La Paz

Los datos, cada vez más reveladores sobre las publicitadas universidades privadas y su mundo tabú, parecen interminables. Hoy nos referiremos al tratamiento a los docentes de estos centros de formación superior.

Los "contratos de prestación de servicios" firmados entre profesores y propietarios de las universidades privadas, están basados en el Código Civil, artículos 454, 519 y 732, "no existiendo ninguna relación laboral, obrero-patronal por constituir un contrato especificado en el ámbito civil", señala una copia contractual a la que accedimos.

Los profesores (casi todos con estudios de maestría) cobran... "40 Bolivianos por hora académica" (promedio) lo que incluye su participación como jurado de exámenes de grado (un trabajo especializado y de alta responsabilidad) según el "Reglamento de Docencia vigente" cuyo contenido es aún, un misterio.

El docente contratado debe "entregar la factura fiscal correspondiente, caso contrario la universidad actuará de agente de retención y efectuará el descuento correspondiente a los tributos de ley". La "supervisión" al profesor está "a cargo de las autoridades administrativas de la universidad, conforme al artículo 738 del Código Civil."

El referido contrato puede ser rescindido por previsión de los artículos 569, 746 y 747 del Código Civil, norma que sirve también para subsanar "cualquier omisión".

Por lo visto (y leído) los profesores de universidades privadas (¿cuántos, en todo el país?) no aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), no tienen beneficios sociales... ni seguro médico.

En esas universidades no sirve hablar de "riesgo profesional o accidente de trabajo" mencionados en la Ley General del Trabajo, norma jurídica obviada (¿a propósito?) por personajes como Martín Dockweiler, que aparece en la televisión en nombre de una "Coordinadora de la Democracia".

Alunas universidades no pagan aguinaldos ni trabajo en días feriados. Obviamente, no hay vacaciones o receso que valgan. Menos existe escalafón o años de antigüedad...

Probablemente, los profesores de las U privadas sean los más amordazados en su derecho de expresión. Cualquier denuncia es motivo de una prepotente "invitación a renunciar", hecha de la peor manera.

Las secretarias de vicerrectorados o los jefes de carrera suelen ser la expresiva prepotencia de gentes como Dockweiler, Ruiz Martínez, Hoz de Vila Quiroga u Ortiz Antelo, todos propietarios o "Directores" de las U privadas. Dichas funcionarias les dicen, campantes que los post grados de los docentes "solo sirven para conservar fuente de trabajo" (¿?).

Por tanto, estamos ante un sistema silenciado de "explotación intelectual" a profesores de alta graduación (todos pertenecientes a la clases media, lo que explicaría su apatía e indiferencia política y cierta repulsión a los movimientos indígenas), transferencia de impuestos (IVA e IT) de empresarios-patrones a empleados-profesores.

Y probablemente las ganancias de las U privadas hayan crecido desde la década de los años \'90, cuando florecieron por aquellas "reformas estructurales" o "de primera generación" que nos vendieron para llegar al estado de cosas actual.

Dockweiler dice públicamente que "no militó en ningún partido". Probablemente no haya documentos de ello, pero en partidos como el extinto MIR "todo era tradición oral". No había documentos ni certificados. Y Martincito parece fiel seguidor de ese precepto, junto a un otrora famoso grupo: "Lucho, Fito, Tuco, Quico" y otros. A ello nos referiremos en la Parte V. Saludos.

- Edgar Ramos Andrade. Comunicador e investigador social. Autor del libro "aGONIa y Rebelión Social" (Editora Presencia. La Paz, 2004) Tel. (00591) 772-20736 E-mail: edgar.elalto@gmail.com