemente perniciosos. Más peligrosos que cuando debían acatar normas internas, sujetarse a reglamentos propios y se regían por el mando superior al menos formalmente.

No pueden ni deben hablar de política y menos trascender en sus elucubraciones alentadoras de acciones que hoy está siendo objeto de juicio penal, promoviendo la falacia de la inocencia de sendos violadores de Derechos Humanos. Es inadmisible desde varios puntos de vista que esto suceda mientras se acumulan en los juzgados montañas de pruebas incontestables de la perversión organizada desde los instrumentos estatales que sirvieron al gobierno de facto. Pido prestadas las palabras citadas en este medio por el ex Diputado Guillermo Chifflet, que tomó del malogrado Senador Zelmar Michelini asesinado por la insania dictatorial asociada al Plan Cóndor: “de acuerdo a la Constitución las Fuerzas Armadas no opinan, no deliberan, no pueden emitir opinión.” Digo yo: menos los que se amparan en su condición de “retirados” para dar manija. Es peor.

Consta que las fuerzas militarizadas no fueron creadas para aquello en lo que se transformaron después y de lo que hoy están presas aunque no todos encarcelados. Es una pena pero es así, y el estigma se lo buscaron porque aunque se disguste Rosales, no existen responsabilidades individuales.

Para ayudar en salvatajes o en desgracias climáticas no se necesita ejército, sino gente preparada para eso y listo.

Sostengo la inoportunidad de la existencia de la Fuerza Armada en Uruguay, presa ya endémica del descrédito social por impulso propio -basta ver los discursos- porque dan coses contra el aguijón, porque perpetúan su porfía amadora de épocas de gobierno autoritario, no reconocen horrores, no piden perdón sino impunidad, y no colaboran en esclarecer el presente sino que envilecen la evolución de la ciudadanía hacia el nuevo país de esperanzas reconstruidas. Su actitud de permanentes loas al terrorismo de Estado y de justificación y protección hacia sus ejecutores no busca precisamente la armonía nacional. Ya ni hablemos de reconciliación.

Se permiten incluso la osadía de “analizar” el discurso y las decisiones del Presidente de la República. ¿Con qué autoridad? ¿Con la que le brindan los medios de comunicación que por naturaleza o por intereses creados tienden a echar leña al fuego cuando la noticia vende?

Los integrantes de grupos paramilitares llamados sociales, propugnan el coqueteo permanente con la filosofía del fusil y las botas para gobernar a la población, la negativa a colaborar en la búsqueda de la verdad y la resistencia a comparecer ante la Justicia Penal, yendo contra legislación mundial que tipifica el genocidio y los crímenes de lesa humanidad como delitos imprescriptibles y de extrema gravedad.

Hoy se quejan porque la población pacíficamente los arrincona.

Es viejo y no menos cierto aquello de que “Quien siembra vientos recoge tempestades”. No deberían asombrarse si además disfrutan privilegios reales como cárceles especiales -algunas son mansiones en Carrasco- mientras los presos comunes sufren las espantosas condiciones de cotidiana hacinación carcelaria a la que por ley deberían estar sometidos todos los habitantes de este país que cometen ilícitos. Pero en fin.

Por lo que pinta y a pesar de los esfuerzos, seguimos “criando” uniformados pro dictadura.

Sin embargo, si hay quien cree que se puede cambiar la mentalidad de la “familia militar” desde dentro, pues vamos. Demos una chance para no pecar del mismo mal que señalamos. Pero entonces seamos coherentes. No podemos estar por un lado enseñando Derechos Humanos a los nuevos militares, y por otro permitiendo que “mamen” la Doctrina de la Seguridad Nacional que además hace política. Todo al mismo tiempo.

La Constitución no parece ser un freno para los siniestros personajes que ensalzan la discriminación y el encono entre compatriotas.

Cuando buscamos la verdad dicen que tenemos odio…

¿Acaso ellos torturaban y asesinaban con amor?

Fuente: Periódico Atabaque (Uruguay)

http://www.atabaque.com.uy