En días anteriores conocimos de supuestas o reales infiltraciones en los organismos de inteligencia del Estado por parte de organizaciones ilegales –guerrilleros o narcotraficantes- y el acceso de las mismas, a información de especial relevancia para la seguridad nacional.

No hay duda que la seguridad –de las personas y las instituciones- es prioritaria en una sociedad, eso explica porque en los tiempos que corren las ofertas de seguridad tienen gran acogida por los ciudadanos, pero también la prioridad de las políticas públicas de seguridad para los Estados. Pero lograr niveles adecuados de seguridad –que no la seguridad total, lo cual es casi imposible- requiere una buena definición de cuáles son las amenazas y riesgos que se deben enfrentar y una adecuada estrategia y táctica para hacerlo -incluidos los recursos necesarios- y legitimidad social, porque no es simplemente el enfrentamiento entre aparatos militares. Para lo anterior es fundamental la actividad de inteligencia.

Por ello la inteligencia, entendida como el acopio, procesamiento y análisis de información para lograr conclusiones que sean útiles para mejorar la toma de decisiones es central dentro de las políticas de seguridad. Pero, a pesar de los desarrollos tecnológicos que hoy día permitirían disponer de información proveniente de múltiples fuentes tecnológicas -interceptación de comunicaciones, fotografía satelital, interceptación y manipulación de la red de Internet y muchas otras posibilidades-, lo fundamental sigue siendo la inteligencia humana, es decir las personas que manipulan la tecnología, elaboran los análisis, hacen las valoraciones, distribuyen la información de inteligencia. Por ello para proteger la información obtenida y las formas cómo se hace, pero también para asegurar la lealtad de las personas que realizan la inteligencia, surge la contrainteligencia, entendida, por organismos como la OTAN, como “aquellas actividades que se ocupan de identificar y contrarrestar la amenaza a la seguridad planteada por los servicios de inteligencia u organizaciones hostiles o por individuos dedicados a espionaje, sabotaje, subversión o terrorismo.”

Cuando se habla de infiltración de los organismos de inteligencia del Estado, esto hay que considerarlo siempre como una opción real y por lo tanto se deben mantener las máximas prioridades en los mecanismos de contrainteligencia que eviten o frenen las mismas. Siempre hay que considerar la posibilidad de filtraciones tecnológicas a través de mecanismos como la penetración de redes de transmisión de la información de inteligencia o el acceso privilegiado de esta información a niveles o personas que no necesariamente deberían tener acceso a la misma; es decir, se puede tratar de errores operacionales que pueden producir fugas de información y que hay necesidad de controlar. De otra parte, los seres humanos son susceptibles de ser ‘conquistados’ a través del dinero, u otro tipo de prebendas, pero también a través del chantaje,  por organizaciones de narcotraficantes o guerrilleras, lo cual requiere una vigilancia permanente de contrainteligencia. Por ello servicios de inteligencia como el español han señalado restricciones a los miembros de sus servicios de inteligencia en algunos de sus derechos fundamentales como el de la intimidad personal, para evitar que su vida privada o pública pueda ser fuente de vulnerabilidades, a la libertad de expresión, por cuanto deben guardar secretos como parte de su actividad cotidiana, pero al mismo tiempo se exige profesionalismo, estos es tener “la más estricta neutralidad política y sindical, acomodando sus actuaciones y conducta, en lo referente a la prestación del servicio, al superior interés nacional, obrando por encima de criterios e intereses propugnados por grupos sociales, políticos, económicos o religiosos.”

De manera que una reestructuración de los sistemas de inteligencia nacionales es una prioridad –afinando los mecanismos de contrainteligencia y revisando los efectos perversos de una ‘solidaridad de cuerpo’ mal entendida-, así como lo es la necesidad de una ley de inteligencia que regule todo lo relativo a este campo tan sensible para la seguridad.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Universidad Nacional