Colombia

El regreso de los simios

Amylkar D. Acosta M.

19/07/2007

Opinión

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La discusión y trámite del Proyecto de Ley mediante el cual el Congreso adopta el Plan Nacional de Desarrollo cuatrienal, a instancias del ejecutivo, debería centrar la atención del país todo, pero muy especialmente de los parlamentarios, quienes son en última instancia quienes lo aprueban. Pero, no ocurre así; ya hemos llamado la atención sobre el hecho de que las regiones son las grandes ausentes en la discusión del Plan y en el Plan mismo, a falta de planes regionales de desarrollo[1]. En el caso del Congreso y los congresistas, se echan de menos los grandes debates que debería suscitar la formulación del Plan, sobre sus lineamientos y políticas, sobre su orientación, sobre el Modelo económico en el cual se fundamenta, sobre su viabilidad y coherencia. Ya estamos acostumbrados a que con los planes de desarrollo en el parlamento ocurra lo mismo que con los presupuestos, que se aprueban a pupitrazo limpio por parte de la bancada afecta al gobierno, pasando por encima del disenso como si fuera una aplanadora.

Así registró El Heraldo la noticia de la aprobación del Plan por parte del Congreso la madrugada del 3 de mayo: “Aprobado el PND en agotadora y caótica sesión”[2], para que pasara a conciliación al día siguiente, coincidiendo con la fecha límite legal para su aprobación a riesgo de que el gobierno lo pudiera expedir por decreto. Algo similar a lo que ocurre con la aprobación del presupuesto anual, que siempre se vota en tropel al filo de la media noche bajo el apremio y bajo la espada de Damocles que pende sobre el Congreso de la dictadura fiscal. Así se explican los múltiples entuertos contenidos en el articulado del Plan y del presupuesto, así como también la fauna de micos y orangutanes que terminan emboscados en su farragosa redacción, colándose en los textos aprobados en volandas. Ello impide, además, que se diluciden aspectos tan esenciales como el de la financiación de los mismos. El mismo Alberto Carrasquilla, quien en su calidad de Ministro de Hacienda radicó el Proyecto de Plan, reconoció que este estaba desfinanciado en $2.1 billones y supeditó la ejecución de su Plan de inversiones a “la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participación (SGP)”. Lo propio está ocurriendo con el presupuesto del año entrante, el cual acusa desde ya un faltante de $4.5 billones, por cuenta de la decisión del Presidente Uribe de frenar la privatización de ISA e ISAGEN.

El PND Estado Comunitario: Desarrollo para todos, que debería ser la carta de navegación para el segundo cuatrienio de la administración Uribe ha quedado convertido en una verdadera colcha de retazos, plagado de micos que se le colgaron a última hora en medio de la gazapera en que se convirtió la bulliciosa sesión en la que se aprobó. Al final, el Plan más parecía un arbolito de navidad que el derrotero a seguir en los próximos años. Allí aprovecharon para introducir normas tan inverosímiles como aquella crea una empresa, Colpensiones, con la cual se terminaría de desguazar al ISS, otra creando el Viceministerio de pesca, no faltó la que quiso arbitrar recursos dizque para financiar un programa de “normalización de redes de energía” a costilla de los usuarios, que tendrán que pagar en sus facturas un sobrecosto de $1 por kilovatio consumido. Y, como si lo anterior fuera poco, se introdujo una norma que de prosperar provocaría un verdadero desbarajuste fiscal, pues ordena a la Nación otorgar garantías a los créditos contraídos por los departamentos “aunque no posean suficiente capacidad de endeudamiento”. A ello se vino a sumar el incremento de las transferencias a las tan cuestionadas contralorías departamentales, amén de la manga ancha que se ofrece en otro de sus adefesios para que el gobierno comprometa vigencias futuras. Y de contera se obliga a la Nación a comprometer recursos de su presupuesto para financiar vías terciarias, con lo cual, como lo advierte la Comisión Independiente del Gasto (CIG), “podría frustrar los logros del proceso de saneamiento fiscal territorial de los últimos diez años”. Qué tal eso!

El gobierno nacional se limitó a objetar 11 artículos de los tantos que por razones de inconveniencia o vicios de trámite deberían desecharse; lo que más ha llamado la atención a los acuciosos analistas es que entre los artículos objetados no figura el más controvertido de todos y que mereció un pedido especial de su supresión por parte de la CIG. Se trata del 129, el cual recogió la “lista de mercado” con 631 obras de alcance regional con las que se despacharon los congresistas para aceitar la maquinaria en vísperas de las elecciones de octubre. Allí hay de todo como en botica, desde pistas de coleo, aeropuertos internacionales, transmilenios en ciudades intermedias, pasando por senderos ecológicos, hasta rellenos sanitarios, estadios y museos. Lo que uno como observador percibe es que su aprobación se dio con un pacto tácito entre el gobierno y los parlamentarios, en el sentido de que se incluirían las partidas, pero que su ejecución, como lo afirmó el novel Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, “depende de las posibilidades presupuestales de cada año”[3]. De hecho, atendiendo la recomendación de la CIG, el presupuesto de la actual vigencia tendrá un recorte de $1.2 billones, el cual recaerá en buena parte en el rubro de inversiones y ya advertimos del hueco fiscal que acusa el del año entrante. Este es un mal presagio respecto a las posibilidades reales de que tales partidas se puedan ejecutar y da para pensar que muchas de ellas se quedarán en el papel que resiste todo. Y ahora, como si le faltara, le sale otra pata al cojo, pues la Comisión designada para tramitar las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley del Plan aprobado por el Congreso de la República, le acaba de responder al gobierno que las mismas fueron presentadas extemporáneamente y por ello resultaría improcedente tramitarlas, con lo cual se vería el gobierno en la penosa obligación de sancionarlo así mantenga sus reservas sobre el mismo. Falta ver en qué termina todo este tremolín.

Bogotá, julio 20 de 2007
www.amylkaracosta.net

- Amylkar D. Acosta M, Ex presidente del Congreso de la República

[1] Amylkar D. Acosta M. La discusión del Plan. Enero, 14 de 2007

[2] El Heraldo. Mayo, 4 de 2007

[3] El Tiempo. Junio, 29 de 2007

https://www.alainet.org/es/active/18842?language=en