Pese a los diferentes alcances legislativos en Ecuador y Perú se manifiesta el mismo desinterés del Estado por demostrar una mayor voluntad política que permita el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Así lo expresaron representantes de organizaciones indígenas de diversos países de América Latina reunidos en el II Encuentro internacional “Agendas públicas en una visión intercultural: concertando esfuerzos por los derechos de los pueblos indígenas de América Latina”.

“Hace falta que el Estado se comprometa con los pueblos indígenas, que viabilice una legislación secundaria que permita normarlos para concretar su pleno ejercicio, así como que estos derechos sean difundidos no solo entre el sector indígena sino en toda la población”, sentenció Mariana Yumbal, representante indígena del Ecuador.

Sin embargo, debe reconocerse que “La Constitución Política del Ecuador, a diferencia de la peruana en vigencia, incluye un importantes avances en materia de legislación a favor de los pueblos indígenas como son los derechos colectivos, entre ellos: conservar sus tierras comunitarias; ser consultados antes de ejecutar programas de explotación de recursos naturales no renovables; el acceso a la medicina tradicional; el derecho a la propiedad intelectual colectiva, el derecho a utilizar sus símbolos y emblemas, el derecho resolver sus conflictos sobre la base de su propio sistema de administración de justicia indígena, etc.”, agregó Yumbal.

Al respecto, según Guillermo Ñaco, representante indígena del Perú y miembro de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva (ARPI), pese a que nuestra Constitución prescinde de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como del concepto de pueblo indígena como tal –lo que en sí amerita una reforma– es igualmente primordial “el tema de la gobernabilidad, el componente del fortalecimiento organizativo y la formación de líderes en el espacio propio. Esto debido a que podemos poner muchas agendas, pero si nuestros líderes y organizaciones no están fortalecidos en la defensa y ejercicio de derechos para el desarrollo, poco haríamos”.

“El tema de la participación política de los pueblos indígenas en el Perú es totalmente incipiente, no tenemos en el Congreso de la República representantes definidos que procedan de pueblos originarios. Sin embargo, desde ARPI estamos impulsando la inclusión de los pueblos indígenas en la estructura del gobierno local, en el marco de la modernización del Estado y la descentralización, porque los pueblos indígenas no participamos en la toma de decisiones en el desarrollo político económico y social de nuestros pueblos”, concluyó Ñaco.

Los expertos Mariana Yumbal y Guillermo Ñaco forman parte del grupo de expositores que están participando en el II Encuentro internacional “Agendas públicas en una visión intercultural: concertando esfuerzos por los derechos de los pueblos indígenas de América Latina”, evento que busca, además de promover la reflexión sobre esta problemática, ubicarla en la agenda pública mediante un pedido formal al Gobierno.
Este evento es organizado por Paz y Esperanza y es auspiciado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que coordina la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).