La violenta crisis energética que está afectando a Nicaragua parece no tener soluciones a corto plazo y en diferentes partes del país ya comenzaron protestas callejeras como respuesta a una situación que se ha vuelto insostenible.

El sistema de generación de energía eléctrica existente en el país depende en casi su totalidad del petróleo y está controlado por privados, como resultado de las políticas de privatizaciones, a través de concesiones, implementadas por gobiernos neoliberales en los últimos 16 años. Ese modelo originó el progresivo e inexorable deterioro del sistema de generación y el abandono por parte de las empresas privadas de cualquier forma de mantenimiento, siendo su único objetivo lo de maximizar las ganancias en lugar de crear las condiciones para ofrecer un servicio eficiente y duradero.

Además de privatizar al sector de la generación de energía, los gobiernos neoliberales de Nicaragua entregaron también su distribución a la transnacional española Unión Fenosa, la que llevó adelante una política de no inversión y de endeudamiento con las empresas generadoras y el Estado.

Frente a una situación cada día más insostenible y a las protestas de los ciudadanos de todo el país, quienes están aguantando cortes de energía de hasta 10 horas diarias, el presidente Ortega se lanzó en repetidos ataques contra la transnacional española y las empresas generadoras, amenazándolas con "medirles las costillas" para que cumplan con lo acordado en los contratos y con una posible rescisión de los contratos mismos.
El discurso amenazante de Ortega ha sido al mismo tiempo contrabalanceado por la búsqueda de un diálogo que no expusiera al país y a su gobierno a un recrudecimiento de la crisis y al mismo tiempo, por la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo que saquen a Nicaragua de esta pesadilla, principalmente a través de la instalación de nuevas plantas (con el apoyo de la cooperación cubana, venezolana, taiwanesa y la firma de un contrato con una empresa francesa) que comenzarán a funcionar en el primer trimestre del 2008.

Por otro lado, lo que el actual gobierno presenta como un esfuerzo para seguir dialogando y buscando soluciones con Unión Fenosa, ha sido catalogado por diferentes sectores de la sociedad civil y de la política nacional como un "doble discurso" de Ortega, quien sigue alternando feroces ataques con un trasfondo populista para calmar los ánimos enardecidos de la población, a amplias concesiones a la empresa española.

En un afán por dar algún tipo de solución a la crisis energética, el gobierno envió a la Asamblea Nacional un decreto con carácter de urgencia para reformar la Ley de Estabilidad Energética y permitirle a Unión Fenosa generar energía con fuentes no renovables, hasta por un 20 por ciento de la demanda nacional. Concede también a la empresa española la posibilidad de comprar energía a las empresas estatales a través de créditos blandos.

Además, el gobierno retiró una multa de 2.4 millones de dólares que había sido impuesta por la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

En cambio, Unión Fenosa parece haber retirado la demanda contra Nicaragua ante la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, una aseguradora del Banco Mundial) por 49.5 millones de dólares y aceptó la suspensión por un año del nuevo pliego tarifario que aprobará en este mes el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

En su última aparición, celebrando la histórica retirada estratégica de las tropas sandinistas en junio del 1979 (Repliegue), el presidente Ortega enseñó nuevamente las dos caras con que está enfrentando esta situación.

Mientras por un lado arengaba a la multitud presente al acto contra la transnacional española y las empresas generadoras de energía, tachándolas de "saber usar muy bien sus colmillos para desangrar al pueblo, pero de no querer invertir en este sector", por el otro dio a conocer el arranque de una negociación que se estaría desarrollando con Unión Fenosa en la propia España.

Según cuanto declarado por Ortega, la negociación ocasionó fuertes roces entre las dos delegaciones y hasta fue necesario que el presidente nicaragüense se comunicara telefónicamente con el Rey Juan Carlos en Pekín, donde se encontraba, para que intercediera frente a la empresa española y poder así reanudar las negociaciones para llegar a firmar un primer acuerdo de intención.

Para Ortega, esta medida representa un intento más para buscar una salida negociada a la crisis, "ya que el sentimiento del pueblo nicaragüense es que Unión Fenosa se vaya del país. Este es el sentimiento del pueblo en toda Nicaragua, de familias de todos los signos políticos e ideológicos. De nuestra parte, ya se hubiese ido Unión Fenosa, pero ¡escúchenme bien! los gobiernos anteriores, así como privatizaron la salud, la educación y la generación de energía, también privatizaron la distribución y se la entregaron a Unión Fenosa. ¡Y hay un contrato! esas son las dificultades, y si nosotros les decimos que se vayan, inmediatamente nos demandan, y tendríamos que pagar 200 millones de dólares, porque esos Tribunales Internacionales están hechos para favorecer a las transnacionales y no a los pueblos", concluyó Ortega.

En el memorandum de intención, firmado en el Palacio la Moncloa en Madrid en presencia también del Director de la Oficina Económica del Presidente de Gobierno de España, no se alcanzaron mayores resultados concretos, sino que se definieron "intenciones" para seguir operando en Nicaragua "en un marco de cooperación y entendimiento para garantizar el mejor servicio a la población nicaragüense....y con la disposición de realizar en Nicaragua las inversiones necesarias, una vez que la Asamblea Nacional haya aprobado las Leyes mencionadas en el apartado anterior (Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 554 de Estabilidad Energética y el anteproyecto de Ley de Protección y Promoción del Uso Responsable de los Servicios Públicos). Estas inversiones se destinarán a mejorar la red energética nicaragüense".

En la espera de que este memorandum de intención se convierta en un protocolo de entendimiento a más tardar el próximo 31 de julio del 2007 y frente a una crisis energética generalizada que está poniendo de rodilla al país, el presidente Ortega firmó el día de ayer, 5 de julio 2007, un comunicado conjunto con la empresa privada y Unión Fenosa.

En el comunicado queda expresado que "la crisis actual no podrá resolverse en tanto no ingresen al sistema eléctrico nuevas plantas de generación. Que una adecuación del horario de trabajo del Estado, permitirá balancear los racionamientos, a fin de que todos los y las nicaragüenses podamos definir claramente nuestros horarios de trabajo y vida, para programar actividades, y reducir el impacto negativo de los cortes, en las empresas, grandes, medianas, y pequeñas, así como en nuestros hogares, y familias".

Ortega dio lectura también al Decreto 66-2007, en que se adecua el horario de trabajo en las instituciones del Poder Ejecutivo. El nuevo horario será de 7 a.m. a 1 p.m. en los meses de julio y agosto y paralelamente, Unión Fenosa estará garantizando que no habrá cortes de energías entre las 7 a.m. y las 2 p.m.

 Fuente: Lista Informativa "Nicaragua y más" - Asociación Italia-Nicaragua

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