La agenda histórica de los pueblos indígenas originarios de Bolivia es la autodeterminación al interior del Estado boliviano ya constituido. Los instrumentos normativos internacionales, tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas, cuyo texto final ha sido aprobado a mediados del año pasado y que debe ratificar la Asamblea General, reconocen este derecho de todos los pueblos indígenas del mundo.

Nosotros los pueblos indígenas de tierras bajas, que hemos iniciado la lucha por la Asamblea Constituyente y que hemos marchado por ella en el año 2002, no podemos dejar que pase esta oportunidad histórica para que, al menos los derechos ya reconocidos universalmente, entren en la nueva Carta Magna.

Las Autonomías indígenas no son, como dicen los portavoces de la oligarquía cruceña, un “invento del MAS”, queriendo confundir, partidizar y politizar el debate, con la intención de silenciar el principio de Autonomía Indígena que es un Derecho reconocido internacionalmente. El derecho de los pueblos indígenas a autogobernarse implica los derechos a:

Elegir a nuestras autoridades según nuestros usos y costumbres. A promover nuestros propios sistemas jurídicos, nuestros propios mecanismos de resolución de conflictos.
Tenemos derecho a ser obligatoriamente consultados previa y libremente en todos los proyectos económicos, sociales, administrativos y normativos que afecten la vida de nuestras comunidades y de nuestras culturas en nuestros territorios.

Tenemos derecho a expresar nuestro libre consentimiento ante planes y proyectos que nos afecten. Es decir, tenemos derecho a que las políticas de tierra y territorio, de educación, de salud, proyectos productivos, caminos, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, explotación de nuestros recursos forestales, sean previamente socializados, discutidos en todos sus aspectos e impactos ambientales, sociales, económicos y culturales. De ese proceso ampliamente informado y público, surgirá la decisión colectiva de nuestras comunidades expresadas en un consentimiento a esas políticas y proyectos o en el derecho a expresar nuestras objeciones.

No solamente tenemos derecho a compensaciones e indemnizaciones, por los daños ya hechos anteriormente, sino que tenemos el derecho a participar en los beneficios de los proyectos de extracción de todos los recursos naturales que se hallan en nuestros territorios. Por si no estén enterados, este derecho ya es parte de la normativa boliviana en el Título Indígena de la Ley de Hidrocarburos, actualmente vigente.

En definitiva, tenemos derecho a ser tomados en cuenta, obligatoriamente y no silenciados, ignorados e invisibilizados, como ha sucedido bajo todos los gobiernos republicanos. Apenas sí somos escuchados cuando estamos obligados a movilizarnos y sacrificarnos para hacer conocer nuestras demandas.

¿Por qué le temen a las autonomías indígenas?

¿Acaso no es mejor para la vida democrática y la tranquilidad que deseamos todos los bolivianos, que nuestros derechos estén escritos en la constitución y sean respetados por los gobiernos? ¿Quién quiere los conflictos: nosotros que demandamos derechos reconocidos internacionalmente o aquellos que quieren negarlos, ahora bajo el pretexto de Autonomías Departamentales, para favorecer a los dueños de los bancos, de comercios y de latifundios? Por eso es que su Propuesta autonomista departamental persiste tercamente en ignorar nuestro derecho a las autonomías indígenas.

- Carlos Cuasase Surubí, Senador Chiquitano, República de Bolivia