Considerando:

1. Que el artículo 88 de la Carta Política del Ecuador contempla el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultadas previamente a cualquier decisión estatal que pueda afectar al ambiente.

2. Que las comunidades no fueron consultadas en el proceso de concesión de títulos mineros, como lo ha reconocido el actual gobierno nacional en el Acuerdo del Ministerio de Energía y Minas No.062 del 22 de mayo del 2007.

3. Que las comunidades han sido agredidas violentamente por las empresas transnacionales a lo largo de la incursión de la minería a gran escala en el país, a lo largo de los últimos 10 años.

4. Que el diálogo nacional minero, convocado por el Gobierno Nacional, en lugar de ser el inicio de la recuperación de la Patria, o el inicio del fin de la larga noche neoliberal, aparece como una estrategia para negociar en “mejores términos” la incursión de la minería a cielo abierto en el país. Los espacios de diálogo convocados por el Gobierno ponen en un mismo nivel de legitimidad, tanto a las voces e intereses de las grandes empresas mineras como a la de los pueblos y comunidades.

5. Que las comunidades afectadas por la actividad minera a gran escala, organizadas en la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía han rechazado este pretendido diálogo y han interpuesto una serie de argumentos para declarar al país libre de minería a gran escala.

6. Que, como consecuencia de lo anterior, estamos viviendo un nuevo levantamiento nacional contra la minería a gran escala, con la principal demanda de coherencia en el manejo político de la conflictiva situación minera por parte del gobierno para que no se sigan enajenando los territorios de las comunidades.

Bajo el actual marco jurídico se ha continuado entregando nuevas concesiones mineras

Se ha decretado el Acuerdo Ministerial, No.62 que permite a las empresas transnacionales mineras regularizar sus títulos ilegítima e inconstitucionalmente obtenidos.

Las organizaciones abajo firmantes

1. Nos solidarizamos y apoyamos el levantamiento nacional de los pueblos afectados por la minería a gran escala, por la vida y contra la ilegalidad de las concesiones mineras, contra las consecuencias de la larga noche neoliberal, cuya expresión más latente es esta invasión minera que sufre el país.

2. Rechazamos la criminalización de la protesta social y pedimos que se revoquen los juicios penales presentados en contra de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos.

3. Nos juntamos a la voces de las comunidades afectadas para exigir al gobierno nacional la suspensión de las concesiones mineras y de las actividades directas e indirectas de las empresas transnacionales, hasta lograr estructurar con la participación activa del pueblo ecuatoriano un nuevo marco jurídico, vía Asamblea Constituyente, para construir un PAIS soberano con bases ecológicas, solidarias y equitativas.

4. Asimismo respaldamos al Gobierno Nacional en las acertadas decisiones que ha tenido por democratizar la economía y la política en el país.

ASAMBLEA NACIONAL AMBIENTAL
CEDENMA
ACCION ECOLOGICA
CEDHU
INREDH
CDES
ASOCIACIÓN DE MUJERES NELA MARTÍNEZ
RED DE ASAMBLEAS TERRITORIALES DE QUITO
FRENTE DE MUJERES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
ASAMBLEA SOBERANA DE LA FLORESTA
ASAMBLEA SOCIAL DE SUCUMBÍOS
ASAMBLEA SOCIAL DE TUNGURAHUA
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL TLC ECUADOR DECIDE
COLECTIVO DE ESTUDIANTES CATÓLICOS
COMISIÓN DE JUSTICA, PAZ E INTEGRIDAD CON LA CREACIÓN
FRENTE DE MUJERES DEL CANTÓN RUMIÑAHUI
FUNDAMISOL
FUNDACIÓN HONRAR LA VIDA
JUVENTUD OBRERA CRISTIANA
MOVIMIENTO BOLIVARIANO ALFARISTA
MOVIMIENTO CONTINENTAL DE CRISTIANOS POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD