Era casi la medianoche del viernes, 29 de junio, la tensión en la Asamblea Nacional de Diputados era casi insoportable. Faltaban aún varios proyectos de ley que tenían que ser aprobados antes de levantar la sesión. Entre ellos el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el reglamento interno de la propia Asamblea y el presidente saliente tenía que presentar su discurso de despedida.

Los diputados también tenían que refrendar los nombramientos de los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y también derogar la “Ley Faúndes”. Con tanto trabajo muchos ánimos estaban caldeados.

La preocupación de los diputados se centraba en el proyecto de Ley que reformaba el reglamento interno que por segundo año consecutivo llegaba al pleno de la Asamblea. La iniciativa pretendía restarle algunos privilegios a los legisladores. Entre ellos los derechos de exoneración de impuestos para importar artículos de lujo y el recibir tratamiento diplomático en sus desplazamientos al exterior.

Mediante un arreglo de última hora entre bancadas, el proyecto de Ley que reformaba el reglamento interno fue enviada nuevamente a primer debate. En otras palabras fue engavetado hasta el próximo año legislativo (que se inicia en septiembre de 2007). Resuelto este problema, todo comenzó a marchar mejor y los diputados volvieron a su normal desempeño.

Poco antes de la medianoche, después de cinco minutos de debate, se aprobó el presupuesto de la ACP para el año que se inicia el 1º de octubre de 2007. El monto del presupuesto es de B/2.028 millones. Incluyó una partida que supera los B/500 millones para dar inicio a la ampliación del Canal de Panamá.

Los voceros del Canal dijeron previamente que el plan de la ampliación “incluía aspectos como la licitación y adjudicación del contrato para el diseño y construcción de las nuevas esclusas tanto en el Pacífico como en el Atlántico, así como iniciar los trabajos de ensanche y profundización del lago Gatún”.

El presupuesto también contempló un rubro de aproximadamente B/660 millones que será traspasado al Tesoro Nacional cumpliendo con las obligaciones constitucionales.
Según un diario de la capital, los diputados aprobaron el presupuesto sin conocer el contenido del proyecto de Ley. Ninguno de los legisladores leyó la propuesta preparada por los técnicos de la ACP y aprobada por el Consejo de Gabinete.

Mientras la Asamblea aprobó a ciegas el presupuesto de la ACP, en la Corte Suprema de Justicia se desarrolla un enfrentamiento jurídico entre el gobierno y un grupo del Frente Panamá Soberana (FPS) sobre una denuncia de bien oculto contra la ACP. Según el FPS, la ACP tiene una reserva de B/200 millones que no ha sido aprobada por el Consejo de Gabinete y tampoco ha sido refrendada por la Asamblea de Diputados, como señala la ley.
Los miembros del FPS alegan que los B/200 millones deberían estar en el Tesoro Nacional. Voceros de la ACP han descartado la denuncia del FPS sin presentar pruebas. Igualmente, el gobierno rechazó los planteamientos del FPS pero sólo de forma. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia presentar una posición basada en derecho.

La Asamblea de Diputados no puede opinar sobre el bien oculto debido a que sus miembros no leen los proyectos de Ley que contienen los presupuestos de la ACP. El gobierno debería buscar otro filtro para discutir los proyectos de presupuesto de la ACP. Una buena idea sería enviarle copias del mismo a la Universidad de Panamá para que esa institución lo estudie y opine sobre su contenido. Incluso, el gobierno podría enviarle copias al SUNTRACS y a CONEP para conocer la opinión de obreros y empresarios, respectivamente. En la actualidad, no hay transparencia. Los diputados del pueblo no actúan de acuerdo con su mandato y el Ejecutivo se encuentra con la capacidad de pasar todas las leyes que se le ocurra sin el debido proceso de controles.

La falta de transparencia se presta para toda clase de sospechas, generalmente, bien fundamentadas. La Asamblea de Diputados aprobó un presupuesto para la ACP de B/2 mil millones que no conoce. Además, no se detuvo a efectuar un balance del debate y del referéndum de 2006. Tampoco consideró oportuno estudiar la destrucción de la cuenca del Canal producto de las leyes absurdas que aprueba sin leerlas.

El futuro del Canal de Panamá fue decidido en un debate de cinco minutos. El pueblo panameño merece algo más de respeto.

Marco A. Gandásegui, hijo
Profesor de la Universidad de Panamá / investigador del CELA